Alerta naranja en competitividad
El debate económico nacional está excesivamente centrado en las modificaciones institucionales que implica el proceso de cambio de los Estatutos y los sistemas de financiación de las comunidades autónomas, quedando en segundo término la urgencia por definir un nuevo modelo de desarrollo capaz de impulsar la mejora de la competitividad de nuestra economía. Siendo el reequilibrio de las finanzas interiores un tema trascendental, está distrayéndonos respecto a otros relevantes procesos que deben madurar a lo largo del año actual y, sin duda, pueden revestir mayores riesgos para el futuro económico de nuestro país, al referirse a nuestra inserción en el proceso de globalización económica.
En primer lugar, llama la atención la casi completa ignorancia nacional sobre la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la cumbre de Hong Kong, en diciembre próximo. La estrategia que adopte la Unión Europea en dichas negociaciones condicionará decisivamente la evolución del conjunto de la economía española en la próxima década. Lo que está sucediendo con el sector textil, la reconsideración de medidas de liberalización comercial apenas adoptadas hace cinco meses, es un precedente evidente de la necesidad de huir del oportunismo en las grandes decisiones económicas. La falta de debate nacional contribuye a facilitar el oportunismo de los negociadores, en su deseo de alcanzar un 'acuerdo histórico'. La reciente reforma de la Política Agraria Común también fue un 'éxito histórico', de consecuencias que a muchos nos aterran.
El debate sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 es el segundo riesgo trascendental para el conjunto de la economía española. Es casi inevitable que España pase de disponer de un notable saldo presupuestario positivo con la UE a convertirse en contribuyente neto al final del periodo. Simultáneamente muchas de nuestras regiones dejarán de ser Objetivo 1 de los fondos estructurales comunitarios y la financiación nacional y autonómica no podrá compensar las pérdidas de financiación comunitaria. Ello tendrá consecuencias graves en programas de infraestructuras, de medio ambiente y de desarrollo rural, capítulos privilegiados hasta ahora por los fondos estructurales comunitarios.
El proceso liberalizador y el nuevo estatus en la UE obliga a buscar una nueva coherencia en la política económica
La consecuencia lógica es que debemos reforzar la competitividad empresarial y medir cuidadosamente los gastos que, a partir de ahora, tendremos que autofinanciarnos. No parece ser éste el camino seguido en la aplicación de la directiva hábitat, ya que la Red Natura 2000 va a incluir el 27% del territorio nacional en diversos regímenes de protección de la naturaleza. La reforma del reglamento de desarrollo rural, actualmente en trámite de aprobación en la UE, prevé unas ayudas compensatorias a los propietarios, pero nadie ha evaluado sus consecuencias presupuestarias. También está a punto de adoptarse el seguro frente a riesgos ambientales que, parece ser, despierta cierto temor en el sector de empresas aseguradoras.
Sin duda, estas medidas no responden a ningún capricho de nuestros gobernantes, más bien a problemas reales, aunque sí llama la atención la falta de coordinación e incoherencias de los procedimientos que se están empleando. Los responsables de comercio exterior deberían asesorar a los de medio ambiente respecto a las normas y reglas de la OMC que permiten, en muchos casos, cobrar a los productos importados los impuestos aplicables a los productos nacionales. No es fácil acertar con el instrumento económico más apropiado en cada caso para lograr los objetivos perseguidos pero, hoy día, no es aceptable que no se coordinen procesos que están íntimamente ligados por la creciente globalización económica. La internalización de los costes medioambientales obliga a aplicar el principio de que quien contamina paga, pero también el de que el consumidor de un bien debe pagar todos los costes, incluidos seguramente los riesgos ambientales de su elaboración.
Si a todos estos hechos añadimos la evolución del IPC y el aumento voraz del déficit comercial exterior, no debemos estar muy lejos de lo que podríamos denominar una alerta naranja en materia de competitividad. Las perspectivas de la economía española a medio plazo aconsejan abrir un debate que permita diseñar un nuevo modelo de crecimiento en el actual escenario europeo e internacional, antes de que pasemos al estadio de la alerta roja.
No es catastrofismo. Muy al contrario, el grado de desarrollo de nuestro país se ha acelerado desde la adhesión a la UE, pero el proceso liberalizador ante la OMC y el nuevo estatus en la UE ampliada a 27 miembros nos obliga a buscar una nueva coherencia en las políticas económica, autonómica, medioambiental, hidráulica, agraria rompiendo la inercia de lo asumido como cierto, sin apenas debate nacional.