Me voy de vacaciones, con perdón
No parece que a la vuelta de agosto la economía española pueda seguir su rumbo con normalidad, sin necesidad de nuevas decisiones políticas
Recuerdo aquella época en que envidiábamos a Italia porque había conseguido blindarse frente a dos crisis de gobierno al año y que ello, no afectara los cimientos y el rumbo de su economía. Hay quien dice que lo mismo pasa aquí ya: con los políticos encerrados con su único juguete de insulto, descalificación y acusaciones varias, con ayuda de ese poder judicial “independiente” que no se resiste al anonimato, mientras los ciudadanos se enganchan a las sorpresas y saltos televisivos de guion que representan en la escena pública nuestros representantes para retener nuestra atención (para derivarla hacia el voto) mientras, la economía “va bien” como dice Garamendi, el presidente de la CEOE en una entrevista: ni como un cohete, ni tampoco fatal. Va bien (¿recuerdan que con “España va bien” Aznar consiguió su mayoría absoluta?).
Lástima que el momento histórico que estamos viviendo sea de tantos cambios disruptivos y tantas amenazas a los humanos que no hace posible ese aislamiento entre política y economía porque es imprescindible tomar decisiones, con cierta urgencia, que solo puede hacerse desde el ámbito de una política que, si es democrática, debe escuchar a todos y ser capaz de generar consensos y confianza, dos de los asuntos que más carecemos hoy en España.
Por seguir con la citada entrevista, asuntos sobre la mesa que requieren soluciones políticas: reducción de la jornada laboral ¿por imposición política o por pacto social?; baja productividad (mejorar la formación y estimular la inversión en intangibles, junto al tamaño de empresa); reducir la jornada laboral por imposición legal o por convenio, donde se pueda; garantizar seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de las normas para atraer inversión; acoger, de forma eficaz y responsable “a la gente migrante que puede venir a aportar, a trabajar por este país” porque, además, según el vasco Garamendi, “esta multiculturalidad nos viene muy bien”; decidir cuál es el papel del Estado en las empresas estratégicas….
Muchas tareas que necesitan el pacto político, se quedan pendientes por el espectáculo endogámico en que se ha convertido la lucha partidista, buscando más atraer la atención morbosa y movilizar sentimientos radicales a favor o en contra, que buscar soluciones a los problemas de los españoles. Pero, además, el verano obligará a posponer algunas cuestiones urgentes entre las que quiero mencionar la financiación autonómica, a la espera de lo que ocurra en Cataluña; el plan de construcción de las viviendas necesarias para resolver, con urgencia el grave problema acumulado por años de inactividad; cómo reducir la excesiva dependencia que nuestro PIB muestra respecto del turismo y fomentar inversión, pública y privada, cargadas de tecnología o cómo pactar con las comunidades autónomas y el Congreso un plan de consolidación presupuestaria capaz de consolidar un estado del bienestar del siglo XXI e incluir las desviaciones financieras previstas de la pseudo reforma de las pensiones.
Por último, y de forma novedosa, la inseguridad jurídica que genera el descontrol eléctrico o el hecho de que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya concluido que el despido improcedente establecido en la reforma laboral del PP “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por el despedido”, a la vez que no es un elemento disuasorio suficiente para el empresario. Un debate político y social que se convierte en el símbolo de la España moderna y sus contradicciones reales en torno a la idea de justicia y cohesión social.
Si, además, sacamos la cabeza de la autorreferencia permanente a lo menudo y miramos al ancho mundo, el orden internacional con el que hemos llegado hasta aquí ha hecho aguas y se está decidiendo quienes formarán parte de los restos del naufragio, quien perecerá y quien deberá armar un navío diferente para continuar navegando, hacia otro rumbo. Y ahí, la cosa no está tampoco exenta de decisiones políticas. La primera, discutir y decidir qué Europa queremos construir tras las elecciones al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que Putin mantiene su guerra en nuestro territorio mientras el repliegue americano hacia Asia, gane quien gane las presidenciales, nos hace responsables de nuestra seguridad, a la vez que el reto económico planteado por China nos obliga, si no queremos tener un nivel inaceptable de dependencia de aquel país dictatorial, a reconstruir nuestro aparato económico, industrial y tecnológico, tarea a la que la reelegida Presidenta de la Comisión ha añadido, de nuevas, un Plan europeo de vivienda. La pregunta es: ¿cómo se diseñará y financiará toda esta nueva Europa, en medio del auge del frente antioccidental en el mundo y de las fuerzas nacionalistas desde dentro?
Por su parte, el cambio climático, la mayor amenaza a las condiciones de habitabilidad de la especie humana, un reto existencia que ya está sucediendo, sigue avanzando, mostrando que los compromisos tan enfáticamente asumidos por los gobiernos en reuniones de la cumbre del clima quedan en nada. Sobre todo, aquellos que tiene que ver con lo más obvio: si el calentamiento es un fenómeno global, solo vale si lo abordamos de manera conjunta y solidaria. Como decía esta semana el ministro correspondiente de Bangladés, uno de los países más vulnerables según el Panel sobre Cambio Climático (IPCC), los países avanzados no cumplen sus promesas de financiar el abandono de fuentes emisoras de CO₂ en el tercer mundo, en aquellos países que, en palabras del ministro: “No hemos causado la crisis climática, ¿y tenemos que elegir entre luchar contra la pobreza o contra el cambio climático?”, sin ayuda de quienes la han causado.
No parece, pues, que a la vuelta de agosto la economía española pueda seguir su rumbo con normalidad, sin necesidad de nuevas decisiones políticas, con un Parlamento bloqueado por la destrucción mutua. Sobre todo, porque no vivimos un momento de “normalidad” internacional, sino todo lo contrario. La pregunta, entonces, es clara: ¿está nuestro ecosistema y clima político preparado para dar la talla y colocarse a la altura de los desafíos que tenemos los ciudadanos? La respuesta, en setiembre.
Jordi Sevilla es economista.
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