La abultada factura de la confianza bancaria
El problema de las estafas telefónicas que suplantan la identidad de los bancos es que la ley obliga a la entidad a cubrir el roto, pero siempre que no haya negligencia del cliente
Las reuniones que mantiene el Gobierno con las compañías telefónicas y el sector financiero para buscar una solución a la creciente oleada de estafas a clientes bancarios –realizadas por vía telefónica o telemática mediante la suplantación de la entidad financiera o de sus representantes– pretenden atajar un problema que amenaza directamente la confianza que sustenta el negocio bancario. El Ministerio para la Transformación Digital ha sido el primero en tomar la iniciativa, mediante un plan que será sometido a consulta pública hasta el próximo 8 de marzo y que incluye, entre otras propuestas, el bloqueo de las llamadas fraudulentas, que habitualmente se hacen desde fuera de España, o la regulación de un rango de numeración para las llamadas comerciales.
El plan del departamento de José Luis Escrivá responde al crecimiento exponencial de estos delitos desde la segunda mitad de 2023. Un modelo de estafa que tiene la particularidad de dejar a la víctima en un estado total de indefensión financiera, ya que es difícil que el banco se haga cargo de la incidencia y cubra el dinero perdido, salvo si se trata de grandes patrimonios o de una cantidad desorbitada. La ley obliga a la banca a hacerse cargo de las operaciones no autorizadas, pero exige también que el cliente no haya actuado con negligencia, un extremo que se pone en duda en este tipo de estafas, porque es la propia víctima la que proporciona sus datos o contraseñas y pone el dinero en manos del falso representante del banco. A todo ello hay que sumar que el fraude no se puede atribuir a un error de la entidad o a una brecha en su seguridad. Aunque no existe todavía jurisprudencia sobre estos casos, el volumen de incidencias hace probable que se fije en un futuro próximo y que sea el Tribunal Supremo el encargado de delimitar negligencias y responsabilidades.
El plan que ha pertrechado el Gobierno recoge medidas que están poniéndose en práctica en otros países, como EE UU o Canadá, dada la ausencia de un estándar internacional que permita actuar de forma coordinada. Pero la amenaza que suponen los fraudes financieros para la seguridad y el buen funcionamiento del sistema bancario explican que Bruselas esté trabajando también en una normativa que obligue a las entidades financieras, y quizá a operadoras y empresas tecnológicas, a cubrir estas incidencias.
Si la propuesta sale adelante, la banca tendrá que asumir un coste añadido que, antes o después, repercutirá en el coste de sus servicios. De la eficacia a la hora de reducir el volumen estos delitos dependerá que esa factura sea asumible para el sector.
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