Necesidad y utopía de la inmigración
El potencial económico de España es mayor que su potencial demográfico natural: el país envejecería y se despoblaría lentamente si no hubiera nuevos aportes de población venida de más allá de las fronteras. Sin embargo, a partir de este punto de acuerdo, se abren infinidad de soluciones al problema demográfico/económico español que en algunos casos apuntan a la inmigración y en otros casos, no.
En condiciones democráticas, la natalidad responde lenta y escasamente a los estímulos de las políticas sociales; pero otros países europeos han establecido políticas reales de conciliación entre familia y trabajo, y su natalidad es ahora superior a la nuestra. Sin embargo, parece que en España nadie quiere colaborar seriamente en el reparto de los altos costes que ocasiona la producción de nuevas vidas, y preferimos importarlas.
Tampoco el empresariado ha sido capaz de crear nuevas actividades económicas con mayor proporción de puestos de alta cualificación. El sector hotelero y restaurador, tan importante en España, emplea gran cantidad de trabajo poco cualificado y poco remunerado, que los españoles abandonan cuando acceden a un nivel medio de estudios o cuando cuentan con un soporte suficiente de prestaciones sociales y/o ayuda familiar. Algo similar ocurre con la agricultura, la minería, el comercio y otros tipos de servicios personales. De ahí la paradoja de la coexistencia de paro y bajos índices de ocupación, especialmente de mujeres, con elevadas cifras de nuevos inmigrantes.
En resumen, España ha demostrado no estar preparada para mantener su demografía en condiciones de equilibrio, ni para transformar su estructura productiva de modo que ofrezca empleos abundantes en la franja media o alta de cualificación y productividad.
Las consideraciones morales, legales y psicosociales también pesan, pero son las demográficas y las económicas las que tienen una influencia mayor sobre el conjunto del fenómeno. La inmigración se ha producido de modo anárquico, sin que las autoridades pertinentes hayan logrado dirigirla ni encauzarla. Parte de la sociedad española está dedicada a impedir la llegada de inmigrantes, mientras otra parte se esfuerza en apoyarles. En cualquier caso, hay una preocupación general sobre las consecuencias a medio plazo de la falta de credibilidad y eficiencia de un sistema de leyes e instituciones que han sido infringidas para acceder a la permanencia en España.
Tampoco hay que desestimar el potencial conflictivo que la población inmigrante trae consigo, porque las distancias culturales hacen más difícil la convivencia aunque la enriquezcan. A esta circunstancia se añade que, con frecuencia, los inmigrantes viven en condiciones muy duras de trabajo, alejados de sus familias, privados de sus formas habituales de control social, y en situación de inseguridad y tensión.
En cuanto a las políticas concretas de inserción, la laboral es el principal caballo de batalla; pero la mayoría de los inmigrantes se han iniciado en empleos discontinuos, que no tributan ni pagan a la Seguridad Social. Benefician a los empleadores pero son competencia desleal con el resto de los trabajadores que financian el Estado de bienestar. No compiten con los trabajadores de la clase media, ni con el sector de población más activo en la creación de opinión pública, pero el conflicto es latente frente a los sectores sociales precarios. Aunque las medidas recientes de regulación hayan contribuido a aflorar muchos empleos encubiertos, han consolidado la imagen de que antes o después los inmigrantes irregulares son consolidados legalmente, por lo que es poco probable que en el futuro la inmigración vaya a limitarse a quienes cuentan con precontrato de trabajo estable.
En cuanto a la escuela y el sistema sanitario, tampoco puede decirse que España haya integrado con éxito a los inmigrantes, aunque les haya abierto el acceso al sistema público con independencia de su situación legal. El precio real de una buena escolarización para niños procedentes de un sistema cultural distinto es elevado y los presupuestos de la educación pública no se han incrementado consecuentemente. Aunque en menor medida, algo similar ocurre en el sistema sanitario.
La peor integración se produce en vivienda y urbanismo. Los inmigrantes viven frecuentemente en condiciones de hacinamiento y falta de servicios similares a las que vivió la población española en los años cincuenta y sesenta, lo que genera conflictos internos y en relación con vecinos o caseros, así como competencia con los españoles solicitantes de viviendas protegidas.
En conjunto, España necesita a los inmigrantes, pero no a cualquiera ni en cualquier cantidad. Partiendo de unas actitudes poco xenófobas, en los últimos años ha crecido la opinión de que es necesario filtrar mejor las llegadas e incrementar las medidas de integración para prevenir conflictos futuros.