Huelga general... en Italia

La huelga general y las manifestaciones del martes en Italia, convocadas por las tres grandes confederaciones CGIL, CISL y UIL, han sido un éxito. La masiva respuesta de los trabajadores, el amplio respaldo social de la convocatoria y su carácter unitario se han logrado tras meses de debate sobre la pretensión del Gobierno Berlusconi de reformar el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar el derecho a readmisión en caso de despido improcedente e imponer otras medidas regresivas de política social que afectan a pensiones, sanidad y educación.

Y, sobre todo, ha tenido un precedente decisivo en la gran manifestación convocada por la CGIL que reunió el 23 de marzo en Roma a más de dos millones de personas.

Lo acontecido en Italia debería servir para la reflexión en los demás países de la UE, incluido el nuestro. Seguir abundando en la merma de los derechos sociolaborales en aras de la competitividad desbarata el modelo de concertación social inherente al sistema de convivencia democrática europeo, sin obtener por ello mayor eficiencia.

También aquí se otorgó a los empresarios la posibilidad de indemnizar en lugar de readmitir al trabajador en los supuestos de despido improcedente mediante un decreto de marzo de 1977 y el empleo no sólo no mejoró sino que aumentó el paro de forma exponencial en los años sucesivos.

La superposición del papel de los Gobiernos al de los agentes sociales, avanzando contrarreformas laborales, debilita la negociación entre patronales y sindicatos, la conduce con frecuencia al fracaso y desencadena los conflictos de mayor envergadura.

De ello tenemos igualmente sobradas experiencias en España con las distintas huelgas generales que se realizaron hasta la última del 27 de enero de 1994. Recurrir al diálogo social como quien cubre un expediente rutinario pero sin voluntad real de negociación acaba con la credibilidad de los Gobiernos y encona las diferencias con los interlocutores sociales.

De esto ha abusado el Gobierno derechista italiano desde el otoño y vuelve a hacerlo tras la jornada de huelga reafirmándose en mantener sus propuestas desreguladoras del derecho del trabajo, que ya no tienen ni el consenso de importantes sectores patronales.

Lo mismo cabría decir del Gobierno español, que desde que comenzó su segunda legislatura con mayoría absoluta ha ido dinamitando el esquema de concertación cuajado en la anterior, que se basó en el respeto a la autonomía negociadora de empresarios y sindicatos. Si éste dio como resultado buenos acuerdos socioprofesionales y gran consenso parlamentario al tramitar las reformas pactadas, el procedimiento de los dos últimos años ha dado desacuerdos, aunque no hayan dejado de hablar de diálogo social.

Mantener la laguna comunitaria en políticas de empleo y protección social, sin compromisos efectivos ni criterios coherentes de ámbito supranacional para concretar el equilibrio entre eficiencia económica y equidad social, sirve de coartada a los Gobiernos para las más peregrinas aplicaciones de las retóricas resoluciones de los Consejos de Europa.

Así, Berlusconi ha pretendido justificar su reforma laboral en las recomendaciones de la Cumbre de Barcelona, aunque fue diseñada por su Gobierno muchos meses antes y sin que en Barcelona se dijera nada de facilitar el despido sin causa justa. El mismo paraguas en el que se quiere cobijar el Gobierno del PP para imponer la enjundiosa reforma del sistema de protección por desempleo que empieza por abaratar el despido improcedente de los activos suprimiéndoles los salarios de tramitación y acaba por negarle el derecho a la prestación a los parados que accedan a un empleo estable con un contrato de inserción, pasando por los desaguisados que se proyectan sobre el subsidio agrario.

Antes de seguir los pasos de sus correligionarios italianos y conducir a nuestro país por los derroteros en los que ha metido Berlusconi a Italia, sería mejor reconsiderar los contenidos de la reforma anunciada y recomponer las negociaciones con seriedad y buena disposición para asumir cambios y propuestas que pudieran sugerir las fuerzas sociales.

Haría mal el señor Aznar si se confía en que la operación le puede salir igual que la de la reforma laboral impuesta el año pasado. Quienes pensaron entonces que las medidas decretadas por el Gobierno no eran tan graves como para responderlas con movilizaciones, han comprobado ahora sus efectos negativos sobre el empleo. Si hubo diferentes actitudes ante un buen acuerdo de pensiones, ahora se han trastocado varios de sus apartados con la Ley de Acompañamiento, y el malestar entre las bases sindicales es compartido firmasen o no aquel acuerdo. Y el rechazo a las medidas presentadas ayer ha sido igual de contundente en los dos grandes sindicatos, sin que a las patronales les hayan entusiasmado.

Si queda alguien en el Gobierno que no se deje cegar por la prepotencia no le será muy difícil hacerle comprender a sus colegas de gabinete que han de calibrar las proporciones del lío que puede formarse.