Pulso del Gobierno a BlackRock: tú llevas un as, pero yo reparto cartas
El Ejecutivo hará pasar al gigante de Larry Fink por el filtro del Consejo de Ministros para reorganizar su participación en Naturgy tras la compra de GIP
Moncloa no tiene dudas. Hay que marcar territorio. Una de las operaciones del año, la compra del fondo estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) por parte del gigante BlackRock, podría generar onerosas réplicas en la economía española y hay que contenerlas. La flamante adquisición, que crea un gigante internacional con activos valorados en 150.000 millones entre capital y deuda, atesora entre sus más preciadas posesiones un 20% de Naturgy, una empresa estratégica para España. Una razón suficiente para justificar que el trasvase de esa participación, de GIP a BlackRock, requiera de la autorización del Consejo de Ministros, en aplicación del famoso blindaje antiopas. Desde los fondos implicados, no obstante, no tienen tan claro que ese plácet sea imprescindible, en tanto el poseedor de las acciones –el fondo GIP III– no va a cambiar. Temen, eso sí, que el Gobierno apunte a la titularidad real, frente a la formal, para imponerles nuevas y gravosas condiciones, similares a las que en su día alumbró para los australianos de IFM, que también osaron tomar posiciones en la gasista a espaldas de Criteria, el ancla industrial de la compañía. Escuchando lo que, sotto voce, se confiesa desde la avenida Puerta de Hierro, no es una inquietud carente de sentido.
El fondo de la cuestión es que BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, liderada por el todopoderoso Larry Fink, roza ya un peso del 4% en el Ibex, con participaciones en el selectivo que suman 24.000 millones de euros. Un desempeño que le convierte en un jugador relevante en diferentes sectores clave de la economía. De hecho, más allá de Naturgy, en el sector energético la firma lleva buenas cartas en Iberdrola o Repsol. En el financiero, opera con Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell. Incluso en Telefónica, actualmente en el punto de mira de la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras la irrupción de la saudí STC, acumula una participación cercana al 5%. Con semejante mano, no es de extrañar que el Gobierno quiera hacerle pasar a Fink por la horca caudina del Consejo de Ministros, aunque solo sea para dejar claro quién reparte las cartas y que la empresa se comprometa con la transición energética o el mantenimiento del empleo.
“El tema es que no hay una venta a un tercero, sino que se trata de una reorganización de la participación en Naturgy. Los abogados de BlackRock están estudiando todas las casuísticas, y no solo de España, ya que necesitan diferentes tipos de autorizaciones en una treintena de países. El alcance de la española no está aún delimitado y no se ha presentado ninguna solicitud”, exponen fuentes conocedoras del proceso actualmente en marcha. Es fácil que la digestión de GIP por parte de su nuevo dueño se prolongue durante medio año. En ese impasse, no falta quien en el mercado señala la ausencia de un perfil institucional dentro de la gestora, una suerte de chairman español a lo Goiri con hilo directo con Moncloa, capaz de templar en estas situaciones. De hecho, el hombre en España de BlackRock, Luis Megías, es esencialmente un gestor, exconsejero delegado de BBVA Asset Management. Aunque el grupo parece conforme inicialmente con los dos actuales consejeros en Naturgy, Rajaram Rao y Lucy Chadwick, no se trata de perfiles de su prosapia, en tanto altos directivos de GIP.
Los intereses del Gobierno, de hecho, han jugado un papel decisivo en el punto muerto en que se encuentra la gasista. Primero fue la negativa explícita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a dar vuelo al denominado Proyecto Géminis, una suerte de escisión de la compañía entre actividades reguladas y no reguladas. La división abría la puerta a los fondos, GIP y también CVC, ambos con ciclo inversor vencido, a abandonar el capital con pingües plusvalías. El Gobierno no quería experimentos en una empresa capital en plena crisis ucraniana. Más recientemente, la propia Ribera también se posicionó en contra de un plan B que los fondos deslizaban entre bambalinas, véase una eventual opa de exclusión de Bolsa que allanara ese proceso de salida. Esta misma semana, la compañía era excluida por Morgan Stanley de varios de sus índices al situarse por debajo de los umbrales mínimos de free-float o liquidez de acciones en el mercado.
En ese escenario, el problema es que las autorizaciones administrativas a las inversiones extranjeras, entendibles en la defensa de los intereses generales e incluso en un entorno europeo donde la reciprocidad brilla por su ausencia, se ven contaminadas de forma permanente por un aquelarre de declaraciones públicas preventivas, interpretaciones de los designios del Ejecutivo y hasta por las consultas previas de las compañías a los próceres de Moncloa. Nadie quiere trabajar en balde. La irrupción del grupo húngaro Magyar Vagon en Talgo, que está por ver si culmina en una opa, ha estado precedida por el interés de otros grupos que ni siquiera iniciaron la aventura a la vista de las señales adversas. El aterrizaje de la saudí STC con el 10% Telefónica, casi cinco meses después de anunciarse, parece dormir el sueño de los justos sin que esté demasiado claro si hay una solicitud presentada para su aprobación o cómo piensa la SEPI conseguir los 2.000 millones necesarios para equipararse en el capital al nuevo player. La sensación es que el partido se juega a oscuras, sin luz y taquígrafos. “Hubiéramos preferido un bloque nacional con el 15%, en manos de Criteria, BBVA y la SEPI, y un 5% de los saudíes”, comenta bajo cuerda uno de los implicados en las conversaciones.
Como telón de fondo, el bloqueo de las compañías. ¿Es tan raro imaginar a la SEPI con un porcentaje de una compañía estratégica como Naturgy, vista la apuesta por Telefónica? ¿Dónde está el CEO que los fondos reclamaban en Naturgy, fracasado el primer intento con Gutiérrez-Orrantia? Han pasado ocho meses de aquel episodio. No parece que a los fondos les preocupara el buen gobierno, y sí incorporar a un ilustre banquero de Citi que les ayudara en su saga/fuga. Por el interés, te quiero Andrés.
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