Cláusulas de revisión salarial e inflación
Nada más conocerse el dato de inflación correspondiente a octubre, el secretario de Estado de Economía y el gobernador del Banco de España se apresuraron a señalar al culpable que más ha demostrado su inocencia este año, los salarios, y se precipitaron también al apuntar un remedio que puede ser peor que la enfermedad, acabar con las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos.
Haber llegado a una tasa interanual del 4% es una mala noticia para todos, pero a la que no todos han contribuido igual. Es malo para la competitividad de la economía española puesto que el diferencial de precios con la zona euro es de 1,7 puntos y si tenemos en cuenta toda el área en la que se realizan casi el 80% de nuestros intercambios comerciales, que es el conjunto de la UE, la brecha se amplía en dos décimas más.
Claro que quienes más leña han echado a esta hoguera de los precios son quienes más de espaldas viven a la competencia externa, ya que según el informe de la CE el repunte inflacionista en la UE se debe sobretodo al incremento en un 4,6% de los precios en el sector servicios, particularmente bares y restaurantes (4,9%), hostelería (4,8%) y talleres de reparación de automóviles (38,8%). Pero en esa refractaria actitud ante la competencia de estos subsectores de los servicios y en su forma de fijar sus precios también tienen bastante responsabilidad las Administraciones públicas, como apunta el informe de la Comisión.
Pero desviando absolutamente los tiros se vuelve a responsabilizar a los salarios cuando éstos apenas han crecido un 3% y están muy lejos de participar equitativamente en el reparto de los incrementos de la productividad. De hecho, siguen siendo el factor más competitivo de nuestra economía, dado que la productividad del trabajo en España llega al 94% de la media europea pero los costes laborales españoles permanecen en la cola de la UE, representando el 62% de los costes laborales europeos.
Abundando en el error, se recomienda eliminar las cláusulas de garantía salarial calificándolas de 'rémora del pasado'. Por el contrario, sirvieron para superar viejas prácticas de negociación colectiva en el pasado, cuando se negociaba basándose en la inflación pasada (que efectivamente pudo producir la espiral inflacionistas precios-salarios) y a raíz de los Pactos de la Moncloa se pasó a aceptar como referencia en los convenios la previsión de inflación, con cláusulas de revisión que no han llegado a generalizarse nunca al cien por cien de los convenios, mientras se aceptaban también las cláusulas de descuelgue para las empresas, que suelen formar parte del contenido mínimo de los convenios y que incluso está regulada en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 85.2C).
Las garantías salariales no indician la evolución de la economía, sino que parten de haber aceptado la indiciación previamente establecida desde los Presupuestos Generales del Estado para pactar la evolución de los salarios.
Tampoco son la causa de la inflación, sino que sirven para prevenirla y sólo se materializan como consecuencia del fallo en las previsiones oficiales. Aun así, carecen de dichas cláusulas alrededor del 40% de los convenios y no son homogéneas en todos los que las tienen. En muchos casos son simples revisiones anuales que se aplican en las tablas salariales del siguiente año, sin que comporten el cobro retroactivo de las desviaciones entre el IPC realmente registrado y el incremento retributivo pactado en convenio, en otros no alcanzan a la desviación total de los precios ni preservan las ganancias de poder adquisitivos que pudieran haberse logrado en la negociación colectiva.
Por otra parte, han de considerarse los asalariados que perciben el salario mínimo, sin revisión pese a que la recomiende el Estatuto de los Trabajadores y que llevan cuatro años consecutivos perdiendo poder de compra, quienes junto a los perceptores del subsidio por desempleo, cuyas rentas están referenciadas al salario mínimo interprofesional (SMI), suman más del millón de trabajadores.
Sin haberse obtenido más y mejor empleo, sino más paro y temporalidad, sin corresponsabilidad ni empresarial ni gubernamental en la lucha contra la inflación y con previsiones increíbles en éste campo como en el del crecimiento de la economía y del empleo para el próximo año, sería muy difícil renovar el Acuerdo para la Negociación Colectiva entre la patronal y los sindicatos.
Si se añaden las recomendaciones del secretario de Estado será imposible. Tal vez por haberse dado cuenta de ello, los ministros de Economía y de Trabajo han puesto algunos paños calientes en el debate sobre la revisión salarial. Es una posición más inteligente para templar el clima previo a las conversaciones entre los representantes sindicales y patronales encaminadas a pactar de nuevo las orientaciones a seguir en los convenios de 2003.