La reforma del mercado eléctrico en la que Bruselas no cree
Alemania y los países del centro y el norte se imponen con medidas tenues
El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea presentaba su reforma del mercado mayorista de la electricidad que España venía defendiendo desde el inicio de la crisis energética. Sin embargo, Bruselas ha desoído las propuestas reformistas del Gobierno de Pedro Sánchez y se ha alineado con las más tenues posiciones de los países del norte y centro de Europa, encabezados por Alemania, y de los reguladores de energía europeos (ACER).
Así, la petición de España de reformar el sistema de precios marginales, que considera desfasado para el actual mix de generación basado cada vez más en renovables y cuyos precios han sido contagiados por los del gas, no se modificará. Aunque, como paliativo contra la escalada de precios, la CE ha permitido “descontaminar” temporalmente dichos precios (a través de la llamada excepción ibérica o de la minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por la nuclear, la hidráulica y algunas renovables), ha rechazado de plano la reforma estructural de un mercado afectado por un problema que considera coyuntural.
El Gobierno plantea, entre otros, un precio regulado para nuclear e hidráulica y contratos por diferencia (no obligatorios) para renovables, así como el fomento de la contratación a plazo. La CE, por su parte, ha defendido en su “no reforma”, como la califican los críticos españoles, un mercado mayorista que ha sido “beneficioso” para el despliegue de renovables, la transición energética y la factura que han pagado los consumidores, señala el documento legal en su exposición de motivos.
Bruselas coincide en el desarrollo de los contratos a largo plazo (tanto PPA como por diferencia) y un sistema para dotar de liquidez a los mercados para el desarrollo de aquellos, y propone varias medidas que España ya aplica desde hace tiempo y, por lo tanto, tienen poco de novedosas.
Subvencionar la luz a pymes y domésticos en caso de crisis
Una de las novedades de la propuesta de reforma del mercado de la CE es el establecimiento de medidas intervencionistas en caso de crisis. Concretamente, subvencionar, con ciertos límites, la factura de la luz a pymes y domésticos. La situación de crisis deberá ser decretada por Bruselas.
Se trata, de esta forma, de dar cobertura legal a lo que están haciendo todos los países (cada cual a su manera) desde que se desencadenó la actual crisis energética. Las comercializadoras serían compensadas por suministrar la energía por debajo de costes.
Un paquete relevante de la propuesta se centra en dotar de liquidez a los mercados que, como el español, carecen de ella, para que desarrollen mercados a largo plazo que eviten la volatilidad y contengan los precios. Para ello, Bruselas plantea “nodos virtuales regionales” en economías con liquidez, como la alemana.
El texto articulado publicado por la CE modifica dos directivas y dos reglamentos de 2018 y 2019, y es considerado por fuentes cercanas al Gobierno como la continuación del toolbox, o directrices o pautas frente a la escalada de precios en situaciones excepcionales, como la invasión rusa de Ucrania, publicadas en marzo de 2022 y a las que quiere dotar de un marco legal. De hecho, muchas de las modificaciones se podrían aprobar sin problemas con los instrumentos legales de cada país.
La reforma debe ser validada por el Consejo y el Parlamento europeos, en cuyo trámite podría experimentar algunos cambios. Pero, dado el poco interés de Alemania y de la propia Comisión, se augura lento.
España, contra el precio marginalista
El Ministerio para la Transición Ecológica remitió en enero a Bruselas su propuesta para una reforma estructural del mercado mayorista de la electricidad, como avanzadilla del debate que se abriría en marzo. Este se ha limitado a las propuestas por escrito de los distintos Estados, que en el caso de Alemania firmó con otros seis países aliados.
El objetivo de la propuesta española, centrada en el desacoplamiento del gas y el carbón del mercado marginalista, es que los costes se repartan de una manera equitativa y se combine la existencia de un mercado a corto plazo con otros mercados de capacidad, controlados por el regulador. Un mercado más abierto, “líquido y transparente”, combinado con los mercados a plazo, con servicios de capacidad, en el que el spot perderá protagonismo frente a los mercados a plazo y “que no fije precio la última tecnología que case”, como ocurre ahora con el gas.
La propuesta se articula en varios instrumentos que implican una segmentación del mercado según el tipo de tecnología: para las renovables, contratación a plazo por diferencia, algo que ya está implantado en España mediante las subastas. En el caso de las renovables gestionables o con capacidad de almacenamiento, se le permitiría una cierta exposición al mercado.
Para las energías nuclear e hidráulica (energías maduras en toda Europa) se plantea un precio regulado para evitar que reciban “la retribución injusta” que obtienen con el actual sistema marginalista.
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