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El Foco
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Los desafíos de la franquicia en España

El sector es un caso de éxito, pero es necesario revisar obstáculos, como el aumento de los costes de producción, las cargas fiscales y las administrativas

La industria de la franquicia en España es un caso de éxito en muchos sentidos. En primer lugar, como motor económico, ya que a finales de 2022 contaba con 26.929 millones de euros de facturación (un 2,9% más que antes de la pandemia) y 303.595 empleados (un 3,18% más que antes de la pandemia), pese al leve descenso (del 0,7%) del número de locales respecto de 2019, que arroja un total de 77.246 locales en funcionamiento a finales de 2022. Con todo, la franquicia representa aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) español, según el estudio La Franquicia en España. Informe 2023, elaborado por la Asociación Española de la Franquicia.

En segundo lugar, porque la franquicia contribuye de forma muy significativa a la modernización del sector de la distribución y restauración. No en vano, aproximadamente el 40% de los locales franquiciados se dedican a distribución (supermercados y moda principalmente) y el 40% a restauración.

En tercer lugar, y en mi opinión, mucho más importante, porque la franquicia permite a decenas de miles de pequeños empresarios competir de forma eficiente con grandes redes de distribución y de restauración que tienen cientos de locales en propiedad y con una capacidad financiera mucho mayor.

Si uno lo piensa bien, hay sectores en que directamente parece difícil abrir un pequeño negocio si no es al amparo de una franquicia o de otro mecanismo de comercio organizado. Pensemos, por ejemplo, en un pequeño supermercado. ¿Es posible competir con Mercadona fuera del paraguas de una marca como Caprabo, Eroski Dia o Condis que permiten obtener precios de compra competitivos?

La franquicia no solo permite obtener precios de compra de producto competitivos, sino también beneficiarse de una marca conocida, unos instrumentos de marketing y un conocimiento del negocio (y su adaptación a un mundo cada vez más volátil).

A cambio, el franquiciado debe abonar unos royalties o un sobreprecio en el coste de la mercancía (o un mix entre ambos) que financian la actividad del franquiciador.

En definitiva, los franquiciados son empresarios independientes, normalmente pymes, que sufren del mismo modo que cualquier pequeño empresario las dificultades derivadas del contexto económico y regulatorio, de forma que cuando el contexto no acompaña pueden verse abocados al colapso, como cualquier otro empresario.

Pese a los mensajes sobre el crecimiento del PIB, o incluso de lo que pueda parecer cuando uno se pasea y ve las terrazas de los bares llenas, a mi modesto modo de entender el contexto no es bueno.

Contra la percepción general de que “todo ha subido mucho” en la restauración, el incremento de los precios es muy inferior al incremento de los costes, ya que hay grandes operadores que mantienen una política de precios contenidos para ganar cuota de mercado. Lo mismo sucede en la distribución con los costes logísticos y de transporte.

Por mi experiencia, aunque no he encontrado análisis económicos sobre ello, los costes de las materias primas (reflejados en la inflación subyacente) se han incrementado mucho más que las cartas de los restaurantes organizados en redes de franquicia. Lo mismo sucede en el sector de moda o alimentación.

Según el informe del Banco de España, las tensiones inflacionistas se han hecho sentir desde la segunda mitad de 2021 y continuarán durante todo 2023 y parte de 2024. Estas tensiones son resultado del incremento de los costes de energía, principalmente el gas y el petróleo, cuyo precio probablemente volverá a subir en invierno por razones climatológicas. Además, el conflicto en Ucrania e Israel, el estrangulamiento de la cadena de suministro en Panamá y la crisis climática han agravado esta situación, ya que algunas materias primas (como el trigo, aceite, frutas y hortalizas) y el coste de transporte de productos textiles han sufrido fuertes incrementos.

Otro elemento que está afectando a las redes de franquicia es el incremento de la presión fiscal, que ha pasado del 35% al 42% en apenas dos años, principalmente por la negativa a deflactar las tarifas, detrayendo recursos de empresas y consumidores que se habrían dedicado a la inversión y el consumo.

Por si fuera poco, los márgenes de beneficios en las redes de franquicia se ven afectados por el aumento de los costes salariales, no solo por la subida del salario mínimo, sino por el incremento de las cotizaciones, combinado con los altos costes y la escasez de financiación.

Ante estas circunstancias, los franquiciadores tienen una ventaja significativa en comparación con los establecimientos no organizados por su capacidad de monitorear constantemente el sistema y tomar medidas ágiles, lo que les permite implementar sistemas de gestión más eficientes en todos los aspectos de la operación del negocio, desarrollar estrategias de marketing para mejorar las ventas y buscar proveedores más competitivos.

Por si ello fuera poco, el entorno regulatorio no ayuda. La complejidad normativa, la sobrerregulación, la existencia de numerosa regulación autonómica y local dificultan la apertura de establecimientos. En muchas ocasiones, la jungla normativa comporta que entre que se alquila un local y se abre al público, se necesiten varios meses para obtener licencia de apertura, a lo que se añade, sorprendentemente, los retrasos en obtener potencia eléctrica, ¡lo que puede tardar entre 4 y 14 semanas!

Este contexto podría ser claramente mejorable. ¿Qué hace falta? Crear una normativa básica sobre el principio de la auto responsabilidad del administrado con una revisión posterior por parte de la Administración. Reducir los impuestos a las empresas en sus primeros años de vida. Cambiar la normativa para que las empresas eléctricas que provean electricidad en unos plazos muy inferiores a los marcados por la actual normativa. En definitiva, fomentar el emprendimiento y escuchar a los operadores.

Jordi Ruiz de Villa/ Miguel Mejías son Socio/ Counsel de Litigios y Franquicias en Fieldfisher

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