Actualizar la competencia
La UE aprobó ayer una inexcusable actualización de la política comunitaria de competencia, encaminada a evitar que muera de éxito una las mejores apuestas en común de los Quince. El principal elemento de la reforma, propuesta hace ya tres años por el comisario de Competencia, Mario Monti, señala el fin del monopolio de la Comisión en la interpretación de la normativa comunitaria, tarea que compartirá con las autoridades nacionales de competencia. La principal consecuencia para las empresas es que desaparece la obligación de notificar a Bruselas todos sus acuerdos horizontales (con otras compañías del sector) o verticales (con suministradores o distribuidores) para recibir el visto bueno.
Se pasa del principio, instaurado en 1962, de que un acuerdo no es legal hasta que la Comisión lo diga al de que es legal mientras los tribunales o las autoridades comunitarias o nacionales de Competencia no demuestran lo contrario. Un saludable cambio que debe agilizar la labor del Departamento de Competencia de la Comisión (saturado por cientos de notificaciones anuales sobre pequeños acuerdos), pero también la actividad empresarial en Europa. Las empresas evitarán los costes administrativos y de tiempo de una exigencia rutinaria. La reforma introduce, es cierto, un elemento de incertidumbre para las empresas, sobre todo las pymes, que deberán evaluar la legalidad de sus acuerdos sin la tranquilidad jurídica del visto bueno comunitario. Pero 40 años de jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de precedentes sentados por la Comisión facilitan la labor. La Comisión, además, se ha comprometido a elaborar directrices para casos sin precedentes o que surjan de las nuevas tecnologías. Las autoridades nacionales deben estar abiertas a que las empresas, especialmente en la primera etapa de un cambio que entrará en vigor el 1 de mayo de 2004, sondeen la legalidad de sus acuerdos.
Otro interrogante de esta reforma está en la aplicación coherente en los 10 países que se integrarán en la UE el mismo 1 de mayo de 2004, todos con escasa tradición de competencia. Bruselas asegura que están preparados, aunque añade, y así debe ser, que mantendrá estrecha vigilancia. Esa supervisión debe extenderse también a los actuales miembros, para evitar que la descentralización, en principio sana, degenere en incoherencias, cuando no flagrantes violaciones del derecho de la competencia que distorsionen el mercado único.
La reforma aprobada ayer inicia una transformación en la política de competencia que los Quince deben concluir cuanto antes, para adaptar el actual modelo, creado para seis Estados, a una UE de 25 miembros. En diciembre, Monti presentará sus propuestas sobre política de control de fusiones y después se espera una iniciativa similar sobre control de las ayudas de Estado. En ambas materias, el Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro que la Comisión no es infalible, al anularle importantes decisiones. Monti debe aprovechar para profundizar en la reforma de una de las políticas que los Quince comparten con resultado más positivo.