El salario de los funcionarios solo es una parte de la ecuación
El objetivo es, o debe ser, adaptar las labores del funcionariado a las necesidades de la ciudadanía y de la economía
El sector público emplea en España a 3,5 millones de personas, según la Encuesta de Población Activa. Son (ajustes arriba o abajo) los afectados por el acuerdo salarial firmado esta semana por el Gobierno, que contempla una subida del 11% en cuatro años. El debate sobre el salario de los empleados públicos (de los que menos de la mitad son funcionarios de carrera) está viciado de nacimiento. Ante la pregunta de si en el sector privado se cobra poco o mucho, la respuesta siempre será que depende, porque ni los salarios ni el desempeño son homogéneos. En el sector público los salarios suben y bajan en bloque, pero, también, depende: sobre los funcionarios recaen algunas de las tareas más valoradas por los ciudadanos (sanidad, educación, policía, justicia, defensa), por lo que algunos cobrarán poco y otros, demasiado. En términos agregados, las alzas salariales recientes de sector público y privado no se han separado en exceso.
La coincidencia en el tiempo del acuerdo salarial con el debate del techo de gasto ha generado una cierta contradicción: un Ejecutivo que lleva desde 2023 sin ver aprobados los Presupuestos ha firmado un pacto a tres años vista. Obviamente, los funcionarios no deben ser los paganos de la situación política. Pero la acción de gobierno y, en particular, la política económica estarán siempre cojas si hay bloqueo en el Parlamento. De hecho, más allá del ámbito salarial, el acuerdo contempla cambios en el empleo público que, sobre el papel, podrían ayudar a mejorar la calidad de los servicios, pero que son de dudosa aplicación si no hay Presupuestos.
La eliminación de la tasa de reposición permitirá aumentar la oferta de empleo, tanto para rejuvenecer el funcionariado como para evitar que las vacantes se cubran con interinos; la tasa de temporalidad es el doble en el sector público que en el privado y su impacto sobre la productividad está más que contrastado. También se plantean medidas para reforzar la promoción interna (que habrá que afinar en el diseño para garantizar la meritocracia) y el acortamiento de plazos entre la oferta de empleo y la oposición. Medidas que, bien ejecutadas, pueden ayudar a captar, retener y optimizar los recursos humanos del sector público. Al final, el objetivo es, o debe ser, ese: adaptar las labores del funcionariado (en dotación, condiciones y exigencia) a las necesidades de la ciudadanía y, también, de la economía, pues del funcionamiento de la Administración dependen el PIB y el bienestar actuales. Y de la calidad de la educación, los del futuro.