Un nuevo impulso a la liberalización energética
España fue uno de los primeros países europeos en acometer la liberalización del sector energético, pero este proceso ha ido perdiendo ímpetu con el tiempo. El autor presenta una serie de claves para dar un nuevo impulso a la reforma energética
Han transcurrido más de siete años desde que se pusieran en marcha los procesos de liberalización en el sector eléctrico y seis en el sector del gas. No conviene olvidar que el Estado español fue de los primeros países en Europa en iniciar el proceso de liberalización, aunque con el tiempo fuera perdiendo ímpetu y liderazgo. Ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a estos procesos, dado que se tiene la experiencia real suficiente para corregir y mejorar aquellas cuestiones que o bien no funcionan correctamente o bien han sido superadas.
Sobre la base de garantizar el suministro de electricidad y gas al menor coste, con adecuada calidad de suministro, y sin olvidar la protección medioambiental, que adquiere relevancia especial, los procesos de liberalización deben buscar el beneficio del consumidor, lo que redundará en garantizar a plazo el beneficio de las propias empresas del sector. No debe olvidarse que el desarrollo de dichos objetivos debe conllevar como principios: la claridad y consistencia, la proporcionalidad y flexibilidad, la transparencia y no discriminación, la independencia, y también fomentar la eficacia y la eficiencia, y promover la competencia.
Es prioritario eliminar los costes de transición a la competen-cia (CTC), que actúan como una auténtica barrera para los nuevos entrantes en el sector
Ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y presidente de Zabalgarbi
Respetando estos principios y objetivos de una buena regulación, que no siempre conducen a un único modelo, veamos las claves para ese nuevo camino que debe emprender la reforma.
En el sector eléctrico es necesaria una verdadera señal de precios, que sea percibida por el consumidor. Para conseguirlo debemos modificar el actual mercado de la electricidad, creando un mercado de contrataciones bilaterales, corrigiendo la penalización que ahora tienen los contratos en la garantía de potencia, y desarrollando un mercado a plazos y un mercado de ajustes. Asimismo es prioritario proceder a la eliminación de los costes de transición a la competencia (CTC), porque actúan como una auténtica barrera para nuevos entrantes, evitan el desarrollo de un mercado de productos para cobertura de riesgos, lo cual dificulta el desarrollo de los mercados a plazo, y no permiten reflejar en la tarifa los costes reales del suministro de energía eléctrica.
De cualquier forma, las tarifas con CTC penalizan al régimen especial transfiriendo renta a los productores en régimen ordinario y comprometiendo la rentabilidad de este régimen, desincentivando la inversión en instalaciones limpias que tienen internalizado el coste medioambiental. En este sentido, algunos de los que participamos en los cálculos de los famosos '1.683.285 millones de pesetas 1,6 billones de pesetas o 10.116,75 millones de euros', creemos y podemos demostrar que las empresas han recuperado, en algunos casos con creces -a excepción de Elcogás-, las cuantías a que eran acreedoras por CTC, y ello sin hablar de las plusvalías obtenidas en la venta de activos eléctricos.
En cuanto a las funciones que ejerce Red Eléctrica de España (REE), es necesario que se dé la separación jurídica de la actividad de operación del sistema de la de transporte. Se debe avanzar en el análisis de una separación de propiedad, al tener la operación del sistema una cierta e importante cualidad de servicio público.
La distribución de energía eléctrica, como actividad regulada, necesita una definición del modelo de actividad. Hasta ahora el vacío normativo ha permitido la aparición del concepto de 'competencia en redes' lo que ha provocado no sólo el incremento de costes sino también la degradación de la calidad del suministro. La distribución, de acuerdo a la ortodoxia económica y praxis internacional, debe ser definida como monopolio natural con un claro sistema garantista del derecho de acceso de terceros a las redes.
Otra prioridad es la definición de un modelo coherente de retribución de la distribución que ligue, entre otras cuestiones, la calidad del servicio con la retribución a las empresas. No es de recibo que, independientemente del servicio que se dé, las empresas reciban el 100% de la remuneración. El modelo actual además penaliza la eficiencia y la eficacia socializando entre las empresas los costes derivados de una mala gestión.
La distribución también plantea otros problemas, como la necesaria separación de propiedad entre la distribución, como negocio de red, y el suministro de energía a tarifa. La venta de energía eléctrica -a tarifa o libre- debe ser realizada por el comercializador con la adecuada separación jurídica de funciones. Dicha separación conlleva la redefinición de la función de gestor de la red de distribución. En la comercialización hay necesidad imperiosa de mejorar y facilitar los procesos de cambio de suministrador y de facilitar la información que disminuya los costes y plazos por cambiar.
No olvido las estrategias necesarias de ahorro y eficiencia energética, y entre ellas la que marcará el establecimiento de los derechos de emisión, no sólo como señal de eficiencia, sino también como señal ambiental. No es la industria la que debe soportar el peso fundamental sino el sector eléctrico, que tiene márgenes suficientes. Se logra de esta forma que las señales de los precios permitan internalizar el coste medioambiental.
Otros asuntos a resolver se refieren al Régimen Especial, que exige mejoras en cuanto a su fomento, a su régimen transitorio, a la coherencia en el tratamiento de las cogeneraciones y purines, etcétera. También a la creación del mercado ibérico Mibel, claramente interrelacionado con la definición de un nuevo mercado, que debe ser diferente al contemplado en el mismo y que ha de permitir avanzar en la contratación bilateral hasta la nueva reorganización. Igualmente, a la necesidad de hacer que el mercado relevante sea la UE, y por tanto la importancia de incrementar las interconexiones con Francia, que redundará en la competencia. Y también al órgano regulador, que tanta importancia tiene en un desarrollo exitoso en los procesos de liberalización.
En cuanto al sector del gas, los peajes postales deben ser transformados en peajes de entrada salida. Para Enagás valdrían similares reflexiones que para REE, pero es conveniente analizar si se le debe permitir la venta de gas del sistema a las distribuidoras, o éstas deberían comprar en el mercado secundario. Este planteamiento lleva a la conveniencia de crear un mercado de gas, y a la transformación de los peajes de regasificación en peajes de entrada, a través de cualquier infraestructura en el Estado. También defiendo la definición de unas reservas estratégicas y unas existencias mínimas de seguridad que respondan a criterios, necesidades, y análisis transparentes. En distribución y comercialización, deben aplicar las mismas claves que en el sector eléctrico.
La tarea es importante, pero el momento político permite abordar al nuevo Gobierno el cambio regulatorio necesario y esperado que ponga al sector energético en el siglo XXI.