Dualidad

El arte de mirar hacia otro lado

Legales o no, los inmigrantes son bienvenidos por la Hacienda estadounidense, conocida por las siglas IRS. Tradicionalmente, este servicio ha puesto la mano para recibir los impuestos de los extranjeros, sin reclamar documento alguno que acredite que su presencia en el país está bendecida por las autoridades de inmigración.

En lugar de un DNI como el español, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emite un Número de la Seguridad Social (Social Security Number) para todos los ciudadanos y residentes legales que, a la postre, es la identificación del futuro pensionista. Pero el IRS expide a quien lo solicite una identificación fiscal (Tax ID) y, al menos oficialmente, no cruza sus datos con el Departamento de Trabajo ni con el de Seguridad Nacional.

Los indocumentados pueden hacerse con un Social Security Number falso que les permite mantener una apariencia de legalidad. Y, una vez que logran el permiso de residencia, pueden reclamar con carácter retroactivo que se contabilicen sus contribuciones a la Seguridad Social.

Aunque paguen impuestos, los ilegales no acceden a las ayudas públicas

Las cotizaciones previas a la residencia legal computan para la pensión

Desde el 11-S, la integración del antiguo Departamento de Naturalización (inmigración) en el de Seguridad Nacional ha hecho que aumente la detección de números de la Seguridad Social falsos, pero no de manera masiva.

Sin más papeles que este precario número falso, es muy frecuente que los inmigrantes ilegales cumplan con sus obligaciones fiscales con el Tío Sam utilizando su propio número de identificación fiscal. Según los expertos, así es más fácil lograr a posteriori legalizar su situación.

Pagar impuestos aunque se esté ilegal en el país facilita también otras tareas cotidianas. 'Es muy frecuente que los indocumentados pidan una identificación fiscal para pagar impuestos y poder así abrir una cuenta en un banco', comenta una asesora fiscal de Brooklyn, cuya clientela es mayoritariamente hispana. Ante esta petición, el IRS suele mirar para otro lado y dar la identificación fiscal. Según un experto en inmigración de la Universidad de Columbia, que prefirió no hacer público su nombre, esta situación viene bien a la banca porque ganan clientes y el negocio de las transferencias, por lo que se conforman con pedir la identificación fiscal y renuncian a reclamar el Social Security Number.

Joel Magallán, de la asociación Tepeyac de Nueva York, dice que al IRS le interesa saber cómo se va a pagar y sólo pide un pasaporte u otro documento que identifique al inmigrante para dar el Tax ID.

Otro asunto vital es el carné de conducir, que junto con el SSN es una suerte de DNI. Hasta ahora, 40 Estados accedían a que éste se emitiera con una identificación alternativa al SSN, pero en algunos como Nueva York se está retirando a quien no tenga SSN, lo que complica la precaria situación laboral de muchos sin papeles.

Aun pagando impuestos, estos inmigrantes contribuyen a aflorar parcialmente la economía sumergida y a sostener las arcas públicas. Pero siguen sin poder votar (algo que tampoco pueden hacer los inmigrantes legales) y tienen dificultades para acceder a cualquier tipo de ayuda oficial o servicio público. Además, la espada de Damocles de la deportación les convierte en presa fácil de empresarios sin escrúpulos.

Sobre el papel, poco ha cambiado tras el 11-S, pero las asociaciones de inmigrantes temen que extraoficialmente se empiecen a cruzar datos entre agencias por razones de seguridad nacional.

Un país que funciona a base de extranjeros

Romper el statu quo en materia de inmigración puede ser un gran problema para un país que, según Joel Magallán, de la asociación Tepeyac, necesitará en los próximos quince años 10 millones de trabajadores, tanto en el campo como en la industria. El republicano moderado John McCain reconoció la contribución de la emigración en el preámbulo de su propuesta de ley de regularización de inmigrantes al citar un estudio de la Northwestern University, publicado en 2002, en el que se aseguraba que la población laboral creció un 11,5% y, 'si no fuera por la inmigración nueva, hubiera crecido tan sólo el 5% en la última década, restringiendo severamente el crecimiento económico y del empleo.' McCain propuso legalizar a los que ya estuvieran en el país previo pago de una multa de 1.500 dólares.

Según un estudio del Instituto de Inmigración Urbana, en EE UU había 9,3 millones de indocumentados en 2002, el 26% de toda la población no nacida dentro sus fronteras. De ellos, 5,3 millones eran mexicanos, mientras que 2,2 millones más eran de otros países latinoamericanos. Casi seis millones de sin papeles tiene empleo (el 5% de los trabajadores del país), aunque muchas veces apenas llegan al salario mínimo (que ronda 5,15 dólares por hora en la mayoría de los Estados).

Normalizar el estatus de estos trabajadores no está siendo fácil. El presidente George Bush ha anunciado una ley para regularizar a cierto número. Sería una 'amnistía' parcial, porque tiene caducidad. Según Magallán, con esta declaración no se ha satisfecho a los inmigrantes que no votan, pero se contenta a los empresarios que usan esta mano de obra y lo quieren hacer legalmente. El grupo que coordina Magallán presentó en 1999 una propuesta de legalización de inmigrantes que estuvieran en EE UU y que permitiera legalizar a los que vinieran por tres años, que ha inspirado proyectos como el de McCain.