Más allá de la regularización

La llegada masiva de extranjeros supone un reto y una oportunidad históricos. Los inmigrantes actúan como motor para la economía y ayudan a moderar el proceso de envejecimiento de la población. Pero es preciso tomar medidas que garanticen su integración plena y sin conflictos

En el año 2000, las calles de la ciudad almeriense de El Egido se plagaron de pancartas con eslóganes como 'queremos inmigrantes que se integren, no delincuentes'. El asesinato de tres vecinos a manos de ciudadanos magrebíes en el plazo de menos de un mes desató una violenta cruzada contra los inmigrantes de la zona. En aquel momento, en España residían unos 150.000 magrebíes, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España (ATIME). En enero de este año, la cifra superaba el medio millón según el avance del padrón municipal publicado por el INE.

España ha recibido casi dos millones de extranjeros en poco más de tres años, procedentes sobre todo de Marruecos, Ecuador y Rumanía. Y el principal problema derivado de este fenómeno no ha sido un aumento notable de la inseguridad ciudadana, como temían algunos, sino las crecientes dificultades de las administraciones públicas para garantizar la plena integración de estos ciudadanos en el tejido social y económico del país.

Los últimos procesos de regularización han permitido a cientos de miles de extranjeros salir de la situación de marginalidad e indefensión que caracteriza a los sin papeles. Y su incorporación plena al mercado laboral está alimentando las arcas de Hacienda y de la Seguridad Social. En mayo se contabilizaron 212.172 nuevos cotizantes y, de esta cifra total, 131.655 eran extranjeros. De ahí a decir que la afluencia de inmigrantes garantiza 'el futuro de las pensiones' hay un trecho que muchos economistas creen arriesgado recorrer. Pero nadie cuestiona la labor de motor de la economía que están ejerciendo estos ciudadanos.

La otra cara de la moneda la ofrece el aumento espectacular en la demanda de servicios públicos por parte de los inmigrantes. Como cualquier ciudadano, estos trabajadores tienen derecho a una vivienda digna, a cobertura sanitaria o a obtener plazas en centros educativos para sus hijos. Y lo hacen con un reparto geográfico muy poco homogéneo, ya que un 70% de los extranjeros se concentran en Madrid y Barcelona, en las localidades del arco mediterráneo y en Andalucía. De ahí las crecientes dificultades de algunas administraciones públicas para proveer de servicios a una ciudadanía que crece más de lo que nadie pudo prever.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y varias universidades han empezado a analizar el impacto de la inmigración en el uso de los servicios públicos y algunos trabajos sobre esta materia verán la luz en los próximos meses. Pero por ahora existe poca información al respecto. Lo que sí existe es el temor a que un deficiente proceso de integración termine impulsando tensiones xenófobas.

Según María Ángeles Durán Heras, catedrática de Sociología y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 'ningún país, y tampoco España, está preparado para que en algunas localidades más del 25% de la población sea de un origen geográfico y cultural diferente'.

Un porcentaje que se duplica y triplica cuando de lo que se trata es de ver el porcentaje de nuevos alumnos de origen extranjero en algunos colegios públicos de enseñanza primaria. Es precisamente ahí, en la competencia por plazas de guardería y colegios, en la pugna por conseguir viviendas sociales o en las colas de los ambulatorios donde surgen los mayores recelos de la ciudadanía ante la población inmigrante.

Un reciente estudio de María Ángeles Cea, del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), señala que la proporción de españoles que siente rechazo hacia los extranjeros se multiplicó por cuatro entre 1996 y 2004 (pasando del 8% al 32%). El mayor recelo es palpable en las personas de más edad, con menos estudios, ideológicamente ubicados a la derecha, católicos practicantes y de menor estatus social.

Hay una parte de la población que sólo percibe los efectos aparentemente beneficiosos de la inmigración: mano de obra abundante, dispuesta a trabajar con salarios bajos y a cubrir puestos que muchos españoles no están dispuestos a ocupar.

Sin embargo, en la franja de ingresos bajos y medios-bajos, existe un número creciente de ciudadanos que compite directamente con los inmigrantes en materia de empleo y servicios públicos. Y ahí es donde pueden producirse los mayores choques.

El último proceso de regularización de extranjeros, en el que se ligaba la obtención de papeles a la obtención de un contrato de trabajo, ha permitido que casi 700.000 personas legalicen su situación. Pero con la regularización no se acaba el problema. Además es preciso controlar las fronteras para impedir que España vuelva a tener en poco tiempo varios cientos de miles de extranjeros sin papeles. Y es urgente que las administraciones públicas (sobre todo las autonomías, que son las que tienen competencias en materia de educación y sanidad), cuenten con los recursos económicos necesarios para garantizar un proceso de integración exitoso.

Las comunidades autónomas están empezando a evaluar los efectos de este flujo migratorio en sus territorios. Pero los primeros en dar la voz de alarma sobre la necesidad de más recursos han sido los ayuntamientos, que son los encargados de ordenar la vida diaria de los inmigrantes que desembarcan en su localidad.

La Comunidad de Madrid -que ya tiene un 15% de extranjeros en su padrón- ha reclamado al Ejecutivo central 500 millones de euros para hacer frente sólo al efecto del incremento de la población inmigrante derivado de la regularización. Según sus cálculos, sólo la atención médica adecuada supone un coste medio anual de 1.000 euros por persona.

Otro campo en el que será necesario asignar más recursos es el de la educación. Según datos del Consejo Económico y Social (CES), 72 de cada 1.000 alumnos son extranjeros en los centros públicos y sólo 32 de cada 1.000 en los privados.

El Gobierno ha desistido de ordenar por decreto la distribución equilibrada del alumnado extranjero, porque eso supondría obligar a niños de zonas de gran concentración inmigrante a acudir a otros barrios o crear más centros, lo que depende de las comunidades autónomas.

De momento el Ministerio de Trabajo acaba de iniciar los trabajos para elaborar el Plan Estratégico de Integración de los Inmigrantes, del que se esperan las líneas básicas de actuación para todos los implicados en la gestión de este fenómeno social. Además, el Gobierno ha creado un Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes que entregará 120 millones de euros a comunidades autónomas y ayuntamientos para hacer frente a estas necesidades. Y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prepara la creación de un Observatorio español contra el Racismo y la Xenofobia.

Todos los recursos son pocos en un momento en el que, tal como señala un responsable de la Administración, 'el verdadero debate sobre la España plural es el de la inmigración y no el del Estado de las autonomías'.