Por qué los precios de locos para ver a Oasis auguran que tu próximo vuelo será más caro
Crece la inquietud en Europa por los llamados ‘precios dinámicos’, que cambian sobre la marcha por el uso de datos del cliente o patrones opacos
El clan Gallagher abogaba por empezar las revoluciones desde la propia cama. Y probablemente lo ha propiciado de la manera más imprevista. Muchos de sus seguidores aguardaban en sus alcobas, portátiles en ristre, el día D y a la hora H, con el fin de adquirir las codiciadas entradas para los conciertos de su próxima gira, acontecimiento histórico que marca el regreso del grupo Oasis y la reunión de los casi siempre enfrentados hermanos de Manchester. Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso de compra, la excitación se fue tornando en enfado. Entradas con precio fijo (face value) más que duplicaban su valor a la hora de hacer efectiva la compra, en la pantalla de pago. Las 150 libras iniciales, por ejemplo, se convertían en 355. ¿Cómo se explica? Por el camino, habían operado los denominados precios dinámicos, en función de los cuales el precio se ajusta a las condiciones del mercado. En este caso, se entiende, la brutal demanda hizo ver al algoritmo utilizado por Tickectmaster, la web que vendía los pases, que podía cobrar más por ellos. A partir de ahí, división de opiniones. La autoridad de Competencia británica (CMA, por sus siglas en inglés) no tiene claro que la práctica comercial sea correcta, al punto de que ha abierto una investigación sobre el caso. Larry Elliot, en The Guardian, haciéndose eco del sentir contrario, sentenciaba: “Los seguidores de Oasis han recibido una lección sobre cómo funciona el capitalismo”.
Los precios dinámicos, en realidad, no son nuevos. De hecho, operan en sectores como la energía desde hace años sin demasiadas disfunciones. “Aquí estamos ante precios dinámicos regulados, con un tope, por lo que generalmente se evitan los excesos y hasta se puede fomentar la competencia. Hablamos de servicios de básicos. Sin embargo, en otros entornos más esquivos, como el ocio, en mercados no regulados y totalmente liberalizados, veo difícil que pueda haber una vulneración de la competencia. No es sencillo demostrar que se han fijado precios predatorios, que sería la única vía”, expone un experto con larga trayectoria en las diferentes vidas del watchdog español. “Si la inteligencia artificial determina cuánto estas dispuesto a pagar por un bien y permite maximizar el beneficio, también en función de la demanda, la empresa va a utilizarlo en un mercado liberalizado”, continúa. Cuestión aparte, matiza, abriendo una veta de enorme interés, es si hay fallas en la estructura del mercado o si se detecta una posición de dominio por parte de quienes manejan o controlan los datos.
Es en este punto en el que, por ahora, hacen hincapié las asociaciones de consumidores. César Díaz, responsable del área jurídica de CECU, federación que agrupa hasta nueve entidades nacionales, lo tiene claro. “Lo inquietante es cómo se usan esos datos, la falta de transparencia. ¿Los precios se cambian en función de la demanda? O no. Pasa con aerolíneas, en el marketplace de Amazon, con Uber, etc., pero no sabemos realmente qué patrones se utilizan. Esa es la verdadera laguna: cómo se utilizan nuestros datos personales para saber por qué servicio estamos dispuestos u obligados a pagar. Por ejemplo, a la hora de preparar un viaje”. CECU, de hecho, ha reclamado recientemente a la Dirección General de Consumo que abra una expediente contra Uber por incumplir la normativa y le ha instado a poner a disposición de los consumidores toda la información relativa a la configuración de sus precios. “Son precios dinámicos, es decir, el precio que se ofrece en cada momento está condicionado por determinados factores y puede variar. No obstante, la información que ofrece sobre su configuración es genérica, enunciativa insuficiente, poco clara y transparente”, lamenta la asociación en su denuncia. Al ser preguntado sobre las implicaciones de ese escenario en términos de competencia, Díaz se pregunta si, de forma más o menos tácita, las tres aplicaciones en funcionamiento pactan precios.
De hecho, sobre ese particular tendrá que dar pistas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que preside Cani Fernández, después de haber recibido en mayo una denuncia de Taxi Project 2.0, asociación creada para la defensa del sector, contra Uber, Cabify y Bolt por presuntas prácticas colusorias a raíz del uso de precios dinámicos. “Ese sector sufre el peor escenario de competencia que puede existir, un entorno donde conviven un mercado regulado y otro que no lo está”, subraya el citado experto. La CNMC, por ahora, se limita a afirmar oficialmente que no participa en grupo de trabajo alguno sobre la cuestión a nivel europeo y que, “como casi todo en competencia, depende mucho de las circunstancias del caso”.
En efecto, la inquietud entre los consumidores todavía no ha permeado en el entorno político y regulatorio. No hay duda de que lo hará. El lobby de los consumidores europeos (BEUC, por sus siglas en francés), ultima una posición común y hay grupos parlamentarios que ya han empezado a formular preguntas a los principales organismos europeos. La nueva comisaria de Competencia, Teresa Ribera, está llamada a superar el debate que en el máximo órgano de decisión europeo mantenían su antecesora en cargo, Margrethe Vestager -empeñada en frenar movimientos de concentración esencialmente defensivos, claves para ganar tamaño en mercados muy trillados-, y su alter ego, Thierry Breton, partidario de dimensionar bien las empresas en la era digital. Según publicaba esta semana la agencia Reuters, la intención de Ribera es incrementar la presión sobre las big tech, en línea con la ley de servicios digitales -la conocida como Digital Markets Act (DMA)-, una normativa que apuesta por profundizar en la libre elección de servicios.
La designación de Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft y ByteDance -dueño de TikTok- como gatekeepers (literalmente guardianes, firmas con una posición relevante en el mercado) obliga al regulador a imponerles una regulación extra. “Promoveré un vigorosa aplicación de la DMA, dando forma a la política de la Comisión relativa a este nuevo instrumento, con el fin de ofrecer resultados concretos para las empresas y los usuarios finales europeos”, zanjó Ribera ante la Eurocámara. Mejor eso que despertar en unos años y tener que mirar atrás con ira. O peor, con horror a la cuenta corriente después del enésimo reencuentro de Liam y Noel.