El sector de los fitosanitarios anuncia escasez de insecticidas a partir de julio
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el viernes la Ley de Sanidad Vegetal, que establece los medios de control fitosanitario, a fin de defender los cultivos de enfermedades, plagas y toxicidad por contaminación ambiental.
Francisco Amarillo, diputado por el Grupo Socialista, que prestó su apoyo a la ley, objeta, sin embargo, que 'nace obsoleta y anacrónica', porque no habla de los riesgos de contaminación ambiental por cultivo o consumo de alimentos transgénicos, como la soja. Pero, en coincidencia con la opinión de la patronal de productos fitosanitarios, Aepla (Asociación de Fabricantes de Agroquímicos para la Protección de las Plantas), cree que la ley 'armoniza una normativa muy dispersa y desfasada'.
El gran debate de fondo en torno a esta norma es, sin embargo, la exigencia de ensayos de seguridad para la salud humana y el medio ambiente antes de autorizar la comercialización de un producto fitosanitario. Francisco Amarillo explica: 'Las pymes temen que se cree una situación de oligopolio, ya que las multinacionales que les otorgan licencias para comercializar sus productos podrían no cederles los ensayos sobre su ecotoxicidad'.
El aumento de los requerimientos de ensayos para las sustancias activas con las que se fabrican los formulados por parte de la Dirección General 24 de la Comisión Europea (para la protección de la salud) también ha tropezado con los intereses de la gran industria europea.
Hasta julio de 1993 había autorizadas 834 sustancias activas para fitosanitarios en el mercado europeo, que deben volver a probar su seguridad para poder inscribirse en el registro comunitario, en virtud de una directiva de 1991. José Ignacio Cadahía, director técnico de Aepla, asegura: '320 sustancias activas no serán defendidas' por la industria y, por tanto, 'serán eliminadas del mercado en julio de 2003'. El coste de los nuevos ensayos para su registro lo desaconsejan. Un estudio de la Asociación Europea para la Protección de los Cultivos (ECPA) sobre el aumento de los costes de registro de estas sustancias afirma que dichos gastos 'superan el 10% de las ventas en la UE', que en 2000 ascendieron a 6.057 millones de euros.
Cadahía afirma que la 'drástica reducción del catálogo de productos disponibles' derivará en 'escasez de insecticidas y fungicidas para cultivos de frutas de hueso, subtropicales y cultivos de huerta menores, pero de interés en la dieta mediterránea, como lechugas, escarolas, crucíferas o hierbas aromáticas', con el consiguiente riesgo de enfermedades.
Aepla representa a 27 empresas, que suponen el 80% de los 594,5 millones de euros que facturó el sector en España en 2001. Entre ellas se hallan Bayer (que ha comprado la división agroquímica de Aventis), Basf (que absorbió la estadounidense Cyanamid), Dow AgroSciences, Monsanto, Du Pont, Nufarm y Syngenta (fruto de la fusión entre Zeneca y Novartis).