El endeudamiento de los españoles
De modo recurrente y con bastante frecuencia leemos noticias o declaraciones de responsables que alertan sobre el preocupante nivel de endeudamiento de las familias españolas, hogares en la terminología estadística. Simultáneamente a la señal de alarma se apunta la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho nivel. A ese respecto, existe una propuesta de directiva de crédito al consumo que plantea lograr tres objetivos: aumentar la protección a los consumidores; aumentar la armonización del mercado financiero europeo y evitar un endeudamiento excesivo de los europeos.
Nada hay que oponer a las dos primeras metas expuestas, pero la tercera exige un análisis que, a la luz del caso español, aborde la verdadera magnitud del problema, así como el sentido de alguna de las soluciones que se plantean.
En primer lugar, es cierto que el endeudamiento de las familias españolas ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, si se observa en términos relativos, la cuestión requiere ser matizada. Según un estudio realizado por C. Ruza con base en datos del Banco de España, la ratio deuda/renta de las familias, que se mantuvo estable mucho tiempo alrededor de 2,5, ha crecido en los últimos años hasta llegar a 3,5 en 2003. Por el contrario, la ratio deuda/riqueza, que llegó a su máximo histórico en 1994 con 0,15, ha ido disminuyendo hasta ser 0,07 en 2003.
Si aplicamos criterios empresariales de solvencia, resulta evidente que las familias españolas son hoy más solventes que hace diez años, toda vez que deben menos en proporción a lo que tienen. Otra cuestión es la viabilidad de hacer frente a los pagos que exige la deuda con la renta anual. En principio, el aumento de la dimensión de la primera respecto de la segunda (3,5 frente a 2,5) puede inducir a pensar que dicho pago se ha dificultado significativamente. No es del todo cierto, dado que tanto el aumento de los plazos de los créditos como el abaratamiento de los mismos por descensos del tipo de interés han estabilizado notablemente el peso de la carga financiera anual.
Sobre esta última cuestión, las estadísticas oficiales de los últimos 15 años muestran una significativa correlación negativa entre tipo de interés y endeudamiento de las familias. Mientras el primero ha ido disminuyendo hasta ser hoy seis veces menor que en 1990, el segundo ha ido aumentando hasta ser hoy casi cinco veces mayor que en el citado año. En definitiva, las familias españolas se comportan respondiendo al estereotipo del consumidor razonable de los manuales de economía, aumentando la demanda del producto (crédito) en función del descenso de su precio (tipo de interés).
Visto lo anterior, llaman la atención determinados planteamientos que rodean a la directiva citada. En efecto, existe la pretensión de restringir las condiciones de concesión de créditos mediante el endurecimiento de las condiciones que permiten su formalización. Introduciendo el concepto de crédito responsable se pretende obligar a los intermediarios bancarios a exigir mayores niveles de solvencia a los solicitantes de créditos, incluso con la amenaza de hacerles recaer el coste del impago en aquellos créditos concedidos a deudores que no respeten la solvencia mínima establecida. De esa forma, se dice, se reducirá el volumen de concesión de créditos y, de modo concatenado, el volumen de endeudamiento de las familias. La pretensión resulta de todo punto improcedente por varios motivos.
Tendría un importante efecto contractivo sobre el consumo, toda vez que del consumo de las familias españolas aproximadamente el 14% se realiza con crédito al consumo; sobre la actividad económica, pues según datos de la contabilidad nacional el 1% del PIB es generado por el crédito al consumo, y sobre el empleo, por la vinculación entre éste y el propio PIB.
Provocaría expulsar a las familias más modestas del consumo de bienes duraderos (viviendas, vehículos, electrodomésticos de mayor coste ), pues ni pueden adquirirlos al contado ni podrían adquirirlos a crédito.
Representaría elevar el absurdo a la categoría de norma. Veamos, si efectivamente el endeudamiento de las familias fuera excesivo, lo sería por serlo su nivel de consumo frente a su nivel de renta y riqueza, lo que debería inducir a los organismos públicos a implementar políticas públicas activas para elevarlos. En vez de ello, se pretende reducir obligatoriamente el consumo de las familias impidiendo que accedan al crédito.
Y supondría en todo caso una agresión al funcionamiento del mercado, al establecer un intervencionismo incompatible con sus reglas de funcionamiento. Claro que en orden a tener que sufrir un mercado de créditos intervenido, los españoles disponemos de la ventaja comparativa que proporciona la experiencia. No en balde, en los tiempos del General los tipos de interés se fijaban en el Boletín Oficial del Estado.