La estrategia europea de descarbonización en el mundo
Hay 50 naciones que han adoptado mercados domésticos de carbono similares al europeo y otros 23 que lo están considerando, entre ellos China, Brasil o India
La próxima COP28 de diciembre va a servir, por primera vez, para hacer un balance del progreso de los países hacia las metas climáticas fijadas en el Acuerdo de París. Numerosos informes científicos han puesto de manifiesto la insuficiencia de dicho progreso y urgen a acelerar drásticamente el ritmo de la descarbonización.
Es de esperar que la declaración final de esta cumbre climática incluya unas recomendaciones específicas de mejoras para que el objetivo de no sobrepasar los 1,5 grados en este siglo no quede completamente fuera de alcance. La COP28 debería ser también una ocasión para contrastar la eficacia de las diferentes estrategias de descarbonización que se están siguiendo en el mundo.
A este respecto, la UE ha reforzado recientemente su régimen de derechos de emisión (RCDE). Se trata de un sistema que pone un precio al carbono y aumenta, con ello, los costes de las industrias más intensivas en carbono en sus procesos de producción. Concretamente, la UE fija una cuota máxima de emisión de CO2 por sector económico y, en función de ella, concede a los productores unos permisos para emitir. Permisos que son intercambiables entre sí en el marco de un mercado de dimensión europea. El precio carbono es determinado en cada momento por la oferta y la demanda que exista de los permisos en circulación. Así, las empresas que emiten menos pueden obtener importantes ingresos vendiendo su excedente a aquellas que emiten más. Estas, por el contrario, serán penalizadas con un coste adicional por cada unidad extra de CO2 producida. EL RCDE crea, de esta manera, un eficiente incentivo en favor de las corporaciones que apuestan por nuevas tecnologías bajas en carbono.
En abril de 2023 se aprobó un endurecimiento del RCDE para alinearlo con la renovada ambición europea ante la emergencia climática (paquete Objetivo 55). Primeramente, la reforma extiende el RCDE a sectores hasta ahora exentos, pero con gran capacidad de generar emisiones, como el transporte marítimo, la edificación y el transporte por carretera. En segundo lugar, la reforma comporta una disminución de las cuotas máximas de emisión por sector, así como del número de derechos de emisión en circulación. Esto va a conducir a que los precios del carbono se mantengan en niveles más altos, intensificándose con ello el citado incentivo para contaminar menos.
Con el fin de que este aumento del precio del CO2 no suponga una desventaja competitiva para los productores europeos o provoque una deslocalización éstos hacia países con legislaciones más laxas (fuga del carbono), la reforma de abril introduce el nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera al Carbono (MAFC). Su función principal va a ser igualar el precio del carbono que pagan por bienes equiparables los productores europeos y aquéllos de Estados terceros.
En particular, los importadores que no hayan pagado en sus países de origen un precio del CO2 igual al de los productores europeos se verán obligados, antes de entrar en el mercado único, a abonar un arancel que funcionará a modo de ajuste fiscal.
El MAFC no desafía las normas de la OMC relativas a la discriminación comercial, ya que en ningún caso pretende cobrar a los productores extracomunitarios un precio del CO2 superior al que pagan las empresas europeas en virtud del RCDE que se les aplica.
Por el contrario, la UE, consciente de que por mucho que aumente su ambición no va a poder por sí sola alcanzar las metas climáticas globales, aspira a que el MAFC se convierta en un fuerte revulsivo para sus socios comerciales. La idea es que estos, para hacerse inmunes a la aplicación del MAFC, decidan también elevar el ritmo de su descarbonización, en coherencia con los compromisos del Acuerdo de París. En este sentido, ya hay 50 naciones que han adoptado mercados domésticos de carbono similares al europeo y otros veintitrés que están considerando hacerlo, entre ellos China, Brasil o India. La próxima COP28 debería ser un buen momento para valorar la posibilidad de ir conformando “clubes del carbono” con el mayor número de países posible. De esta forma, aquellos que se queden fuera irán sintiendo cada vez una mayor presión para adoptar estándares climáticos más elevados, ante la perspectiva de que sus empresas sean penalizadas en los mercados globales con instrumentos similares al MAFC.
Por otro lado, el FMI, en su emblemático informe Fiscal Monitor (octubre 2023), considera que los gravámenes al carbono, u otras formas indirectas de poner un precio al CO2, deben ser una fuente de financiación fundamental para alcanzar la economía cero-neta. También reconoce el papel de los subsidios y otros incentivos en los paquetes climáticos que cada país vaya adoptando, aunque tales ayudas deberán estar coordinadas internacionalmente para evitar “distorsiones indeseadas al comercio”. El FMI asimismo advierte de que apoyarse solo en medidas de gasto no es la receta más adecuada en un contexto de elevados niveles de deuda pública y de altos tipos de interés, máxime cuando se prevé que la transición verde va a suponer un aumento significativo de la primera en los próximos años.
De ahí la ventaja que suponen los sistemas de tarificación al carbono, como el preconizado por la UE. Desde 2005, esta ha obtenido unos ingresos de 142.000 millones de euros gracias a la subasta de derechos de emisión. Ingresos que provienen de lo que pagan los contaminadores por su contaminación, algo que parece coherente con los principios que deben inspirar la principal transformación a afrontar por la comunidad internacional en los próximos años.
José Luis Escario es consultor en temas de fiscalidad verde
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