El difícil camino hacia la igualdad

Los ocho ministros que forman parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tienen 25 hijos, mientras que las ocho ministras son madres de cinco. La muestra carece de toda validez estadística y obviamente no puede emplearse para apuntalar ninguna teoría sobre natalidad ni igualdad laboral entre hombres y mujeres, pero cualquiera que conozca la sociedad española admitirá que aunque el presidente Zapatero hubiera escogido a otras ocho ministras, la tasa de descendencia hubiera sido similar, porque para la gran mayoría de españolas todavía es tremendamente difícil compaginar una sólida carrera profesional con una vida familiar con hijos.

Detrás del escaparate de un Gobierno paritario se esconde una realidad social muy diferente. Ya en la segunda línea jerárquica del Ejecutivo, la presencia femenina se reduce al 24%. Unas cifras de lujo si se comparan con los porcentajes que arroja la empresa privada. Sólo el 3,5% de los consejeros de las cotizadas son mujeres, una cifra muy similar a la de la segunda línea de poder de las firmas del Ibex, donde las directivas ocupan el 4,5% de los sillones.

Quizá por lo apabullante de los datos ya nadie discute que la discriminación existe. Todos los agentes sociales reconocen que la igualdad jurídica entre los dos sexos que proporcionó la Constitución supuso un paso decisivo pero insuficiente. La diversidad de opiniones estalla, sin embargo, al juzgar la herramienta que el Gobierno ha escogido para paliar esa insuficiencia: la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 3 de marzo. Si hubiera que valorarla por la enorme inquietud que ha sembrado en la patronal CEOE, se diría que va a suponer un cataclismo para las empresas. Pero estudiada con más detalle revela que el espíritu que la inspira es más ambicioso que las medidas que propone.

¿Qué cambiará realmente si la ley sale del trámite parlamentario en los términos actuales? El texto establece paridad en las listas electorales, de modo que ninguno de los dos sexos tenga menos de un 40% y más de un 60% de los puestos elegibles. Se trata una norma que no tiene por qué ser traumática para un país de Gobierno paritario y un 36% de diputadas.

Las novedades más importantes de la futura ley son que prevé sanciones para las empresas de más de 250 empleados que incumplan la obligación de elaborar planes de igualdad ('un conjunto de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar la igualdad de oportunidades y a eliminar la discriminación por razón de sexo') y la obligatoriedad de negociar medidas en todos los convenios colectivos. Los empresarios pronostican conflictividad en la negociaciones, a la vez que advierten que los sindicatos (con un 8% de mujeres en la cúpula directiva) carecen de experiencia en este tipo de supuestos. En cuanto a las pymes (el 95% del tejido empresarial español), el Gobierno pretende fomentar que adopten voluntariamente planes de igualdad.

La recomendación de 'procurar incluir' en los consejos de administración de las empresas de más de 250 trabajadores el 40% de mujeres en un plazo de cuatro años también ha resultado muy polémica. Aunque el anteproyecto no lo recoge, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ya ha advertido que si las empresas no recogen esta sugerencia las cuotas terminarán imponiéndose por ley.

Aunque por ahora sigue siendo una mera sugerencia, sería bueno que los empresarios tomasen la entrada en vigor de la ley, previsiblemente a principios de 2007, como la apertura de un proceso de selección de personal femenino de cuatro años de duración. Es comprensible que esta advertencia, de haber sido dirigida a pymes, hubiera levantado ampollas. Pero no se entiende que sea un obstáculo para las demás. ¿Realmente las grandes compañías de este país, con cientos o miles de empleados, no se ven capaces de encontrar directivas que se sienten en sus consejos de administración para realizar su labor tan bien (o tan mal, ahí radica la verdadera igualdad) como un hombre?

Esta sugerencia parece un calco de lo ocurrido en Noruega. Tras un periodo de adaptación voluntario de dos años y la constatación de que la presencia femenina en los consejos de las cotizadas en Bolsa no pasaba del 14%, el Gobierno de aquel país obliga por ley, desde el pasado mes de enero, a que en el plazo de dos años el porcentaje llegue al 40%, bajo la amenaza de fuertes sanciones (incluida, en caso extremo, la liquidación de la empresa). El caso nórdico demuestra que es necesario crear instrumentos para llegar a una igualdad que no se materializa por el mero paso del tiempo.

Según un reciente estudio de la Universidad Complutense sobre la inserción laboral de 5.400 titulados universitarios, los puestos de trabajo mejor retribuidos van a parar a los varones, independientemente de su especialidad. El 33% de los hombres percibía un salario superior a 1.200 euros, frente al 18,2% de las mujeres. Lo más preocupante del estudio es la edad media de los titulados: 25,7 años, lo que podría sugerir que la posibilidad de una futura maternidad aleja a las mujeres de los puestos mejor retribuidos desde el inicio de su carrera.

La ley introduce otros cambios como un permiso de paternidad de ocho días, a sumar a los dos ya existentes, la posibilidad de acumular el tiempo de lactancia o la ampliación de la jornada reducida hasta que el hijo cumpla ocho años, que parecen dar la razón a los empresarios cuando sostienen que el peso de la ley recae demasiado en la empresa. Y el Gobierno ¿qué va a aportar para conseguir la igualdad?

El coste de aplicación de la ley se ha cifrado en 400 millones, 250 de ellos saldrán de las arcas públicas y el resto, de las empresas. Se echan de menos medidas públicas que faciliten la imprescindible conciliación entre trabajo y familia, como la creación de guarderías y geriátricos, por citar dos de las carencias más evidentes.

El resumen es que se trata de una ley muy intervencionista a juicio de empresarios (y empresarias) que, lógicamente, recelan de cualquier medida que suponga el más mínimo obstáculo para su libertad de acción. Un dato curioso: en la última reunión de la CEOE, cinco de las seis mujeres que forman parte de la junta directiva de 133 miembros tomaron la palabra para posicionarse contra la ley, una actitud que contrasta con otras asociaciones de mujeres que tachan la norma de floja y poco ambiciosa. Una valoración esta última hecha sin duda mirando el camino que queda por recorrer, pero, ¿y si se gira la vista atrás?, ¿se le puede exigir más al Gobierno de un país donde hace 30 años una mujer necesitaba la firma del padre o del marido para abrir una cuenta bancaria?