Revolución en las pensiones europeas: Alemania invierte en acciones, Suiza vota una paga extra
Berlín quiere garantizar el futuro retiro de sus ciudadanos con la financiación de un fondo de capital intergeneracional al que destinará 12.000 millones en 2024
Europa se mueve para garantizar el futuro de las pensiones. Sí a una paga extra de pensión, no a jubilarse a los 66 años. Tras la revolucionaria decisión por referéndum de los suizos en marzo a favor de una nueva paga anual (la decimotercera) y en contra de subir la edad legal de la jubilación, el Gobierno alemán invertirá ahora en el mercado de capitales (en empresas y acciones de todo el mundo) para pagar las pensiones en el futuro. Los liberales en el tripartito berlinés proponen desde hace tiempo que el 2% de la cotización al sistema público de pensiones se invierta a través de un fondo público en el mercado de acciones. Por ahora, el Gobierno del socialdemócrata Scholz ha optado por crear un fondo de capital intergeneracional en el que invertirá 12.000 millones de euros en 2024. Alemania quiere estabilizar el sistema de pensiones para darle estabilidad los próximos 15 años. Calcula que para 2030 el fondo estatal dispondrá de 200.000 millones de euros. Los suecos y los noruegos (mediante el fondo global de pensiones de Noruega) ya invierten en acciones para financiar la jubilación. En Suecia los trabajadores aportan el 2,5% de su salario a fondos de acciones (por ejemplo al AP7 estatal) y, en Noruega, a la pensión contributiva se suma la pensión empresarial obligatoria que procede de planes de pensiones que invierten en Bolsa.
¿Son las pensiones seguras? A los suizos les parece poco lo que cobran. Los alemanes expresan una desconfianza relativa. Berlín está decidida a mantener el nivel de las pensiones (tasa de reemplazo), que en este momento alcanza el 48% del sueldo bruto medio (en España es superior al 70%). El Gobierno avisa que resultará caro y busca cómo financiarlo. Para estabilizar el sistema a largo plazo, el ministro de Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, y el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, han anunciado un fondo de inversión, financiado con deuda, que permitirá mantener el nivel de pensiones en el 48% actual hasta el año 2040. No obstante, aunque el importe de la jubilación se mantendrá (los alemanes cobran 12 mensualidades), las cotizaciones subirán sin remedio. La razón es que seguirá aumentando la población jubilada. Hoy, de 21 millones. El diario Süddeutsche Zeitung calcula que los jóvenes cotizarán casi el 4% más que ahora a la caja de pensiones. El instituto de investigación berlinés DIW apunta que pasará del 18,6% actual al 22,3% a principios de los años 30. Actualmente, el Estado contribuye ya con 110.000 millones de euros a la caja de pensiones; lo que representa una cuarta parte del presupuesto público. Según Marcel Fratzscher, presidente del DIW, el peso del Estado aumentará todavía más. Y todo indica que en los próximos diez años avanzará la pobreza entre los adultos mayores.
La idea de Berlín es el fondo de capital intergeneracional. El Estado se endeudará para invertir en el mercado de capitales para financiar, con los beneficios obtenidos, la futura vejez. Se empezará este mismo año con un crédito de 12.000 millones de euros, a los que se sumará un importe anual cada vez mayor. A ese fondo se añadirán participaciones del Estado en empresas como Post (Correos) o Deutsche Telekom.
Actualmente, los jubilados cobran una pensión pública con una tasa de reemplazo del 48%. Este porcentaje indica el promedio que perciben los pensionistas en relación con el promedio de los ingresos por trabajo. Se trata, pues, de la pensión actual que cobra un asegurado tras cotizar 45 años por un trabajo de remuneración media. En 2022, la pensión media alcanzó los 1.432 euros mensuales, antes de impuestos. Se financia a través de las cotizaciones (trabajadores y empresarios) y de aportaciones del Estado. Desde hace tiempo los expertos barajan más ideas como cotizar hasta los 68 o más tarde, pagar en fondos públicos desde la infancia y motivar a las mujeres a trabajar a jornada completa. Y movilizar, claro, la emigración.
Suiza es otro ejemplo de que algo se mueve en los sistemas de pensiones europeos. La decisión del pueblo suizo por referéndum a favor de mayores recursos para la tercera edad ha sorprendido, porque hasta ahora el país alpino había demostrado que la participación directa en las decisiones políticas no equivalía a un desbordamiento y encarecimiento del Estado social. El primer domingo de marzo los suizos votaron (con un 58,2% de los votos) a favor de una decimotercera mensualidad anual más de la pensión estatal de vejez y superviviencia (AHV por sus siglas en alemán). El argumento de los sindicatos (quienes promovieron la medida) para votar a favor era evitar la pobreza en la tercera edad, en un momento de encarecimiento del coste de vida en Suiza, cuyas ciudades son de las más caras del mundo. El argumento en contra era que el futuro de las pensiones se ve amenazado por cuestiones demográficas. También Suiza presenta una pirámide invertida. El mismo domingo los suizos votaron en contra (con un 74,7% de los votos) de la propuesta de los Jóvenes Liberales de subir la edad de la jubilación a los 66 años (ahora, a los 65). Los suizos cobrarán la nueva paga a partir de 2026, en un país cuya pensión mínima asciende a 1.225 francos suizos mensuales (a 2.450, la máxima).
Tampoco los jubilados alemanes están contentos. La clave demográfica del sistema de pensiones alemán es que el número de pensionistas crece más rápido que el de la población ocupada. Si se mantiene la tase de reemplazo actual se abrirá un agujero de 41.000 millones de euros en 2040, según datos del Gobierno. Con el capital generacional, Berlín prevé obtener 10.000 millones de euros anuales a partir de 2036 para pagar en la caja de pensiones. Se calcula que para entonces los gastos en pensiones ascenderán a 600.000 millones anuales.
Los investigadores económicos aplauden la iniciativa gubernamental, pero se le critica al Gobierno que actúe tarde y que sea insuficiente. Los actores sociales apuntan que la tasa del 48% es mísera y que solo a partir del 53% se puede eludir la pobreza. Por su parte, la patronal critica que el Gobierno no debería cargarse la viabilidad del sistema. Una subida de las cotizaciones supondrá una mayor carga para la economía. En la actualidad el impuesto al trabajo asciende al 20% (por un bruto de 40.000 euros anuales), al que se añaden las cotizaciones por enfermedad (14,6%), dependencia (3,4%), jubilación (18,6%, la mitad por el empresario) y el desempleo (2,6%).
Alemania mira hacia arriba (los sistemas de pensiones noruego y sueco) por considerarlos modelos a seguir. El noruego se basa en varios pilares, una pensión básica que garantiza un ingreso mínimo para todos los jubilados, una pensión relacionada con los ingresos (financiada mediante cotizaciones obligatorias a lo largo de toda la vida laboral), una pensión vinculada a la empresa (2% del sueldo bruto) y pensiones privadas voluntarias. Pero Alemania no es Noruega, donde el fondo de pensiones estatal estabiliza con sus ingentes recursos (petróleo y gas) el sistema noruego.
Lidia Conde es periodista y analista de economía alemana
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