Presidencia española del Consejo de la UE: un catalizador para la digitalización en España
Dotar a las empresas de los mejores instrumentos para invertir en tecnología debería ser una prioridad pública más acuciante que seguir creando una maraña de legislación
El hecho de que España presidiera el Consejo de la Unión Europea ha motivado uno de los principales debates dentro del campo de la política interna española este 2023. El adelanto electoral puso en el foco el semestre europeo y evidenció la importancia internacional que este periodo representa para los países de la UE. Más allá de las dinámicas políticas nacionales, presidir el Consejo de la Unión Europea es una oportunidad para mostrar capacidad de liderazgo y un examen a las habilidades de negociación y de conocimiento comunitario de los países que ostentan esta responsabilidad. A lo que se suma la visión estratégica sobre el qué y el cómo un país traza sus prioridades.
España ha realizado de manera óptima una labor técnica y de negociación desde el Consejo, cerrando dosieres regulatorios complejos bajo su mandato y mostrando un gran liderazgo en políticas digitales y tecnológicas acorde al buen momento de nuestro país en este ámbito, como demuestra la creciente atracción de inversiones, nuestra oferta de servicios digitales, la consolidación de hubs de tecnología o el talento digital que disponemos.
A la ya mencionada importancia de este semestre para España, se sumaba un hecho adicional: ésta era la última presidencia completa antes de las próximas elecciones europeas de junio de 2024. Un semestre escoba que cierra los objetivos fijados en la estrategia de la UE de cada ciclo institucional. En los últimos cinco años, hemos vivido un nuevo liderazgo político de la UE completamente transformador. Ha habido más Europa, una Europa más política que ha definido dos factores para estructurar nuestro progreso económico y social: la digitalización y el medio ambiente. Particularmente, la economía digital ha sido un elemento central de las políticas de la UE a través del plan Década Digital definido por la Comisión Europea; un plan donde España ha adoptado una posición activa y protagonista en su diseño.
Desde nuestro trabajo institucional hemos reconocido en la labor de los equipos de la representación permanente de España ante la UE, parlamentarios europeos y representantes del Gobierno de España un altísimo nivel técnico en el conocimiento de la economía del dato, los contenidos digitales, la ciberseguridad o la IA. Lo que se ha traducido en un buen trabajo a la hora de desarrollar y negociar normas clave como el Data Act , el AI Act, el Cyber Resilience Act, el Media Freedom Act o el eIDAS. Asimismo, estas capacidades se han visto reflejadas en la definición de la autonomía estratégica abierta de la UE a través de la Declaración de Granada, para la que, con visión a largo plazo, la tecnología representa un ámbito crítico, como también en la promoción de la escalabilidad de las empresas digitales europeas o el desarrollo de una industria de tecnologías cuánticas.
No obstante, esta prolífica legislatura y su hiperactividad regulatoria presentan el reto de cómo su futura implementación afectará a la incorporación de tecnologías emergentes por nuestras empresas. En este contexto, mantenemos una posición crítica sobre la aproximación pública actual sobre estas tecnologías y urgimos a replantear el modelo de gobernanza que se viene siguiendo en Europa. Que las empresas dispongan de los mejores instrumentos para invertir en digitalización debería ser una prioridad pública más acuciante que seguir creando una maraña de legislación prescriptiva.
Necesitamos nuevos modelos de regulación que permitan gobernar a largo plazo la constante transformación de la tecnología y que consideren sus beneficios para la escalabilidad y competitividad en diversidad de sectores productivos. Para ello es fundamental que haya innovación pública a través de un diálogo y una gobernanza público-privada real y el desarrollo, al menos, de normas con metodologías de medición de su impacto ex-ante y ex-post. Todas estas necesidades pasan por los recursos y las personas que trabajan desde lo público. Por ello, si algo nos ha demostrado el trabajo de política pública de este semestre en nuestro país es que vamos por buen camino; especialmente porque, como se ha dicho, toda esta normativa debe ser transpuesta e incorporada en nuestro ordenamiento jurídico. De ello depende la mejora de nuestra productividad, que como es sabido está a la cola de otros países, y la transición a un modelo económico innovador y tecnológico, así como, por otro lado, lograr que la ejecución de los fondos europeos de recuperación destinados a digitalización sea más efectiva.
Además, la Presidencia española ha mostrado el importante papel que juega España para la digitalización europea. Un posicionamiento que debería ser aprovechado para aumentar progresivamente nuestra influencia y liderazgo en las instituciones europeas. Liderazgo que, por ejemplo, se ha reforzado con el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del BEI, institución que es y será determinante para promover la transición energética, la digitalización y escalabilidad de nuestros campeones tecnológicos, u otro hito, como es el contar al fin con el nuevo Ministerio de Transformación Digital que sitúa la tecnología en primera línea de la política económica del país y Europa.
Debemos tener presente el nivel de influencia que las grandes economías europeas tienen en Europa. Su capilaridad para llegar a múltiples espacios de decisión debería motivarnos a realizar un esfuerzo similar coordinado desde lo público y lo privado, tal y como viene analizando el Real Instituto Elcano en Bruselas. Y esa ambición adquiere una especial relevancia desde el punto de vista de las industrias digitales y tecnológicas, ya que España tiene los mimbres para liderar una economía digital europea más abierta, equilibrada en su regulación económica y sólidas relaciones multilaterales con otras regiones.
Toda esta reflexión sobre las fortalezas que han visibilizado la presidencia nos muestra un camino a seguir de enorme importancia para España y para el objetivo que venimos persiguiendo junto a nuestras empresas: el que nuestro país sea el hub digital de Europa.
Miguel Ferrer es SVP de Estrategia y Agenda Pública de Adigital
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