Bruselas extiende a siete meses el plazo máximo para analizar las fusiones empresariales
La Comisión Europea adoptó hoy un paquete de reformas sobre el procedimiento de examen de fusiones empresariales que, entre otras modificaciones, extiende de cinco a siete meses el plazo máximo para analizar este tipo de maniobras, con vistas a que las compañías implicadas dispongan de mayor margen para obtener la "luz verde" del regulador europeo.
El paquete, elaborado por el comisario de Competencia, incluye una modificación del reglamento europeo de fusiones para flexibilizar sus procedimientos, el establecimiento de nuevas directrices para el control de concentraciones horizontales y una reforma estructural de la Dirección General (DG) de Competencia, con vistas, sobre todo, a aumentar su capacidad de análisis económico.
La reforma propuesta por el comisario de Competencia, Mario Monti pretende además corregir los defectos evidenciados en la gestión de la Comisión Europea y puestos de relevancia por las recientes sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la UE que revocan tres de sus vetos, los correspondientes a las fusiones Airtours/First Choice, Schneider/Legrand y TetraLaval/Sidel.
El nuevo reglamento, que entrará en vigor en mayo de 2004, busca adaptar la labor del Ejecutivo comunitario a las exigencias de una economía globalizada y de un volumen de operaciones de fusión superior al previsto hace diez años, cuando la Comisión se convirtió en la autoridad de Competencia de la UE.
No obstante, Monti aclara que el objetivo de la reforma, es dotar de mayor firmeza el análisis de proyectos de fusión y, en ningún caso, ceder las competencias que Bruselas acumula en la materia.
Calendario
Los cambios más destacados afectan al calendario de examen, compuesto en la actualidad de una primera fase de un mes de duración y de una segunda de cuatro meses, abierta sólo en los casos que revelan incompatibilidades con la normativa europea.
Así, en la primera fase, el nuevo reglamento extiende de tres a cuatro semanas el plazo para que las empresas planteen desinversiones que limen las eventuales objeciones de Bruselas.
Ya en la segunda fase, las empresas podrán demandar prórrogas de tres semanas de duración, al objeto de que la Comisión considere convenientemente posibles remedios que conviertan la fusión en aprobable. En este periodo "extra", Bruselas podrá mantener "consultas" con los estados miembros.
Además, existirá la posibilidad de prorrogar otras cuatro semanas el plazo de examen, en este caso, con el fin de garantizar que la investigación ha sido minuciosa. Este tiempo extra se introducirá a propuesta de las empresas o de la Comisión Europea, pero siempre que ambas partes estén de acuerdo.
Como resultado de estas modificaciones, el tiempo máximo para el examen de fusiones pasa de cinco a siete meses. Simultáneamente, para evitar "rigideces", desaparece la obligación de notificar la fusión en un plazo de una semana desde la firma del acuerdo empresarial.