Por qué Ribera impide a los fondos romper la hucha y forrarse en Naturgy
La creación de una nueva y reforzada CNE complicaría aún más la deseada operación salida de CVC y GIP, cuyas plusvalías latentes suman 3.000 millones
Asomaba el verano de 2005. Mientras el mundo contenía la respiración tras los atentados en el metro de Londres, que provocaron en julio más de medio centenar de fallecidos, el pequeño mundo de los negocios español se concentraba en procesos más triviales. De hecho, en aquellos funestos días, se cerraba una operación largamente esperada por el sector financiero: la compra por los fondos CVC y PAI-Permira de Cortefiel, el otrora gigante textil bajo el mando de la familia Hinojosa. Nada podía hacer pensar entonces que Javier de Jaime, el flamante y todopoderoso gurú del capital riesgo al frente de CVC, se mantendría en 2023, casi dos décadas después, empujando para sacarle rédito a la inversión en la firma. Por el camino, reestructuraciones de la compañía, intentos de salida a Bolsa, presuntas ventas fallidas a El Corte Inglés, pasos adelante en el capital... Los ciclos de los grandes fondos para invertir, obtener plusvalías y poner pies en polvorosa pueden ser cortos, en el entorno de los tres años, o más largos, pongamos siete. Enfangarse 20 años en una empresa como Cortefiel no es lo deseable. La enseñanza es cristalina y destila un poso de humildad. Estos vehículos, incluso los mejores, también pierden. O, al menos, no siempre ganan por goleada.
Salvando las distancias de una empresa en ruinas a otra que presume de resultados, la sensación de bloqueo para De Jaime puede ser muy similar en Naturgy, donde entró en 2018 y ya apunta a vivir una experiencia similar a la de El Ángel Exterminador. La reválida superada por Pedro Sánchez y la continuidad al frente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, además vicepresidenta del Gobierno, garantiza la pervivencia de unos mensajes rotundos que frenan cualquier plan de salida y que se desaten movimientos estridentes en el capital. La razón oficial es que el Ejecutivo considera Naturgy una compañía estratégica en plena guerra de Ucrania. Un argumento difícil de contestar. Por lo tanto, ni habrá proyecto Géminis -el plan diseñado por los gestores para escindir en dos la sociedad y facilitar la venta de los negocios no regulados- ni opa de exclusión de Bolsa. Caso cerrado.
La hucha que han acumulado en la gasista CVC -que entró de la mano de la familia March- y el otro gran fondo en en capital, el estadounidense GIP, que apostó por Naturgy incluso antes, en el año 2016, es de cuidado. Ambos grupos compraron con la acción a 19 euros y desembolsaron en torno a 3.800 millones por una participación ligeramente superior al 20%. Los títulos hoy cotizan por encima de los 27 euros y esas participaciones rondan los 5.300 millones, lo que implica una plusvalía latente -aún no materializada- de 1.500 millones en cada caso. Por el camino, los nuevos accionistas financieros, donde también figura más recientemente el australiano IFM, han convertido la firma en la fiesta del dividendo. Por ejemplo, el reparto de ganancias distribuido periódicamente entre los accionistas ha reportado a GIP, el más veterano de los accionistas entre los fondos, más de 1.800 millones de euros en estos años. Un dinero que ha volado a las sedes sociales de esos grandes conglomerados financieros, la mayoría radicadas en Luxemburgo y, en algún caso, hasta con ramificaciones societarias a las Islas Caimán. De hecho, solo CriteriaCaixa y su 26,7% permanecen como garantes del proyecto industrial de la antigua Gas Natural. Precisamente, desde ese manantial de fondos rumbo a bolsillos sin cara y rostro se entienden las cautelas de Ribera y su esfuerzo por poner coto a más movimientos disruptivos en la sociedad.
“No hay político que pueda soportar que un fondo australiano o con sede en Luxemburgo se levante plusvalías milmillonarias en Naturgy, con los recibos de la luz y el gas por las nubes y las familias sin poder llegar a final de mes o con dificultades para pagar sus hipotecas”, expone un banquero de larga trayectoria en España acostumbrado a lidiar con estos fondos. “Es muy sencillo. A veces toca esperar. Y hay que asumirlo con deportividad. El problema es que muchos están acostumbrados a ganar diez a cero, y en esta partida se va a ganar por cinco a uno. Saldrán cuando puedan, ahora no toca. La ministra lo único que hace es su trabajo”. El planteamiento de Ribera, además, se entiende bien desde la oleada proteccionista que recorre una Europa en busca del equilibrio entre la necesaria captación de inversión y la salvaguarda de una autonomía económica y financiera puesta en jaque por fondos soberanos -la irrupción de la saudí STC en Telefónica es el último ejemplo- o incluso por empresas engordadas al calor del capital público. España ya tiene experiencia en esos viajes. La estatal Enel desplegaba esta semana su plan estratégico, en el que se aseguraba que al menos otros 3.000 millones generados por Endesa tomarán el vuelo Madrid-Roma. Una vía por la que Enel ya ha superado ampliamente los 30.000 millones euros en retornos desde el año 2006, sin contar con los casi 14.000 millones que vale en Bolsa su participación del 70%. Inversión amortizada. Con el andar del tiempo, no está demasiado claro que Manuel Pizarro -por mucho que enarbolara la Constitución y los derechos de los minoritarios- jugara en favor de los intereses generales. En este contexto, y con esos fracasos grabados a fuego, el puño de hierro que exhibe el Gobierno socialista no carece de sentido.
Una nueva CNE
En ese esfuerzo de control, un nuevo elemento que hasta ahora había pasado inadvertido empieza a inquietar en las conversaciones entre bambalinas de los principales actores del sector eléctrico. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar incorpora en su página 16, dentro del abanico de propuestas energéticas, la creación de una Comisión Nacional de la Energía (CNE), como “organismo regulador especializado” y con capacidades “reforzadas” de inspección y cumplimiento de la normativa. Con la necesaria ambición, el movimiento, pactado a propuesta de la formación de Yolanda Díaz y que supondría desgajar y devaluar la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), podría implicar la creación de un superregulador, con una potencia fenomenal en la supervisión de las operaciones societarias que se planteen en el sector energético.
Las antiguas CNE y CMT -Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones- fueron laminadas por el PP en el año 2013, con el no confesado propósito de meter en cintura a unos organismos con presidentes poco sensibles a los intereses políticos que tocaban. Entre los atributos de aquella CNE se incluía su participación en la ambigua y después reformada función 14, que le daba vela a la hora de “autorizar las participaciones realizadas por sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas en cualquier entidad que realice actividades de naturaleza mercantil”. Un enunciado suficientemente difuso como para entrar en todo lo que convenía y dejar pasar lo que no. Esa función 14 se utilizó desde la CNE como una arma política para condicionar la opa de Endesa y la entrada de caballeros blancos desde el frustrado intento de la alemana E.On. También para atar en corto el apalancamiento financiero de las empresas, condicionado a un ratio del beneficio bruto de explotación para el negocio regulado.
Por ahora, hay dos sensibilidades enfrentadas. Desde la CNMC se rechaza sotto voce la propuesta de desguace, al entender que quienes formaran esa nueva CNE procederían del propio sector eléctrico y estarían más expuestos a la denominada “captura del regulador”, un fallo por el cual una agencia independiente actúa en favor de intereses concretos, en este caso de las eléctricas. Además, estima que la combinación de las atribuciones de regulación y competencia que actualmente posee concede mucha flexibilidad a los funcionarios para entrar en las compañías en el marco de una investigación. El racional de Sumar, por el contrario, pasa por la necesidad de apostar por un órgano profesional, fuerte, con recursos, y que se sobreponga a las taras de un órgano colegiado que sobrevuela todo, pero no profundiza en nada. La recuperación de una CNE de nuevo cuño, potenciada y con cualquier mecanismo similar a la función 14 en su acervo, introduciría más filtros a la compraventa de participaciones societarias y amenazaría una eventual operación salida de los fondos atrapados en Naturgy. La cuestión es relevante en vista de que uno de los supuestos aspirantes a recomprar la participación de GIP es la pública francesa Total.
Mientras el capital de la compañía se atora en estas cuitas, crece en el sector la inquietud por su horizonte estratégico. El regreso de Teresa Ribera, adalid de pasar de cero a cien en la descarbonización, no es la mejor noticia para una firma dedicada al gas, la materia prima llamada a cubrir esa travesía del desierto. A la hora de plantear una hipotética operación corporativa, empresas que no hace mucho ponían ojitos a una integración, hoy simplemente aseguran estar interesadas en “algunos activos renovables” de Naturgy. El fallido intento de nombrar consejero delegado a Ignacio Gutiérrez-Orrantia, peso pesado de Citi, solo escenificó las dificultades de gobernanza y aparcó la detonación. Tiempo al tiempo
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