Las cuatro armas del Gobierno para imponer la política de rentas
Condiciona la marcha de los salarios con un pacto en la función pública que concentra la subida en 2027, año electoral
Hace más de 40 años, cuando se abrían camino las relaciones industriales democráticas que tanto contribuyeron a galvanizar la transición política, la ruta para el común de los convenios colectivos la marcaban el acuerdo salarial de Renfe y el del sector metalúrgico. Y, tras el primer acuerdo interconfederal de salarios y el bautismo del Estatuto de los Trabajadores, tomó el relevo la negociación de sindicatos de trabajadores y de patronos para determinar la política de rentas primarias, que aún hoy sigue vigente, aunque con un uso bastante laxo de las posibilidades legales que otorga. Pero ahora la ruta la marca la comunidad de intereses del Gobierno y sus socios sindicales con cuatro poderosas armas.
El primer convenio firmado para 2026 y siguientes es precisamente el que protege al colectivo laboral más protegido del país, al funcionariado de 3,5 millones de personas, y que necesariamente se convertirá en la liebre a seguir en la economía privada, que a falta de unas semanas para que arranque el año sigue pendiente de negociación. Además, el Gobierno, que no puede renunciar a su naturaleza intervencionista, con una política laboral descaradamente prosindical, ha utilizado durante años la palanca del salario mínimo, junto con cambios intensos en las cotizaciones, para condicionar la práctica salarial y los costes laborales a las empresas.
Pero la primera fórmula que determina las rentas privadas de provisión pública es la revalorización de las pensiones, que, pegada como una sombra al Índice de Precios de Consumo del año vencido y blindada legalmente, marca un alza para 2026 del 2,7%, con unos pocos deslizamientos para las más bajas. Un formato que estimula la inflación en vez de combatirla, una condición hoy secundaria por la estabilidad de los precios, pero muy relevante cuando no la hay, y que ha logrado que sea el único grupo que ha mantenido el poder de compra en los últimos años, en una práctica política que cuida más el pasado que el futuro.
La segunda herramienta pública para condicionar las rentas salariales es el SMI, que ha subido nada menos que un 61% desde 2018, y que podría subir sensiblemente más que la inflación prevista en 2026 (los sindicatos demandan un alza del 7,5%, hasta los 1.273 euros por 14 pagas, y a la ministra del ramo le parece bien). Esta práctica ha provocado el ensanchamiento del colectivo atrapado en tal renta, en la que se concentra una muy buena parte del nuevo empleo de los servicios, que es atendido por la demanda masiva de población recién inmigrada, y que provoca una fuerte competencia a la baja en el precio del factor trabajo, e impide que se corrijan los niveles de desigualdad salarial.
Pero el elemento que más influirá en los próximos años en la política de rentas es el acuerdo para elevar los sueldos de los funcionarios de todos los niveles de la Administración, y que tiene un alcance más allá de la legislatura. Su contribución a las tensiones inflacionistas o a atenuarlas será neutro, puesto que las alzas salariales se mueven en la longitud de onda de la estimación de los deflactores; pero si corrigen en algo la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años será muy tímidamente (algo más de un punto si todo va bien) y ni de lejos absorberán todo el déficit de poder de compra. En los últimos cuatro años por sí solos, el Índice de Precios ha avanzado un 17,8% (a falta de conocer diciembre), y la remuneración de los trabajadores públicos, un 12%. Si se echa la red del análisis tres lustros atrás, la pérdida es muy superior, con mejora nominal de la remuneración del 15,3%, frente a un deflactor del 26,4%.
El acuerdo firmado la semana pasada recoge una subida del 11% en cuatro años, y del 8,5% en los tres próximos (el primer año de vigencia es 2025, ya amortizado, con subida del 2,5%), cuando la inflación esperada es ligeramente superior al 7%. Es curioso, en todo caso, que el mayor incremento se concentra en enero de 2027, de nada menos que un 4,5% (casi el doble que el deflactor del consumo privado previsto), en lo que debe interpretarse como una decisión tendente a capturar adhesiones políticas en un año muy electoral, ya que habrá en esa primavera, si nada cambia, comicios generales, autonómicos y locales. El presidente Sánchez lo llama “dignidad salarial”.
El pacto recoge algunas otras cuestiones relativas a la reposición de bajas y a facilitar la promoción interna. Acerca de la mejora de la productividad se repiten las vagas referencias de siempre en una variable de complicada medición en la función pública, aunque tal concepto a los funcionarios, como la valentía a los toreros, se les supone.
De seguir estas directrices, los sindicatos y la Confederación Empresarial (CEOE) tendrán el trabajo hecho para los tres próximos años, y plasmarlo en un pacto puede ser cuestión de semanas. El que vence a fin de año ha actuado como un bálsamo para las relaciones industriales, inyectando paz social y contribuyendo a la buena marcha de la actividad económica reflejada en los parámetros cuantitativos, que no tanto en los cualitativos. Las rentas salariales privadas han oscilado entre el 3% y el 4%. Ahora los sindicatos plantean demandas más radicales sin ocultar que, en parte, pretenden neutralizar el fracaso de la reducción de la jornada, y lo hacen pese a que la variable capital que las sostiene, el avance de la productividad, sigue desaparecida.
Pero estas cuatro fórmulas para activar las rentas públicas y privadas tienen que someterse después a la prueba de la inflación, a la interpretación fiscal que el Gobierno hace de ella, y a la política tributaria, que ha encajado subidas importantes de impuestos y cotizaciones en los últimos años. Salvo en el caso de las pensiones, el IPC determinará si se gana poder de compra, renta real, o se pierde. Y la última embestida de los precios entre 2022 y 2023 ha dañado gravemente el poder adquisitivo de los salarios, que de media han encajado mermas mínimas del 5%; pero tendrá un efecto contractivo sobre la renta real durante un periodo prolongado porque la inflación es acumulativa, y buena parte de las rúbricas del IPC han establecido y consolidado unos niveles de precios que en ningún caso vuelven a descender, sobre todo los de naturaleza subyacente.
Pero como la inflación es un cuchillo que corta por los dos lados, tras mermar la capacidad de las rentas primarias, en manos de Hacienda, endosa una segunda erosión a las retribuciones, con la política pasiva de no deflactar la tarifa ni las deducciones del impuesto sobre la renta. Con tasas bajas de inflación es común hacer abstracción de tal ejercicio, aunque poco a poco, año a año, la mordida no es poca cosa; pero el Gobierno ha convertido en común no hacerlo ni siquiera cuando las tasas de inflación se acercaron a los dos dígitos, y ha hecho de tal práctica uno de los motores de la recaudación fiscal. A fin de cuentas, la inflación ha sido siempre el mejor amigo del recaudador.
José Antonio Vega es periodista