Los economistas advierten de la inseguridad jurídica de la nueva reforma fiscal y su impacto sobre el fraude
Los expertos piden evitar cambios normativos que afecten a ejercicios anteriores sin un régimen transitorio adecuado. Para luchar contra el fraude, también sugieren la puesta en marcha de un carné por puntos
Un día después de que el Congreso aprobara parte de la reforma fiscal que el Gobierno ha ido improvisando a base de enmiendas, el Consejo General de Economistas cargó contra esta manera de legislar en materia tributaria. El presidente del organismo, Valentí Pich, mostró este viernes su preocupación ante la creciente práctica de introducir cambios fiscales de calado a través de enmiendas legislativas en lugar de procedimientos más rigurosos, tal y como ha ocurrido con la trasposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo a las multinacionales, y de la que se han colgado el resto de medidas. Según Pich, este enfoque legislativo, que recuerda a las antiguas leyes de acompañamiento, puede estar respaldado por el Tribunal Constitucional, pero plantea serias dudas en términos de técnica legislativa y obliga a los sujetos pasivos a afrontar cargas fiscales no previstas, lo que impacta de lleno en el incumplimiento.
Durante una jornada dedicada a analizar los factores que impactan en el fraude fiscal, los economistas pusieron de relieve la necesidad de ofrecer una mayor estabilidad al sistema tributario español. Señalaron que las constantes modificaciones en la normativa no solo generan confusión entre los contribuyentes, sino que también tienen efectos negativos sobre la inversión, tanto nacional como extranjera. Esta incertidumbre desincentiva proyectos a largo plazo, socavando la competitividad del país. Y también, reconocieron, incentiva el incumplimiento y el fraude. Por eso, insistieron, todo debería girar en torno a fortalecer la seguridad jurídica, y no en menoscabarla.
Desde el consejo insisten en que los criterios administrativos deben ser claros y tener una vocación de permanencia. La falta de consistencia actual en la interpretación normativa alimenta discrepancias que no solo perjudican la relación entre contribuyentes y la Administración, sino que también favorecen prácticas desleales por parte de quienes buscan eludir sus responsabilidades fiscales. En este sentido, los expertos remarcaron la importancia de respetar el principio de seguridad jurídica, particularmente en lo relativo a reformas que puedan aplicarse de forma retroactiva. Según destacan, es fundamental evitar cambios normativos que afecten a ejercicios anteriores sin un régimen transitorio adecuado, ya que esto impone cargas fiscales inesperadas e irrecuperables para los contribuyentes.
Expertos como Manuel de Vicente-Tutor, inspector de Hacienda del Estado en excedencia y socio director de Equipo Económico, y Bernardo Soto, jefe del área fiscal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), pusieron como ejemplos los tributos extraordinarios sobre banca, energéticas y grandes fortunas, aprobados por el Gobierno con carácter retroactivo en un principio y, ahora, en el caso del bancario, prorrogado en los mismos términos. Lo mismo podría suceder en unos días, según el acuerdo entre el Ejecutivo y sus socios, con el gravamen energético, que previsiblemente también se extenderá a través de un proyecto de ley con carácter retroactivo para gravar los ingresos de 2024.
Los fiscalistas también se refirieron a la reversión que ha diseñado Hacienda, también validada en el Congreso este jueves, de los cambios que llevó a cabo el anterior ministro con el PP, Cristóbal Montoro, en el impuesto de sociedades. Hace casi un año, el Tribunal Constitucional tumbó esa reforma por haberse impuesto, en 2016, a través de la figura del real decreto y, ahora, el Gobierno la ha blindado para asegurar la recaudación
“No es lógico pretender que la normativa tributaria permanezca inalterable, pero sí que las modificaciones que se tengan que realizar respeten el principio de seguridad jurídica y se evite perjudicar las expectativas legítimas de los contribuyentes”, apuntó Soto. Especialmente “cuando el cambio normativo afecta a situaciones que se remontan a muchos ejercicios anteriores a su entrada en vigor, sin establecer un régimen transitorio adecuado y avocando a los sujetos pasivos a afrontar una carga fiscal no prevista en su día y que no podrán recuperar”, añadió.
Por ello, prosiguió De Vicente-Tutor, sería deseable que las normas tributarias tengan un periodo de adaptación, por ejemplo, de dos años, para facilitar el cumplimiento voluntario. Esto es algo que parece complicado de lograr, dijo, en un país “que abusa de la figura del real decreto-ley en materia tributaria, que legisla introduciendo impuestos a través de proposiciones de ley, y no de proyectos, o mediante enmiendas”.
Carné por puntos
Además de fomentar la seguridad jurídica, los economistas pusieron sobre la mesa una batería de propuestas para combatir el fraude fiscal. Entre ellas se encuentra la posibilidad de estudiar, a modo de experiencia piloto, la aplicación de la figura del derecho al error, que funcionaría “como una especie de carné por puntos”, detalló Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Esta posibilidad, en opinión de Soto, ayudaría a favorecer “el cumplimiento voluntario mediante la consideración de buen contribuyente”. En esta línea, afirmó, un carné por puntos o un instrumento similar sería más efectivo que publicar el nombre de los incumplidores, como hace Hacienda con el famoso listado de deudores.
Según los economistas, sería preciso cambiar el planteamiento frente a los incumplimientos tributarios, sean o no constitutivos de fraude, pasando de un enfoque sustancialmente represivo y subsanador a otro preventivo y de tratamiento temprano.
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