Vivimos una emergencia habitacional
Se deben facilitar las dos materias primas básicas de la vivienda: suelo y financiación
Informa este periódico de que la Junta de Andalucía no ve con malos ojos la propuesta realizada la semana pasada en unas Jornadas en Sevilla -organizadas por la asociación andaluza de promotores y constructores, y en las que participé-, y que consiste en declarar, en Andalucía, la situación de “emergencia habitacional”. Y me pregunto: ¿no existe, en toda España, una situación que podemos calificar de emergencia habitacional?
Todas las evidencias lo avalan. Los datos: desde 2015, los precios de la vivienda han subido el doble que los salarios, mucho más el de alquiler que el de compra. Eso implica que el acceso a la vivienda de los más jóvenes se ha convertido en un privilegio solo al alcance de quienes tengan respaldo económico familiar suficiente, con lo que se ha abierto una doble brecha social: jóvenes versus mayores, y jóvenes de familias pudientes versus los que no. Como consecuencia, mientras que en 2000 el 75% de los jóvenes entre 30 y 44 años tenían piso en propiedad, hoy la proporción ha caído hasta el 55%, lo que explica que la edad de emancipación se haya elevado, y sea una de las más altas de toda la UE. Dado que la vivienda es la principal fuente de ahorro de los españoles, excluir a los jóvenes del acceso a ella significa, también, un desplome comparativo en la riqueza de las familias según tramos de edad, con el efecto que ello tendrá cuando les llegue la jubilación (la vivienda ha sido el verdadero fondo de pensiones de muchas familias).
También lo avalan las percepciones: la vivienda se encuentra entre las tres principales preocupaciones de los españoles en todas las encuestas, hasta el punto que hoy, convertido en problema, centra la mayor parte del debate político en España, donde, además de la aburrida confrontación entre Gobierno y oposición (cada uno con una propuesta de Ley de vivienda que se parecen, casi, como dos gotas de agua), surge la habitual confrontación entre ambas partes de la coalición de Gobierno: en la vivienda es donde tienen “los mayores desacuerdos”, declara un portavoz. La esperpéntica situación es, pues, que, ante uno de los mayores problemas de España, que golpea sobre todo a una juventud que ya padece la mayor tasa de paro y de precariedad de Europa, la crispada confrontación política se establece a tres bandas con el resultado de la inacción: se promete mucho, pero se hace muy poco.
Mi tesis es que la declaración de “emergencia habitacional” en todo el territorio español facilitaría que se pusieran de acuerdo quienes tienen que resolver el problema (Gobierno central, comunidades y ayuntamientos), aprobando un plan de choque inmediato que ayude a paliar el problema más urgente en dos/tres años.
Quienes saben del asunto insisten en que la situación no se parece en nada a vivida durante la burbuja. Entonces, el problema fue mundial (el desencadenante fue la quiebra de Lehman Brothers) y causado por un sobrecalentamiento artificial de la demanda desde un sector financiero desregulado; llegaron a construirse hasta 700.000 viviendas al año, lo que alimentó la subida especulativa del suelo urbanizable (y la corrupción). Ahora llevamos una década construyendo muchos menos pisos de los necesarios para atender la creación de nuevos hogares (cien mil pisos al año, la mitad de los hogares constituidos). Por tanto, hay un déficit de oferta que el Banco de España ha estimado en 600.000 viviendas. Esto, y no la especulación, es la causa del aumento del precio y el desvío al alquiler de una parte de la demanda, con el consiguiente encarecimiento, también, de este, en un contexto de escasez de financiación bancaria por la actual sobreprotección regulatoria del sector en la materia. A la misma conclusión han llegado los dos grandes partidos políticos del país, que en la reciente campaña electoral se hartaron de prometer construir y habilitar más viviendas, en venta y en alquiler, incluso aceptando el cambio de clasificación de algunos terrenos y el compromiso de elevar el ridículo 2% del parque de vivienda social que tiene España, frente al 10% de la media europea.
Si los elevados precios son reflejo de un problema, hay dos soluciones sobre la mesa: centrarnos en el síntoma, controlando el precio, o ir al origen y construir todos los pisos que faltan para que sea una mayor oferta la que baje los precios y combata la especulación. Estirando el hilo de esta última, que es la única solución sensata, es donde debemos ver la utilidad de la declaración de emergencia habitacional.
Si el acceso a una vivienda digna y adecuada, a precios asequibles, es uno de los principales problemas de los españoles, y la solución es construir más viviendas a la mayor brevedad posible, sin perder el control público de la regulación, ni las garantías de calidad y sostenibilidad, tanto en la construcción como en la urbanización, deberíamos empezar por eliminar todo aquello que impide conseguirlo y facilitar las dos materias primas básicas para ello: suelo y financiación. Un Decreto Ley, pactado entre las administraciones, que agilice la tramitación de los planes para la transformación de los suelos en urbanizables (desde los diez años actuales, a dos) y simplifique los necesarios para construir en plazos mucho más cortos, facilitaría la financiación privada y pondría pisos dignos en alquiler o venta, a precios asequibles, hasta eliminar el déficit acumulado en tres/cuatro años.
Un plan de choque con financiación y medidas excepcionales para combatir una situación de “emergencia social y económica”, concepto usado ya por el Constitucional para hablar de vivienda en varias sentencias, equipararía la situación a otras emergencias como las sanitarias, la sequía o catástrofes naturales, permitiendo adoptar soluciones a la altura de las necesidades urgentes de los ciudadanos y no de los rifirrafes entre políticos crispados. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna en esta situación de emergencia habitacional. A veces, los que saben proponen cosas útiles que los políticos harían bien en acoger.
Jordi Sevilla es economista
