La convivencia sin conflicto en un modelo laboral bipolar
La fuerza inmigrante copa crecientes cotas en el mercado de trabajo que la nativa evita por la competencia con el seguro
En el mercado de trabajo español conviven desde hace ya unas décadas dos tendencias sociológicas sin aparente competencia, la que encarnan los trabajadores nativos y la que representa la creciente y pujante población inmigrada. Y ambas lo hacen con un colectivo de desempleados que se resiste a menguar, y con una nada despreciable cuota de puestos de trabajo sin cubrir. Dos circunstancias, estas últimas, que reflejan las deficiencias del funcionamiento del mercado, sobre las que hay prolija literatura económica y ausencia absoluta de intención de subsanarlas.
Este mercado dual opera desde principios de siglo con la llegada masiva de inmigrantes para atender las necesidades de la demanda de trabajadores, que se convirtió también en un activo del crecimiento. Pero este fenómeno se ha intensificado con la debilidad demográfica del país en los últimos años, en los que la población activa ha estado abastecida de manera casi absoluta por extranjeros, y en los que algo más de la mitad de los empleos creados han sido absorbidos por ellos. Para decirlo con números, en los tres últimos años la población de más de 16 años avanzó en algo más de dos millones de personas, con crecimiento de poco más del 2% entre los nativos y del 29% entre los inmigrantes, y si nos ceñimos al colectivo dispuesto a trabajar, dos de cada tres tenían nacionalidad extranjera.
La Seguridad Social contabiliza ya más de tres millones de cotizantes no españoles (3,07 millones); pero la aportación laboral de los extranjeros es muy superior en las últimas décadas, ya que 1,3 millones adicionales cuentan ya con nacionalidad española, según el registro publicado desde 2013, y solo desde 2019 han adquirido doble nacionalidad más de 630.000. Incluso la Encuesta de Población Activa cifra ya en 3,37 millones los extranjeros con empleo, sin computar el histórico de nacionalizados.
Esta generosa penetración de trabajadores inmigrados se ha hecho sin conflicto con la fuerza laboral nativa, con razonable y leal competencia, y han absorbido el empleo creado en unas pocas actividades de limitada cualificación (las que han acaparado la mayoría de la nueva ocupación), y se van extendiendo paulatinamente a otras más exigentes. Como muestra, en el servicio del hogar la inmigración copa el 42% de los afiliados; el 39% en el sector agrario; el 28% en los servicios de hostelería; y el 20,6% en la construcción, niveles muy elevados en un mercado en el que los no nativos son solo el 14% de los 21,8 millones de cotizantes. En seis provincias, todas con elevada penetración agraria y turística, el porcentaje de cotizantes extranjeros supera el 20%: Huelva, Almería, Baleares, Lleida, Huesca y Girona.
En las dos variables restantes del mercado laboral, actividad y paro, el comportamiento es también diferente entre la fuerza laboral nativa y la inmigrada, que compiten sin conflicto, aunque las cohortes llegadas en las últimas décadas se acoplan también con relativa velocidad a los mecanismos de protección. Mientras que los desempleados nativos son 2,12 millones (el 10,3% de los activos), los extranjeros, con 667.700 parados, suponen el 16,54%. Pero cualitativamente la fuerza laboral extranjera es más dinámica que la nativa: tiene niveles de actividad muy superiores (69% frente a 56%), y de ocupación también muy superiores, del 57,6% de los mayores de 16 años, frente al 51%. La diferencia tiene la explicación lógica en la llegada desde el extranjero de colectivos mayoritariamente en edad laboral.
En los mecanismos de protección existe aún un desequilibrio cualitativo notable entre nativos e inmigrantes, que bien pudiera tener que ver con los periodos de cotización, pero se estrecha cada año. La cobertura general entre seguro y subsidio llega al 74% de los parados, tres de cada cuatro (1,51 millones de los 2,45 que hay apuntados en el SEPE), pero entre los extranjeros apenas supera el 27%, uno de cada cuatro, o una de cada diez personas con prestación.
Hay dos circunstancias que suavizan la competencia en las actividades más dinámicas por la captura de los nuevos empleos. La resistencia de los nativos a aceptar empleos con remuneraciones modestas y la necesidad de los recién llegados de aceptarlas para disponer de rentas con las que atender sus necesidades residenciales y vitales. En el desinterés de los españoles en este tipo de empleos, además de cierta estigmatización de las ocupaciones atendidas por la inmigración, común en todas las sociedades que han precisado oleadas de fuerza laboral externa, ejerce influencia el nivel remunerativo, más modesto por la presión del abundante ejército de reserva laboral recién llegado, y la competencia indisimulada de los sistemas de protección por desempleo.
La retribución media del seguro de desempleo (que perciben ahora unos 800.000 parados), neta de cotizaciones, es de algo más de mil euros (1.003) y se acerca a los 1.100 en las zonas con más intensidad de servicios turísticos y de hostelería (Baleares, Barcelona o Madrid). Y la que la encuesta de estructura salarial de 2023 determina para los trabajadores de la hostelería es de 1.213 euros mensuales (16.985 anuales), de 1.091 para los trabajadores no cualificados de los servicios o de 1.480 para los peones de la construcción. Hay que recordar que tal encuesta de Estadística concluye que el salario mediano era en 2023 de 23.350 euros, lo que quiere decir que la mitad de los asalariados en España cobraban una cantidad inferior, y que uno de cada cuatro ganaba un salario situado entre 14.000 y 20.000 euros.
Un informe del Banco de España recordaba también con datos reales que la búsqueda de empleo por parte de los desempleados con seguro de paro pleno se intensifica siempre a partir de los 20 meses de prestación, cuando está a punto de agotarse. Y una simulación teórica del mismo ensayo aseguraba también que reducir el tiempo del seguro, aunque se elevase la cuantía mensual, reanimaba la búsqueda de empleo.
El sistema de protección es, por tanto, uno de los mecanismos que amerita cambios para incentivar la búsqueda de empleo y evitar que se enquiste un colectivo numeroso en el paro estructural, y, de paso, dar satisfacción a las ofertas de empleo que quedan sin cubrir (unos 150.000) por diversos motivos. El servicio público de empleo, que copa una cuota paupérrima de intermediación para casar ofertas y demandas, debe ser también reformado de arriba abajo, y en paralelo los mecanismos de formación, que aparecen también como un factor de desequilibrio en las vacantes de empleo.
En cuanto a las vacantes cualificadas es determinante la remuneración, muy inferior en la mayoría de los casos a las expectativas que anidan en los trabajadores bien formados. Deberían removerse también todos los obstáculos que impiden una plena movilidad geográfica, como los desorbitados precios de la vivienda o las exigencias idiomáticas de los nacionalismos, para facilitar la competencia laboral y minimizar las vacantes. Y, por último, tras el trillado y equivocado camino de la desfiscalización del salario mínimo, debería extenderse a más franjas salariales algún tipo de estímulo tributario, aunque puede chocar con la delicada igualdad de trato fiscal.
José Antonio Vega es periodista
