Paro, encuestas y triunfalismo
La encuesta de población activa (EPA) correspondiente del segundo trimestre indica que la tasa de paro está en el 11,1%. Si se compara con el 21,7% existente en 1996, esto es, con el año de la llegada del PP al Gobierno, se entiende que los dirigentes de la derecha lleven mucho tiempo martilleándonos con la propaganda sobre las excelencias de su política y la denostación de la practicada por sus predecesores.
Habría que pedir al Gobierno ponderación en sus juicios y recordarle que en economías abiertas, y para un país medio como el nuestro, las tasas de paro y empleo guardan bastante más relación con los ciclos económicos generales que con las medidas gubernamentales, aunque tales medidas sean imprescindibles y tengan indudable importancia.
Tan cierto como que en los siete años con Aznar en el poder se ha reducido en algo más de diez puntos la tasa de paro es que, siempre según datos de la EPA, en los años que median entre 1985 y 1990, con Felipe González en La Moncloa, se redujo en seis puntos. Lo que ocurrió en aquel quinquenio y ha ocurrido desde 1996 es que el ciclo económico estuvo y ha estado en su fase alcista.
No se trata de cuestionar la evidente mejora del empleo, sino preguntarse por qué sigue siendo tan alta la preocupación de los españoles por el paro. Hace un par de semanas, en estas mismas páginas se comentaba que, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dos de cada tres ciudadanos mayores de 18 años (el 66%) consideran que el paro es el primer problema del país. Cabría pensar que en la gente operara una cierta inercia y, como viene sucediendo hace muchos años, repitiera la misma respuesta de forma mecánica. Pero no parece que sea ésa la situación. Porque lo sintomático es que en dicho barómetro dos de cada cinco encuestados (el 39%) afirman que el paro les afecta de forma personal y directa.
Quiere ello decir que el número de españoles que se consideran afectados directamente por el paro es tres veces y media superior al número de los que la EPA considera parados.
Que haya muchos más afectados por el paro que parados en las estadísticas tiene varias explicaciones. Es natural, por ejemplo, que los padres sientan en carne propia el paro y la precariedad del trabajo de sus hijos. También hay que retener que nuestra tasa de ocupación está seis puntos por debajo de la media europea, lo que equivale a decir que hay cerca de dos millones de personas en edad de trabajar, en su mayoría mujeres que, quizás no por falta de ganas, deben considerar inútil buscar un empleo. Por otro lado, el Inem descuenta de sus cifras de paro a algo más de millón y medio de trabajadores inscritos en sus oficinas como demandantes de empleo, porque no reúnen los requisitos legales para ser considerados parados.
Estos ejemplos ayudan a explicar por qué existe esa amplísima preocupación ciudadana, a la que tampoco son ajenas las injustificables cifras de contratados precaria y temporalmente (4,2 millones) y la generalización y abuso de las subcontrataciones en cadena. Que el Gobierno no cumple sus deberes frente al exceso de temporalidad lo expresa el dato de que, tras el acuerdo suscrito en 1997 por la patronal con los dos grandes sindicatos, en el sector privado ha disminuido la temporalidad en 5,5 puntos porcentuales.
En el mismo periodo ha aumentado en 5,6 puntos en el sector público. Resumiendo, hay sobrados motivos para la preocupación por el paro y sus secuelas y para decirle al Gobierno que los ciudadanos no comparten su triunfalismo.
En estos tiempos de elaboración de programas electorales habría que huir de la recurrente tentación de prometer reformas universales del mercado de trabajo, por mor de la lucha contra el paro. Porque también hay abundancia de datos que aconsejan afinar y ser más selectivos en las propuestas.
Por citar algunos ejemplos, hay que insistir en que las bajas tasas de actividad y altos índices de paro afectan fundamentalmente a las mujeres. También hay que recordar que el paro tiene una distribución muy desigual por comunidades autónomas. Navarra, Aragón, La Rioja y Madrid no sobrepasan el 7%. En Extremadura y Andalucía están entre el 17% y el 18%.
Algo similar ocurre con la temporalidad. Madrid tiene un 20%, esto es, más o menos la mitad que Andalucía, Murcia, Extremadura, Canarias y la Comunidad Valenciana. Ni que decir tiene que la temporalidad y el desempleo lo sufren mucho más los jóvenes y las mujeres.
En suma, mejorar la cantidad y la calidad del empleo puede necesitar reformas laborales muy selectivas, pero, más que ninguna otra cosa, exigen un nuevo enfoque de las políticas en curso que rompan con la tendencia dominante de considerar que la competitividad de la economía hay que buscarla en la reducción de los costes laborales, la desregulación del mercado de trabajo y la reducción del gasto social público. Esto es, pan para hoy y hambre para mañana.