La reforma fiscal permanente
La cita electoral vuelve a poner sobre el tapete el debate sobre los impuestos. El vértigo normativo al que se ha sometido al contribuyente desde el famoso real decreto de medidas urgentes de junio de 1996 ha propiciado un sistema tributario complejo en el que se hace difícil que los agentes económicos tengan certezas respecto al marco fiscal para adoptar sus decisiones a largo plazo. Los expertos consideran que ha llegado el momento de poner fin a esa inestabilidad y simplificar el sistema tributario, bajo el criterio de la neutralidad fiscal. Pero, a juzgar por la manera en que los partidos políticos están afrontando el debate electoral, tienen pocas esperanzas de que las cosas vayan a cambiar en exceso.
Falta concreción en las medidas que plantean los partidos y cálculos serios sobre sus ventajas o perjuicios según qué colectivos de contribuyentes, además del efecto que pueden tener sobre la recaudación en un momento en el que, además, queda poco margen para el recorte del gasto y se mantiene el objetivo del déficit cero. Este Gobierno eligió la vía -electoralmente más rentable- de emprender una reforma fiscal cada vez que ha querido actualizar el IRPF, en lugar de utilizar, como era tradicional, la Ley de Acompañamiento para trasladar la inflación al impuesto. Ayer mismo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó con datos sesgados e incompletos, del todo incontrastables, los primeros resultados de la segunda reforma del IRPF, que entró en vigor en 2003.
La vorágine electoral y la alta sensibilidad política hacia los distintos grupos afectados a la hora de decidir la tributación de los distintos activos financieros y de la vivienda disminuye las posibilidades de afrontar el debate con la seriedad y serenidad necesarias. En algún momento debe llegar la hora de estabilizar el modelo fiscal español, para reforzar la seguridad jurídica y permitir una adecuada planificación de decisiones personales o empresariales.