El paro juvenil, espejo fiel del mal desempeño educativo
El informe PISA lleva a España al abismo por la ruptura de la escuela nacional, el destierro de la autoridad profesoral y el desprecio del mérito
Cuesta comulgar con piedras de molino tales como la manoseada por los gobernantes de que tenemos la generación de jóvenes mejor formada de la historia, si cada informe sobre la calidad educativa comparada elaborado por la OCDE desciende a simas más profundas que el precedente. El de 2022, publicado hace una semana, confirma que España tiene ahora el peor desempeño educativo de lo que va de siglo, atrapado en una espiral descendente que no encuentra freno; desmiente la supuesta mejora del abandono escolar temprano; es coherente con una tasa de desempleo juvenil de cerca del 30% y la falta de formación para absorberla; y consolida lacerantes diferencias regionales en un ejemplo más, quizás es más peligroso, de la ruptura de la unidad de mercado.
Las autoridades nacionales se consuelan con excusas coyunturales como la pandemia de Covid de hace ya tres años, mientras las autonómicas que tienen en su mano las riendas de la educación echan mano de justificaciones tan peregrinas como la inmigración. En unos casos y en otros, el examen de conciencia pasa a mejor vida, camuflado en una supuesta pérdida de pulso de la calidad en los países del entorno, mientras la excelencia empieza a desplazarse definitivamente hacia los países asiáticos, causa innegable de que también el progreso económico les asistirá en el futuro.
Este desinterés por afrontar el problema número uno del país solo prolonga la nefasta consecuencia plasmada en el mercado de trabajo, como veremos más adelante. Pero darle la vuelta a las cifras no será posible si no se descubre la raíz del asunto para vivificar las políticas educativas, aunque algunas de sus quiebras no tengan ya solución posible.
A mi entender modesto, que sospecho es coincidente con el de muchos analistas y profesionales del entramado educativo y del mercado de trabajo, han llevado a la degradación formativa, la ruptura de la escuela nacional, el destierro de la autoridad profesoral en las aulas, el desprecio del mérito y del esfuerzo, la búsqueda enfermiza del igualitarismo, y la penetración, en absoluto pensada y de forma exclusiva, de herramientas tecnológicas en el proceso formativo.
De todos estos hechos no es responsable la sociedad, tras cuya sombra nos escondemos cuando nos cuesta identificar a los responsables: son los Gobiernos que han encadenado leyes sucesivas sin ser capaces de encontrar un punto de consenso que conservase lo que funcionaba bien, que han preferido el localismo al país, y que han primado las asignaturas de refuerzo ideológico sobre las de refuerzo de los conocimientos (matemáticas, ciencias y lenguaje).
La ruptura de la escuela nacional y la apuesta alternativa por las escuelas autonómicas fue una decisión constitucional de exigencia puntual de la que ha resultado la fractura de la educación nacional desde la edad infantil hasta la universitaria, a la que ahora pretenden ponérsele parches para evitar despropósitos como que existan selectividades de acceso a la universidad de primera, de segunda y también de tercera categoría. La regionalización de la escuela ha sido un estrepitoso fracaso que ha llevado a una fractura irresoluble del nivel de conocimientos de unas comunidades con otras, con unos diferenciales que no se producen en ningún país del mundo. En términos prácticos, supone que alumnos de Castilla y León o Cantabria obtienen a los quince años conocimientos de matemáticas, ciencias o comprensión lectora que los extremeños o andaluces solo lograrán cuando lleguen a los diecisiete. O que mientras los primeros pueden competir en conocimientos con los que mejor compiten en el mundo (los asiáticos), los segundos no podrán hacerlo nunca.
Las sucesivas normas educativas, pero especialmente las primeras constitucionales, en un intento de democratizar la relación en la escuela, repartieron la autoridad y el poder de decisión entre profesorado, alumnado y padres, de tal forma que los profesores, depositarios hasta entonces de la referencia en las aulas, perdieron el poder de prescripción consustancial a la docencia en el ejercicio de su trabajo. Los sindicatos de docentes, politizados como en cualquier otro gremio, dejaron malvender su autoridad sin ejercicio alguno de resistencia.
De la mano de la universalización de la educación llegó también la búsqueda del igualitarismo en las aulas, algo que solo es posible conseguir igualando por abajo, reduciendo paulatinamente el nivel, porque es más fácil exigir menos a quien puede dar más que exigir más a quien no puede darlo. Este ejercicio cristalizaba en el aprobado general y gratuito, en el arrastre mecánico de todos los estudiantes de un curso al siguiente hasta finalizar el ciclo formativo, y a una censura y destierro cuasi delictivo del esfuerzo y del mérito.
Finalmente, la incorporación, en muchos casos como herramienta exclusiva de la formación con la supresión de los libros, de dispositivos tecnológicos, se admite ya como una mala idea que hay que corregir, como pretende secuestrarse el teléfono móvil tras comprobar que en los últimos años ha sido este el que ha secuestrado a las flexibles mentes de los estudiantes en las edades más críticas de su formación.
La consecuencia repetida y reflejada en cada informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es que el deterioro formativo se intensifica, digan lo que digan los tan satisfactorios resultados de abandono escolar de los últimos años, que en todo caso ofrecen saldos en España (14%) que duplican los de la Unión Europea (9%), por mucho que se hayan reducido en ambos casos a la mitad desde 2008.
Uno de cada cuatro jóvenes menores de 24 años solo ha cursado la primera etapa de secundaria (el doble que en la UE), un colectivo en el que se alojan más de un millón de personas en desempleo, con una tasa de paro superior al 23%. En el siguiente escalón formativo (secundaria y formación profesional) se concentran 735.000 personas en desempleo, con una tasa del 13%, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Por último, con formación superior, aunque el colectivo en desempleo alcanza las 807.000 personas, en tasa relativa es solo el 7,5% de sus activos.
La inclinación hacia un desempeño paupérrimo del mercado de trabajo para los jóvenes es proporcional a la que revela PISA, con las contadas excepciones de las regiones que siempre han considerado sagrada la educación, y puede concluirse que el sistema educativo y formativo español no es el mejor ni siquiera para el mercado de trabajo nativo, que no tiene, ni mucho menos, una exigencia inalcanzable.
José Antonio Vega es periodista
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