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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Presupuesto virtual

Tras los encomiables esfuerzos en favor de la credibilidad de las cuentas públicas durante la primera legislatura, el Gobierno del PP ha impuesto en la segunda el voluntarismo. Ya sucedió en el Presupuesto de 2002, donde la previsión de crecimiento del 2,9% se ha visto oficialmente corregida al 2,2% y los expertos ponen en duda que pueda alcanzarse esta cifra. En cuanto a la inflación, cuyo desbordamiento combinado con la moderación salarial tan buen rendimiento está dando a los ingresos de Hacienda, el tope fijado del 2% puede acabar este año en el doble. En un más difícil todavía, el Presupuesto de 2003 nace corregido de antemano, pues la previsión de un 3% de aumento del PIB se ve reducida por el FMI, que se basa en los datos facilitados por el Gobierno, a un 2,7%, de momento. El 2% de inflación el año próximo nadie se lo cree.

El Gobierno, fiel al eje de su política económica, ha construido las cuentas para el próximo año bajo la bóveda del déficit cero, justo cuando la Unión Europea, obligada por la crisis, ha aplazado este objetivo hasta 2006. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justifica esa prioridad en que la reducción del déficit ha sido siempre el motor del crecimiento. Si se mira el histórico, también puede concluirse que esa relación causa efecto funciona al revés. Pero, si el principio del equilibrio presupuestario es irrenunciable, no se entiende por qué el Gobierno de España se queja a Bruselas por haberle pillado con el pie cambiado.

El de 2003 es el primer Presupuesto que nace bajo la Ley de Disciplina Presupuestaria y siguen sin estar claras las cifras de ingresos y de gastos. Tampoco se sabe qué parte del aumento en más del 8% de la inversión en investigación y desarrollo corresponde a gastos del Ministerio de Defensa. Los ingresos tributarios crecerán un 5,5%, pero sorprende que el impuesto de sociedades pueda hacerlo en un 7% cuando los beneficios de las empresas van a la baja y después de la recaudación récord de este año gracias a las ventajas fiscales de adelantar plusvalías. El ministro Montoro cifró ayer en un 12,9% el aumento de la inversión pública, tan necesaria para combatir la desaceleración económica, pero en el Presupuesto figura una subida del 6,8%. El resto es responsabilidad del GIF, la SEPI o las sociedades hidrográficas cuyas cuentas están deliberadamente aparcadas fuera del Presupuesto.

Del 3% de crecimiento, fundamentado en la hipótesis optimista de un barril de petróleo a 25 dólares, un tercio será fruto de la actividad impulsora del Estado. De ese 1%, la mitad, consecuencia de la nueva rebaja del IRPF, que significará un ahorro global para los contribuyentes de 3.000 millones de euros. Las Administraciones periféricas están obligadas al equilibrio presupuestario y el Estado tiene un margen de déficit del 0,5% del PIB, que se compensará con el superávit de la Seguridad Social, que, si bien sufre un aumento del gasto por desempleo, se ve beneficiada por el estancamiento del número de pensionistas.

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