De los visados de oro a los papeles para todos
Sería un error que el Gobierno optara por la mera prohibición o derogación de las ‘golden visa’ para inversores no comunitarios, como también lo sería una masiva regularización de migrantes sin condiciones
En un delicado y decisivo año electoral, la cuestión de la migración se ha colado en el debate político, tal como ya anticipaban algunos expertos y analistas. En pocos días, los medios han centrado su atención en dos extremos del panorama migratorio español.
Por un lado, el Gobierno anunció su intención de derogar la concesión de la residencia española a través de la compra de inmuebles (visados de oro), una medida a la que se acogen cada año unos pocos cientos de extranjeros ricos. Por otro lado, el Congreso de Diputados acordó iniciar el trámite de una iniciativa legislativa para regularizar a cientos de miles de extranjeros ilegales, habitualmente en situación algo más precaria que sus homólogos de las golden visa.
La ideología de los respectivos partidos marcará el debate sobre ambas cuestiones durante los próximos meses. Los partidos de la izquierda seguirán llamando a frenar a los millonarios extranjeros, que tensionan el mercado inmobiliario, a la vez que abogan por la legalización masiva de los precarios extranjeros irregulares. Partidos de la derecha, en cambio, apelarán a la traumática dilución de la centenaria identidad española ante la avalancha foránea, ya sean ricos o pobres, aunque los últimos suelen ser siempre más numerosos y los primeros tienden a gastar más.
Diversos estudios han mostrado la necesidad de mano de obra migrante en nuestro país, ante el dramático declive demográfico en toda Europa. La propia Comisión Europa cifra en 30 millones la pérdida de población en edad de trabajar en la UE hasta 2050, con una necesidad de unos tres millones de migrantes cada año. En España, esta necesidad se estima en unos 230.000 migrantes cada año.
Sin embargo, el mercado de trabajo es uno de los más ineficientes y complejos, donde resulta muy difícil alcanzar el equilibrio entre oferta y demanda tan anhelado por Adam Smith. Una regulación masiva no permitirá casar de forma inmediata ni automática las necesidades de las empresas españolas, por un lado, con las capacidades, habilidades, conocimientos y expectativas de los trabajadores migrantes, por otro.
En cualquier caso, la regulación masiva de los más de medio millón de migrantes sin papeles sí resuelve la cuestión de su estatus legal, una cuestión previa y condición necesaria para plantear su incorporación al mercado laboral, aunque un riesgo de cara a fomentar más migración irregular por su efecto llamada.
La gestión de la migración ha estado en España sujeta a corsés legales muy estrictos y a procesos administrativos particularmente farragosos. No es de recibo que los migrantes incluso con empleo en España tarden hasta un año en ver renovados sus papeles, como tampoco es lógico que las tarjetas de residencia de los extranjeros (TIE) se procesen en más de un mes cuando los DNI a los españoles se entregan al momento.
En este contexto, las sucesivas reformas legales, incluida la última del reglamento de extranjería ya con el Gobierno socialista, no han logrado resolver todas estas dificultades, ni han facilitado de manera significativa la incorporación de los migrantes al mercado de trabajo. El mundo de la mal llamada extranjería precisa con urgencia agilidad, digitalización, facilidad y trazabilidad.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que regula los también mal llamados visados de oro, también se debería haber revisado el año pasado, en su décimo aniversario. Ya cuando se planteó en 2012, su redacción vino muy marcada por la crisis inmobiliaria de 2008 y la entonces reciente referencia de Portugal. Los tiempos han cambiado y exigen una actualización de esta norma, que puede ser un buen instrumento para orientar la inversión extranjera.
Difícilmente unos pocos cientos de visados de oro al año pueden afectar a un mercado inmobiliario con casi un millón de transacciones al año en toda España. En este sentido, tienen seguramente mucho más impacto local la más reciente normativa sobre nómadas digitales, las compras por parte de inversores europeos (que no precisan permiso de residencia) y las inversiones de los grandes fondos y aseguradoras. Sin embargo, es evidente que una próxima reforma de la Ley 14/2013 debería dirigir la inversión extranjera hacia otros activos con mayor impacto sobre nuestra economía y empleo.
En Estados Unidos, el régimen de residencia para inversores extranjeros EB-5 ha impulsado la creación y crecimiento de empresas en todo el país, desde bares y granjas en Minnesota hasta empresas tecnológicas en California. Incluso el nacionalista y muy americano Trump no suspendió este programa durante su mandato.
Sería un error que el gobierno optara por la mera prohibición o derogación del visado de oro para inversores no comunitarios, como también lo sería una masiva regularización de migrantes sin condiciones.
En su lugar, conviene abordar una reforma profunda en la regulación y la gestión de la migración en España, en consenso con el mundo empresarial y otros agentes como las comunidades autónomas. La reforma debería ir también acompañada de la mejora del sistema de concesión de visados a través de nuestra red diplomática exterior.
España debería ser siendo tierra de acogida para personas de todo el mundo que contribuyan al progreso del país, ya sea con su dinero, trabajo o talento. Este año podría ser decisivo para lograrlo.
Jacinto Soler Matutes es economista y profesor de la UAB. Participó en la redacción de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que reguló los ‘visados de oro’.
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