Cajas contra bancos

La intención de cuatro cajas andaluzas de presentar una oferta por el Banco Zaragozano, junto al proyecto de La Caixa, principal accionista de Gas Natural, de lanzar una opa sobre Iberdrola, ha levantado ampollas entre las principales empresas españolas y, sobre todo, entre los bancos. Las cajas llevan años ganando cuota de mercado a la banca tanto en depósitos como en créditos. Y su potencial de crecimiento parece que sigue siendo superior al de sus más directos competidores, los bancos, especialmente los grandes. Un ejemplo de las expectativas de mejora que tiene el mercado en este sector ha quedado reflejado en un informe realizado el pasado 8 de abril por la sociedad de Bolsa del Santander Central Hispano. En este análisis, el SCH califica al sector de ahorro de 'poderoso y eficiente' y augura que en los próximos tres años los activos de estas entidades crecerán 'a expensas' de los bancos.

Este potencial de crecimiento del negocio ha ido acompañado por el incremento y la diversificación de sus fuentes de ingresos, y como hicieron los bancos en el pasado, las cajas han comenzado a tomar importantes posiciones, e incluso el relevo, en las mayores empresas españolas, hasta ahora dominadas por la banca.

Unos años antes, en la década de los noventa, la gran banca empezó a desprenderse de sus segundas marcas, que fueron adquiridas por las cajas. Cuando estas operaciones pasaron de anecdóticas o puntuales a generalizarse, los bancos comenzaron a ver un peligro en el avance expansionista de las cajas. El debate estaba servido. '¿Por qué las cajas pueden comprar bancos y los bancos no pueden comprar cajas?', fue el banderín de enganche de la banca. Pero poco a poco el debate fue ofreciendo más argumentos. Los bancos entonces extendieron sus quejas hacia las asimetrías existentes entre uno y otro sector, fenómeno al que contribuyó el gradual incremento del intervencionismo de los Gobiernos autónomos en la gestión de las cajas. Fue entonces cuando se comenzó a cuestionar la naturaleza jurídica de las cajas.

La Ley Financiera, que entró en vigor hace cinco meses, intentó poner fin a este debate. Políticos, sindicatos y otros agentes sociales defendieron el estatuto de las cajas. Y se aprovechó la ley para intentar despolitizar el sector, al limitar al 50% el peso público en las asambleas de estas entidades. Pero el debate se cerró en falso desaprovechándose una gran oportunidad de saldar los problemas. En realidad, la Ley Financiera no ha servido para resolver las tan criticadas asimetrías del sector. Los problemas políticos en las cajas continúan y la intervención de los Gobiernos autónomos ha vuelto a quedar al descubierto.

Al vista del fiasco de la Ley Financiera, cabe llamar de nuevo a que todos los agentes implicados, especialmente los partidos políticos, reflexionen y aborden con valentía la reforma que requiere el esqueleto del sistema financiero español. El eje de esa reforma debe ser que gestionen los profesionales.