El suelo para quien lo recalifica
Miguel Ángel Aguilar analiza las promesas electorales sobre la política de vivienda realizadas por el Partido Popular antes de llegar al Gobierno. En opinión del autor, entonces tenía una frescura de ideas que se echa en falta
Aquellos viejos lemas movilizadores de la izquierda -del tipo de la tierra para quien la trabaja-, sobre los que se incoaron, cuando entonces, tantas y tan fallidas reformas agrarias, han quedado hace tiempo arrumbados por el viento contrario de muchas historias y muchos lobbies -el Foro de Davos es un buen ejemplo- que han conspirado con éxito hasta dejar irreconocibles los mejores pronósticos del marxismo científico y los progresos inexorables que, conforme a los principios dialécticos, iba a brindarnos en adelante la Historia con mayúsculas.
Así que de la tierra para quien la trabaja hemos pasado a la tierra para quien la recalifica, que es el punto de ignición de las plusvalías del urbanismo. Además, en la España que va bien estamos advertidos por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, quien exhibió el aumento del 14% del precio de la vivienda durante el último año diciendo que 'si la vivienda está cara es porque muchos españoles pueden pagarla'.
Daba gusto cuando el Partido Popular estaba en las vísperas inminentes de su primera victoria electoral en 1996. Entonces tenía esa claridad de diagnóstico sobre nuestros males, por ejemplo en el asunto del precio del suelo, y esa frescura de ideas para su más adecuado tratamiento que ahora, siete años después, tanto se echa a faltar. Veamos el programa electoral de 1996. Con qué claridad reconocían los aspirantes al voto que la vivienda es un bien necesario y un derecho de todos los ciudadanos establecido en el artículo 47 de la Constitución y que seguía siendo 'uno de los problemas más graves para la sociedad española, por su difícil o imposible acceso'.
Todo parece de color de rosa en un panorama de mejoras que se empeña en negar las evidencias
Enseguida venía el reconocimiento de una realidad penosa: 'En los últimos años se sobreentiende que los de la calamidad del Gobierno del PSOE los precios de la vivienda se han multiplicado de una manera desorbitada, se ha facilitado la especulación del suelo y hoy la media de gasto en vivienda absorbe más del 40% de la renta familiar, cifra muy superior a la europea'.
El programa que venimos citando se proclama ajeno a todo fatalismo y asegura que 'es posible hacer otra política de vivienda, que permita reducir su coste y facilitar el acceso a una vivienda digna a quienes hoy tienen más problemas especialmente la juventud'. A partir de ahí, para la alternativa del PP:
La política de vivienda debe ser una de las prioridades para la mejora del bienestar de los ciudadanos y factor esencial para la creación de empleo.
La política de suelo se considera un ingrediente esencial de la vivienda, de modo que sin aquella ésta no sería posible, de donde se atribuye a una política equivocada la de los malvados socialistas el hecho de que la repercusión del suelo en la vivienda pase del 25% en 1985 al 45% en 1994.
Las Administraciones estatal, autonómica y municipal son declaradas corresponsables en las actuaciones públicas orientadas, esencialmente, al fomento de las iniciativas sociales, dirigidas a satisfacer las necesidades de vivienda de los ciudadanos, por lo que se prescribe una mayor coordinación de las actuaciones de esas distintas Administraciones.
Pero los aspirantes del PP iban más allá de los principios y proponían medidas para atender estas necesidades tales como: dos planes cuatrienales que generen 1.200.000 actuaciones urbanísticas y de promoción de viviendas dirigidas a tal fin; políticas urbanísticas destinadas a la creación de suelo útil para viviendas, mediante la reforma de su régimen legal que permita liberar suelo y aplicar la gestión urbanística; liberación de suelo público por el Gobierno del PP al que aspiraban para estos objetivos evitando la especulación; concertación a estos efectos con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la iniciativa privada; recuperación y dinamización del mercado de alquileres mediante estímulos fiscales y financieros para la puesta en alquiler de viviendas desocupadas y estímulo a la construcción de viviendas en alquiler; rehabilitación de viviendas para la recuperación de cascos urbanos; reforma del régimen urbanístico y de valoraciones del suelo a fin de alcanzar el objetivo básico de generar suelo barato y evitar la especulación.
El programa se cerraba con un surtido de propuestas de normativas para un marco legal más claro y eficaz, ayudas públicas, reducción de la fiscalidad sobre la vivienda, créditos baratos para los jóvenes, atenciones con los mayores. O sea, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, o si se prefiere, los carteles idílicos que festonearon la campaña vencedora del PSOE en 1982.
Imposible encontrar en el siguiente programa del PP, el de las elecciones de 2000, una rendición de cuentas rigurosa en relación con las ofertas de 1996. Todo queda en una enumeración de medidas legales sin contraste alguno sobre su eficacia respecto de los propósitos perseguidos para alterar los déficit detectados. Todo parece de color de rosa en un panorama de mejoras que se empeña en negar las evidencias.
Un vistazo al Boletín Económico del Banco de España permite, sin embargo, observar cómo se han disparado los precios por metro cuadrado de la vivienda nueva a partir del año 1996, así como el espectacular incremento de la repercusión del precio del suelo, que se quería combatir. Otro gráfico, el del porcentaje, año por año, de viviendas iniciadas de protección oficial sobre el total, permite seguir su descenso continuado desde el 96. Y entre tanto, Cascos no logra sacar adelante el pacto sobre el suelo que tanto querían combatir. Continuará.