El coste de una huelga general
Un representante de la patronal catalana y un experto en derecho laboral dan sus puntos de vista sobre la reforma del desempleo aprobada por el Gobierno y sobre la huelga general convocada por los sindicatos en contra de aquella
Una huelga general que consiguiera paralizar el país entero comportaría un día menos de producción, lo que equivale a un 0,4% del PIB. La naturaleza sigue su curso y, por tanto, la huelga incidirá poco en algunas actividades agrarias y los títulos de renta fija continuarían devengando intereses. Pero todo ello supondría la pérdida de producción de un valor equivalente a unos 2.600 millones de euros. Como consecuencia, también caerían los ingresos de los trabajadores que paran y se reducirían los cobros por impuestos del sector público, tanto IRPF e IVA como sociedades: la cifra estaría alrededor de 550 millones de euros. Y como los pensionistas y parados con percepciones de desempleo mantienen sus ingresos, lo que genera un cierto debilitamiento financiero en el sistema de protección social, la actual situación se limitaría a reducir el superávit.
El descenso en el nivel de actividad reduce los medios con que atender a los desempleados pero, sobre todo, hace que el empleo que se podía haber creado gracias a ese día de trabajo no llegue a nacer, de modo que, si en los últimos cuatro trimestres de la encuesta de población activa (que incluye hasta marzo de 2002) el número de ocupados aumentó algo más de 342.000, el empleo no creado puede cifrarse en unas 1.700 personas. En realidad serían más, pues la pérdida de ventas de las empresas afecta negativamente sus resultados, su inversión y la nueva contratación.
Las cifras expuestas son meras estimaciones que prescinden de los efectos inducidos. Una de las repercusiones negativas está en el deterioro del atractivo del país para captar inversión extranjera. El número de horas de trabajo perdidas hace dar un salto a las estadísticas que perjudica la valoración del país en los rankings usados para evaluar las ventajas e inconvenientes de cada posible ubicación de nuevos centros productivos.
Los últimos tres años la media de horas perdidas por conflictividad laboral estaba en cifras similares a las de inicios de los setenta, antes de la primera crisis del petróleo, inferiores a las de la transición. Otro efecto ligado a éste se manifestaría en la mayor propensión de la inversión local a localizarse en el exterior.
Con independencia de su coste, conviene precisar el sentido de la decisión, su momento y pertinencia. La huelga general es una confrontación que plantea una cuestión de fondo: ¿quién manda? El problema del poder es la esencia de la política, y frente a la capacidad de los organismos elegidos para dictar normas se postula una alternativa basada en la capacidad de paralización y/o movilización, entendida como una legitimidad alternativa a la que dan las urnas.
Aunque se presente como rechazo a la reforma de la mediación en el mercado de trabajo y los incentivos a la búsqueda de empleo, los firmantes de la convocatoria se han limitado a críticas sin ofrecer alternativas ni voluntad real de discusión de la propuesta de reforma. El Gobierno llegó a retirar su propuesta de reforma de la negociación colectiva por la discrepancia generada, pero si hiciera eso continuamente faltaría a sus obligaciones. Los argumentos acerca de una mesa sin propuestas previas están en contra de la lógica negociadora y la práctica sindical, que siempre anticipa una plataforma.
Desde el Gobierno se hicieron algunas modificaciones a pesar de no haberse iniciado las negociaciones. La crítica a aspectos como la obligatoriedad de aceptación de algunas ofertas olvida tres elementos cruciales: primero, el peso relativo de la intermediación a través de los servicios públicos de ocupación (menos del 10%); segundo, que la aceptación de una colocación por debajo de las expectativas, además de ser transitoria, ayuda a encontrar una opción mejor (puesto que la imagen que configura la posición de búsqueda y negociación de una persona ocupada es mejor que la de alguien en desempleo); y, tercero, el buen juicio de los responsables públicos de los servicios de empleo.
El momento de desaceleración económica en que se produce la convocatoria es el menos idóneo, puesto que incide negativamente en el debilitamiento del nivel de actividad. En la huelga general de 1988 el crecimiento del PIB real era del 5,2%, cifra que se redujo año tras año hasta el mínimo de los últimos 40 años del -1,2% en 1993, lo que dio lugar a las reformas de 1994, mucho más duras que las que se trataron de evitar en 1988. En 1988 la inversión en bienes de equipo creció un 16% en términos reales, cifra que decayó año tras año hasta la negativa de 1991 y continuar la caída hasta el mínimo de -17% en 1993 y repuntar tras los drásticos ajustes de 1994.
Los sindicatos han acumulado un capital de legitimidad en acuerdos como el de 1997 y el de 2001. Desde 1994 han promovido poca conflictividad y negociado aumentos salariales moderados, que han contribuido positivamente a la creación de empleo y a su calidad, de forma que en 1994 la media de personas ocupadas era de 11,73 millones, que llegaron a 14,77 en 2001 (cifras de la EPA). Por otra parte, el número de ocupados con contrato indefinido pasó de 5,7 millones en el primer año a ocho millones en 2001. Han mostrado que el consenso puede ser eficaz y han contribuido a normativas como la jubilación gradual. Cambiar una orientación que da resultados por otra que, en el mejor de los casos, es incierta es un riesgo no explicado. La alegación defensista de que sobran motivos evidencia que lo que se buscó fue un pretexto para otros fines. Los sindicatos, sin embargo, pueden hacer más y mejores cosas por otros medios, como ya han demostrado.