Viabilidad de las pensiones en la UE

El envejecimiento de la población, a la que está abocada Europa en la primera mitad del presente siglo, está creando una fuerte inquietud dadas las repercusiones que sobre el gasto de protección social tiene tal hecho. Hay que tener presente que el citado gasto, que supone el 60% del consolidado del conjunto de las Administraciones públicas, está destinado principalmente a las personas mayores para satisfacer las necesidades de pensiones, servicios sociales y sanidad, que tienen una elasticidad con respecto al PIB superior a la unidad.

Dentro de estos gastos, las pensiones ocupan, en la UE, el primer puesto, absorbiendo el 12% del PIB comunitario, con un crecimiento autónomo que depende del envejecimiento de la población y de la tasa de generosidad (equidad) del sistema. El Banco Mundial, el FMI y la OCDE han publicado estudios que ponen de manifiesto el grave problema que tiene Europa, tanto desde el punto de vista financiero como sociológico, a consecuencia de la baja tasa de mortalidad y del alargamiento de la esperanza de vida. La Comisión y el Consejo de la UE han elaborado recientemente un informe sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones.

El estudio de la Comisión incluye 11 objetivos comunes que deben ser cumplidos por los Estados miembros, que aparecen clasificados en tres grandes grupos: adecuación de las pensiones, viabilidad financiera de los sistemas de pensiones y modernización de los mismos para satisfacer unas necesidades cambiantes. Pasamos a analizar dichos objetivos, exponiendo nuestra opinión sobre los mismos y sobre las medidas que España debería tomar para alcanzarlos.

No pretende la Comisión sustituir a los Estados miembros en su responsabilidad de diseñar y gestionar sus sistemas de pensiones, competencia que les corresponde en virtud del principio de subsidiariedad, sino coordinar y prevenir los retos que para el futuro van a tener las finanzas públicas.

El grupo Adecuación de las Pensiones comprende tres objetivos: eliminar el riesgo de pobreza en las personas mayores, mantener su nivel de vida y promover la solidaridad. En el informe se dice que los sistemas de pensiones han eliminado en gran parte de los Estados miembros el riesgo de pobreza de las personas mayores y en los Estados miembros en que el riesgo de pobreza sigue siendo alto, se está introduciendo una amplia serie de medidas para mejorar los ingresos mínimos garantizados, así como distintas prestaciones en efectivo y en especie.

De un trabajo que realicé en 1992, que publicó la Fundación Argentaria, resultaba que en España los ingresos per cápita de los mayores de 65 años eran más del 80% de los de las personas menores de 65 con ingresos. La mayor parte de los ingresos de los mayores proceden de la protección social.

Los sistemas de pensiones públicas vinculados a los ingresos (primer pilar), regímenes profesionales privados (segundo pilar) y fondos de pensiones de jubilación individuales (tercer pilar) ofrecen, según el informe citado, a la mayoría de las personas mayores de los Estados miembros oportunidades de mantener su nivel de vida después de la jubilación.

En 1999 realicé para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas un trabajo sobre Los efectos económicos del envejecimiento, del que resultó que la tasa de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año era en España para un trabajador que hubiera cotizado 35 años del 92%, la más alta de la UE.

La solidaridad intergeneracional es la base de los sistemas de pensiones gestionados por reparto. Sin embargo, dice el Informe de la Comisión, no debe interpretarse el sistema de reparto como sinónimo de solidaridad, sino que ha de existir un vínculo evidente entre cotizaciones y prestaciones que implique una escasa redistribución.

Estoy totalmente de acuerdo con esta premisa, ya que un sistema de pensiones públicas contributivas se basa en la distribución de la renta de las personas en su ciclo vital: paga cotizaciones en su vida activa y cobra la pensión cuando se jubila, debiendo, por tanto, existir un equilibrio financiero y por ello no es un instrumento de redistribución.

El hecho de que produjera una redistribución injusta mediante el sistema de pensiones ha sido uno de los motivos, dice el informe, para sustituir los antiguos regímenes de pensiones de Suecia y de Italia por unos nuevos basados en una neutralidad actuarial que implica que el valor total de las pensiones refleja la suma de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral, financiándose a través del Presupuesto y, por tanto, de los impuestos las redistribuciones que en virtud de ley se imponga al sistema.

La tasa de sustitución en España para un trabajador que cotice 35 años debería ser del 62,82% y no del 91,87% que existe actualmente (Los efectos económicos del envejecimiento, J. Barea, 1999), es decir, casi 30 puntos más bajo, lo que hace inviable el sistema en el futuro a consecuencia de la falta de proporcionalidad. La extensión a todo el periodo de cotización del cálculo de la base reguladora, como ya hemos propuesto en otras ocasiones, amortiguaría esta falta de equidad del sistema.

Suecia en su nuevo régimen obligatorio de pensiones ha introducido el principio de garantizar una rentabilidad constante de las cotizaciones para pensiones, a todos los individuos y a todas las generaciones, con lo cual una mayor esperanza de vida tiene que traducirse en unos índices de cotización más altos o en unas vidas laborales más largas.

El grupo Viabilidad Financiera de las Pensiones comprende cinco objetivos: elevar los niveles de empleo, prolongación de la vida laboral, sistemas viables de pensiones en el contexto de unas finanzas públicas sanas, ajuste equilibrado de las prestaciones y las cotizaciones, y garantizar que los sistemas privados de pensiones sean adecuados y sanos desde el punto de vista financiero.

Conseguir un alto nivel de empleo es uno de los factores determinantes para hacer viable los sistemas de pensiones, una vez eliminada la falta de proporcionalidad de los mismos, como sucede en España.

Para ello son necesarias, en los casos que lo requieran, reformas globales del mercado laboral conformes a la estrategia europea de empleo y coherentes con las Orientaciones Generales de Política Económica. Aumentar las tasas de actividad y empleo de las personas inactivas y subempleadas de la población en edad laboral en una forma importante para los Estados miembros de mitigar los problemas originados por la disminución de la mano de obra que se producirá cuando las generaciones del baby boom comiencen a jubilarse.

Lo importante para la viabilidad de los sistemas de pensiones es el índice de dependencia económica, es decir, el número de pensionistas en relación con el número de personas que está realmente en el mercado laboral. Europa tiene un margen considerable para mejorar dicho índice.

Unas tasas de empleo más elevadas pueden atenuar el desafío financiero que representa el envejecimiento de la población, pero no compensarlo. Según cálculos efectuados, un aumento continuo en las tasas de empleo absorbería aproximadamente la tercera parte del crecimiento del gasto en pensiones.