Teresa Ribera: “La segregación de Naturgy no es conveniente en este momento”

Avisa que el plan Géminis puede comprometer la viabilidad de la gasista

Cuando Pedro Sánchez nombró a Teresa Ribera (Madrid, 1969) vicepresidenta, además de ministra de Transición Ecológica, puso negro sobre blanco que el asunto energético iba a ser clave en esta legislatura. La realidad –que en aquel enero de 2020 hubiese parecido propia de una película de ciencia ficción– lo ha hecho aún más importante. Tras la pandemia, cuando Bruselas hizo de la transición energética una clave de los fondos de recuperación, ha llegado la guerra en Ucrania. Y ha dejado al mercado energético europeo en la situación más crítica de la historia. Mientras, España trata de blindar su suministro de gas y la composición del capital de su primera gasista está a punto de saltar por los aires.

¿Qué es lo que más preocupa al Gobierno de Naturgy y la posibilidad de que los fondos de inversión vendan sus acciones?

No tengo particular preocupación porque salgan los fondos y entren inversores industriales. Al contrario, es un sector clave y que en los últimos 20 años ha permitido su crecimiento y su rápida modernización, pero ha ido perdiendo peso industrial y ganando peso financiero. Esto es de lo que estamos hablando, de servicios fundamentales para el bienestar de las personas y para la economía de cualquier país. Un mayor peso industrial es siempre bienvenido. Con respecto a Naturgy, lo que nos preocupa es que puede haber operaciones corporativas que pongan en riesgo los objetivos estratégicos que se había planteado la propia compañía y que aparecen reflejados en esas condiciones que el Gobierno impuso al fondo IFM. Son la reinversión y la contención en la distribución de beneficios. En un momento tan sensible en el contexto del gas, lo razonable es ser prudentes y velar por el interés general. Y, por tanto, estar muy encima de cualquier asunto que pueda suponer un cuestionamiento de todo eso.

¿Ve con buenos ojos el proyecto de segregación de la compañía en una empresa con los negocios regulados y otra con los liberalizados, el llamado proyecto Géminis?

Honestamente, creo que no es una operación que, en estos momentos, sea conveniente desde el punto de vista de la templanza, la estabilidad y las garantías para determinadas actividades reguladas, así como el aprovisionamiento en condiciones y precios razonables. Tampoco encaja con el cumplimiento de esos compromisos de reinversión y de distribución de beneficios.

¿Le preocupa que, como consecuencia de la operación, la compañía con los activos regulados quede sobreendeudada?

Nadie me ha comunicado que esto vaya a ser rápido. No es razonable, incluso, desde el punto de vista de la viabilidad de la compañía a medio plazo. Que haya un mandato a los accionistas más financieros con respecto a una expectativa de retorno lo puedo entender, pero ¿eso tiene sentido desde el punto de vista de la viabilidad de la compañía? Tengo serias dudas.

Pide más peso de inversores industriales en el capital. ¿Dentro de este perfil podría estar la petrolera francesa Total? ¿ve bien la entrada de esta compañía en Naturgy?

Esto no lo sé.

En cualquier caso, lo importante desde su punto de vista son los compromisos por mantener las inversiones en el proceso de transición energética, ¿no?

Claro. Y sobre esto, que está en el corazón de las condiciones que le pusimos a IFM, se superpone algo que no existía cuando apareció IFM en el radar. Estamos ante la crisis del gas natural más importante desde que ha sido relevante en nuestros sistemas energéticos. Y Naturgy es la compañía más importante para garantizar el abastecimiento de gas natural a este país. Es razonable que el Gobierno se posicione con extraordinaria cautela ante cualquier operación que pueda poner en riesgo los dos asuntos, la transformación del sistema energético y el aprovisionamiento de gas.

Su relación con las empresas del sector ha tenido altibajos...

No. Ha sido estupenda. No les ha gustado algún tema.

En el nuevo impuesto a las energéticas el Gobierno ha decidido gravar la facturación, ¿no habría tenido más sentido gravar directamente los beneficios extraordinarios?

Es un debate en el que es importante que se respete el criterio técnico de Hacienda. La reflexión de Hacienda es cómo hacer aflorar lo que pueda ser diferencial con respecto al incremento de los beneficios, en un contexto como este. La comprensión ha ido creciendo por parte de las propias empresas afectadas. Es más un aspecto fiscal que un aspecto energético.

Resulta difícil entender las quejas viendo la cifra de beneficios.

Los mensajes están claros y ha habido un contexto de incremento importante de volumen de negocio y de ingresos y beneficios. Para ellas también son tiempos turbulentos, hasta el punto de que una de las cuestiones que se plantean a nivel europeo es cómo cambiar el régimen de garantías cuando participan en los mercados. Es verdad que también han tenido turbulencias en este año. A pesar del incremento de las cifras de beneficios, no debe haber sido fácil desde el punto de vista de la gestión, pero me parece que es indubitado, sobre todo en el caso del gas y el petróleo. Una cosa es el precio al que venden y otra, el precio al que compran. Y es ahí donde tenemos que concentrar nuestra atención.

Con los precios de las compañías bajos y varias empresas estratégicas opables, ¿tendría sentido apostar por la creación de un campeón nacional, como podría ser la fusión entre Repsol y Naturgy?

Esto son reflexiones filosóficas y la verdad es que la agenda estratégica de este momento es suficientemente densa.

¿Van a ser capaces España y Alemania de convencer a Francia de construir el gasoducto Midcat si la UE financia la obra?

No es solo un problema de dinero. Tiene otras dificultades. Para nosotros es capital reivindicar el cumplimiento de las obligaciones europeas de conexión. El presidente Emmanuel Macron puede tener razón cuando recela de invertir en un activo con una vida útil muy limitada. Sin embargo, no es eso lo que estamos proponiendo. Es anticipar una inversión para transportar también hidrógeno a partir de 2030. Es verdad que es un momento muy sensible para Francia, en el que su opinión pública está descubriendo las dificultades de su sistema energético en la parte nuclear. Debemos tener comprensión y entenderla.

¿El Gobierno baraja acelerar el calendario de las subastas de renovables para impulsar la transición verde?

Las subastas tienen dos grandes virtudes. La primera es que dan estabilidad a una inversión. Y la segunda es que dan estabilidad sobre cómo va entrando en el sistema esa electricidad renovable. Esto nos ayuda a que la industria de bienes de equipo de renovables se pueda planificar. Por eso, somos poco partidarios de cambiar los calendarios. Y nuestra intención es mantenerlo según lo establecido hasta 2025. Hemos advertido que hay consumidores de gran capacidad que empiezan a tener gran interés en firmar PPA (acuerdos) directos. Las subastas son importantes y hay que mantenerlas, pero vemos que están produciéndose ya operaciones al margen del mercado organizado.

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