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Legislación

El PP promueve la ampliación de los criterios para lanzar una opa

El Gobierno, a propuesta del PP, reformará la normativa que rige las opas con el fin de aumentar los derechos de los accionistas minoritarios. Para ello, el proyecto propone matizar el criterio que regía hasta ahora y que establece que únicamente tienen obligación de realizar una oferta al resto de accionistas aquellas compañías que compren un paquete de acciones superiores al 25%.

'Toda legislación sobre opas debe cumplir dos objetivos', explicó Vicente Martínez-Pujalte, portavoz de asuntos económicos del PP en el Congreso, a este periódico. 'Por un lado, repartir la prima de control entre todos los accionistas y, por otro, dar la posibilidad a un accionista de abandonar la sociedad si aparece un socio de referencia diferente', explica.

No obstante, hay casos en los que una empresa toma el control de otra sin llegar al 25%, dice Martínez-Pujalte.

Por esta razón, la propuesta incluye dos criterios complementarios que determinarán la obligatoriedad de lanzar una opa. No es necesario que se cumplan ambas condiciones, basta con que se dé una de las dos circunstancias.

Si una empresa paga una prima en la compra del paquete, tendrá que realizar una oferta pública. La prima se calculará sobre la cotización media en los últimos meses, periodo que aún no se ha determinado.

Igualmente, si la compañía acuerda una operación y negocia tener mayoría en el consejo tendrá que realizar una oferta a todos los accionistas.

En cualquier caso, los criterios son objetivos, en contra de las tesis que proponían que fuera la CNMV la que determinase las circunstancias en cada caso. 'Sería negativo que hubiera un ente regulador que dijera sí o no', afirma el diputado, para quien una empresa ha de saber de antemano cómo quedará su posición después de la oferta.

Votar a través de Internet

Junto a estas medidas, el Grupo Popular ha incluido en la propuesta la posibilidad de que los accionistas voten en las juntas aunque no se encuentren allí físicamente.

Para ello, se propone la obligación de usar técnicas telemáticas, como Internet, siempre que se utilicen medidas de seguridad, como la firma electrónica. Con esta medida, el PP pretende dar mayor participación a los pequeños accionistas.

La modificación de la normativa que propone el PP se produce después de una serie de operaciones de toma de control que generaron malestar en el mercado.

Entre otras operaciones, SCH acordó vender a ACS un paquete de acciones del 23,5% en Dragados, por lo que recibió una prima cercana al 60% sobre el valor de mercado. Sin embargo, lo pequeños accionistas no se beneficiaron de la operación.

Poco después, otras operaciones de características similares enervaron a los minoritarios. SCH y BBVA vendieron sus participaciones del 24% y 23,9% en Vallehermoso y Metrovacesa, pero las ganancias tampoco alcanzaron a todos los accionistas.

La normativa podrá aplicarse a priori o a posteriori, según Martínez-Pujalte. Es decir, una sociedad puede realizar una operación de este tipo y en principio no cumplir ninguna de las condiciones que le fuerzan a lanzar una opa, pero luego si hace algún movimiento que cambie la situación, estaría obligada a realizar la oferta.

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