El riesgo (y la factura) de la mala técnica fiscal
Vigilar de forma estrecha las devoluciones derivadas del fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma fiscal de 2016 es necesario por la magnitud de la cifra y por las lecciones que entraña
Los planes de control tributario de Hacienda repiten cada año, con alguna que otra variación, un esquema común en lo que respecta a las áreas, actividades y grupos de contribuyentes cuyo cumplimiento fiscal entraña riesgos que conviene vigilar. A esa hoja de ruta, sin embargo, hay que sumar este año una tarea añadida, derivada directamente de un reciente fallo del Tribunal Constitucional. Una sentencia que ha anulado parte de la reforma fiscal que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro impulsó en 2016 y que endureció considerablemente el régimen de deducciones previsto para las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
La decisión del Constitucional, que ha limitado la corrección de las liquidaciones indebidamente realizadas a aquellas reclamaciones actualmente en tramitación, supondrá una considerable carga de trabajo extra para Hacienda, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria. La tarea de revisar esos expedientes abiertos y vigilar las devoluciones derivadas de la sentencia del Constitucional exige una importante dotación de recursos humanos, tanto técnicos como de inspección, y obligará a Hacienda a realizar un esfuerzo añadido que no se agotará en el actual ejercicio, sino que se extenderá también a los siguientes.
La apuesta de la Agencia Tributaria por fiscalizar de forma estrecha las devoluciones derivadas del fallo del Constitucional resulta imprescindible, dada la magnitud de la factura, que se estima en varios miles de millones de euros y que va a suponer un mordisco imprevisto para las arcas públicas. El hecho de que la reforma de Cristóbal Montoro haya sido declarada inconstitucional por una serie de razones entre las que se incluyen también defectos de técnica legislativa, como su aprobación por medio de un real decreto ley, constituye una lección importante y un serio aviso a navegantes sobre los efectos secundarios de las prisas legislativas y del no fundamentar de manera sólida y técnicamente impecable la introducción de medidas y reformas.
Como en ejercicios anteriores, el plan de control de este año supone una oportunidad para volver a poner sobre la mesa una asignatura pendiente de la Hacienda Pública española: la necesidad de revisar, ordenar y simplificar los incentivos del sistema. Una operación de racionalización que no puede enfocarse desde una óptica meramente recaudatoria, sino desde una apuesta por avanzar hacia un modelo tributario técnicamente más simple, equitativo y eficiente, que estimule la actividad y ayude a la economía a crecer y a seguir creando empleo.
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