Flexibilidad para el Pacto de Estabilidad
La implantación del euro vino acompañada del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya finalidad era proteger el vigor de la nueva moneda y mantener la disciplina presupuestaria de los Gobiernos que integran la Unión Monetaria.
En el momento en que se adoptaron la nueva moneda y el pacto, la economía general presentaba unos perfiles de estabilidad y bonanza que, en el transcurso de los dos últimos años, han desaparecido y, lo que es peor, nadie se aventura a vaticinar la superación de los problemas que aquejan a la Unión Europea, especialmente al núcleo central de la misma: Alemania, Francia e Italia.
Como el intento de salida de la crisis tiene que ser patrocinado por los Gobiernos, resultará difícil, por no decir imposible, mantener estrictamente las limitaciones presupuestarias del Pacto de Estabilidad, salvo que se considere un mal menor entrar en la senda de la recesión.
Parece prudente pensar en una revisión o flexibilización de dicho pacto, de forma análoga a lo que se hizo con los famosos principios de Maastricht, para hacer posible la integración del mayor número de países en la moneda única.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tuvo su origen en una propuesta de Alemania en 1995 y su objetivo básico era garantizar la disciplina presupuestaria, reduciendo el déficit público a niveles inferiores al 3% del producto interior bruto para, progresivamente, llegar al equilibrio presupuestario o al superávit.
Parecen objetivos saludables y, cuando se formularon, tenían encaje con las políticas practicadas por la mayoría de los Gobiernos europeos, enfrascados en el saneamiento de las cuentas públicas para ordenar las diferentes economías nacionales y contribuir al descenso de la inflación y los tipos de interés.
Durante un quinquenio se logró la mayoría de los objetivos propuestos, gracias a que el crecimiento de la economía coadyuvó a hacer más tolerables los sacrificios exigidos. La inflación y los tipos de interés bajaron, pero no el paro, que se mantuvo en tasas cercanas al 10% en el conjunto de la UE.
No obstante, se creía que el funcionamiento de la Unión Monetaria permitiría el mantenimiento de los objetivos citados y la disminución apreciable del número de parados.
Lo ocurrido desde el año 2000 hasta ahora nos recuerda, una vez más, las diferencias entre el ser y el deber ser.
Las economías desarrolladas, y concretamente las de los países de la UE, han iniciado un declive de sus tasas de crecimiento económico que han pasado del 3,5% en el año 2000 a menos del 1% en el primer semestre del 2002, manteniéndose los niveles medios de paro prácticamente inalterados cuando no al alza, como ha ocurrido en Francia y la propia Alemania, impulsora en su día del Pacto de Estabilidad que ahora puede resultarle un corsé perturbador.
Es un principio aceptado comúnmente que los pactos se hacen para ser cumplidos, pacta sunt servanda, pero no es menos cierto que una rigidez excesiva puede, en la práctica, impedir su cumplimiento. Por eso, el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento prevé circunstancias excepcionales, tales como una grave recesión económica o desequilibrios presupuestarios debidos a hechos sobre los que el Estado o Estados afectados no tienen control, que permitirían obviar el cumplimiento estricto del pacto.
En el contexto descrito resultan también explicables las resistencias a aceptar la flexibilización de un pacto con tan escasa vigencia temporal, porque ello podría indicar una cierta falta de perspectiva de sus hacedores o porque podría enjuiciarse negativamente por los mercados financieros, bastante maltrechos y desacreditados últimamente; pero no afrontar la nueva realidad puede ser más costoso en recursos y credibilidad a medio plazo, ya que los indicadores conocidos y los que se van conociendo nos hacen pensar en la necesidad de acciones públicas de cierta envergadura y continuidad para evitar la recesión.
Al fin y al cabo, el pacto también se refiere al crecimiento, que es lo que ahora se encuentra amenazado.