No hay dos políticas de vivienda, sino un circo polarizador
Centrarse en el 20% de discrepancias intentando que no miremos el otro 80% en que coinciden o podrían acordar, es tener en poca estima a los electores
El problema es que falta vivienda. Así lo reconoce el Gobierno, la oposición, el sector, los expertos y, sobre todo, los ciudadanos jóvenes. Nada que ver con la burbuja cuando el sistema financiero calentó la demanda con créditos que resultaron fallidos. Situaciones, totalmente opuesta: antes, exceso artificial de demanda, ahora escasez real de oferta. En la última década se ha acumulado un déficit de vivienda que el Banco de España estima en 600.000 unidades. Esa es la causa de la subida de precios y no la compra de vivienda en la costa por extranjeros para vacaciones o jubilación. Por tanto, todo lo que no sea construir más vivienda, serán parches. Por eso, en campaña, se rivalizó por ver quién prometía construir más viviendas.
Las casas no se construyen en el aire. Hace falta suelo y permisos de construcción. Y, además, en situación crítica como la que vivimos, se requiere también apoyo financiero tanto para la edificación y urbanización, como para la compra. Por tanto: suelo, financiación y permisos, son la clave de solución del problema. Luego, en la medida en que haya apoyos públicos, se pueden condicionar estos a que las viviendas sean a precio tasado, o libre, así como en venta o en alquiler. Con ello, se puede construir una matriz de combinaciones posibles y múltiples, que deben ajustarse a las necesidades de la zona y a las preferencias políticas de las autoridades responsables.
No hay suelo urbanizable en España hoy para construir 600.000 viviendas. Ni la mitad. Ni la mitad de la mitad. Poner suelo público a disposición es una buena iniciativa que no agota, ni mucho menos, el problema. Hace falta pues, una iniciativa nacional urgente, que involucre a Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para poner suelo urbanizable, público o privado, a disposición.
Si se quiere poner viviendas en el mercado con urgencia, hay que habilitar un mecanismo de agilización de controles y permisos, tanto por parte de las Comunidades, como de Ayuntamientos, acabando con lo hoy ocurre: planeamientos urbanos que llevan diez años de tramitaciones. Esto NO es liberalizar el suelo, sino agilizar los largos plazos actuales entre que se decide construir y que estas viviendas se ponen a la venta o en alquiler. Por lo menos, para un Plan de Choque que permita construir 300.000 viviendas adicionales en tres años, en alquiler y a precio asequible. Por cierto, con el suelo que ya está programado, convendría incluir la urbanización sostenible dentro del PERTE anunciado.
El promotor que, a partir de la existencia de suelo, contrata a un constructor para edificar, puede ser público (la nueva empresa pública) o privado (el actual sector, muy distinto al de 2008). Pero las ayudas deben graduarse en función del objetivo (vivienda pública, o no, en alquiler o en venta) de tal manera que el constructor mantenga el incentivo suficiente para acometer la obra. Por ejemplo, una promoción pública de alquiler asequible, puede estar exenta de IVA y obtener mejores condiciones de financiación desde el ICO que el resto. Porque es imposible abordar una política de vivienda sin contar con el sector privado, como lo es, sin tener en cuenta las distintas líneas de financiación que conviene poner en marcha: para la construcción, los créditos del ICO y el apoyo presupuestario suficiente y continuado. Para la compra, los avales a la entrada en jóvenes (ambos partidos lo proponen), rebajar fiscales como las anunciadas por ambos partidos para alquiler y compra (rebajar el IVA para las viviendas del Plan de Choque, parece sensato), o el anunciado sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos de programas de alquiler sostenible o la exención fiscal total en el IRPF del cobro de alquileres como propone el Gobierno y apoya el PP.
Esto es lo esencial hoy para resolver, de verdad, el problema de la vivienda en España, considerado por los ciudadanos como el primer problema del país, según el CIS. Y, en esto, en lo esencial, destaco dos cosas: no veo incompatibilidad entre las propuestas del Gobierno y las de la oposición. Es más, veo suficientes puntos en común como para que, si hubiera voluntad, llegaran a ese mítico Pacto de Estado que la sociedad lleva años reclamándoles. Segundo, con la estructura competencial de España, es IMPOSIBLE resolver un problema como el de la vivienda, sin acuerdos que incluyan al Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos reunidos en una Conferencia Sectorial especial.
La única conclusión posible, pues, ante la absurda pugna por el relato de la vivienda en que han entrado, también en esto, Gobierno y PP, intentando hacernos creer que hay dos políticas contrapuestas sobre vivienda que responden a dos modelos contrapuestos de sociedad, es que ninguno de los dos tiene como objetivo real resolver el mayor problema del país, el que más discrimina contra los jóvenes de familias menos favorecidas y más atenta contra la idea de ascensor social. Ambos han presentado, más bien, un programa electoral, otro más, mostrando su debilidad como Gobiernos allí donde gobiernan: central y/o autonómicos. Porque ambos programas, para cumplirse, requieren de unas mayorías que no se tienen o de unos acuerdos que se rehúyen. Y ambos, necesitarían más de un año para entrar en vigor, contradiciendo el estado de emergencia habitacional que todos reconocen.
Esta vez, se les ha ido la mano a los asesores de ambos partidos en polarización como estrategia hacia una mayoría electoral. Centrarse en el 20% de discrepancias, elevarlo a categoría y construir un relato fantástico a partir de eso, intentando que no miremos el otro 80% en que coinciden o podrían acordar, es tener en poca estima a los electores. Y es un ejemplo más de cómo la partitocracia prioriza llegar al Gobierno como sea o mantenerse en él a cualquier precio, aun deteriorando la democracia al convertirla en ineficaz para resolver problemas reales e importantes para los ciudadanos, como el de la vivienda.
Jordi Sevilla es economista.
