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Opa hostil
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Sánchez tiene un arma en la ‘operación retorno’ a Cataluña (y no es el BOE)

El acuerdo de PSOE y Junts hace saltar las alarmas en las empresas, que temen que se vincule por la ley la sede social a la operativa o la plantilla

Pedro Sanchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede de la Delegación del Gobierno, en Barcelona.Pool Moncloa/Fernando Calvo (Pool Moncloa/EFE)

Carles Puigdemont proclamó -y suspendió- la independencia de Cataluña el 10 de octubre de 2017. Tres días antes, el día 7, el Boletín Oficial del Estado publicaba un real decreto ley clave, que permitía a las empresas catalanas cambiar su domicilio social sin contar con la aprobación de las juntas de accionistas. El movimiento oficializó la estampida de los grandes grupos empresariales, una fuga en muchos casos ya decidida tras el 1-0. CaixaBank se ubicó en Valencia, la Fundación en Palma, Sabadell en Alicante, Naturgy o Agbar en Madrid... El argumento en todos los casos era similar, esto es, la necesidad de “salvaguardar la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de la actividad”, como exponía la entidad que entonces presidía Jordi Gual. Los consejos en que se tomaron esas decisiones, relatados tiempo después por sus protagonistas en petit comité, fueron durísimos y no faltó quien, tras la inevitable luz verde final, habló de haber asistido a un auténtico “desgarro”, a una quiebra emocional solo comparable a la dimensión histórica de la medida. De hecho, la herida nunca llegó a suturarse.

A partir de la consulta, muchos altos ejecutivos catalanes que, antes del 1 de octubre y durante años, vaticinaron el choque de trenes en privado sin atreverse a pronunciarse en público, siguieron -también entre bambalinas- defendiendo lo que sus empresas no podían siquiera sugerir en las presentaciones de resultados o conferencias con analistas. “Claro que volver a Cataluña esta sobre la mesa”, aseguraba el pasado mes de marzo, ya en 2023 y entre nigiri y nigiri, un conspicuo banquero. “Nos encantaría a todos, pero no se dan las condiciones. No es posible, sobre todo, por sentido de la responsabilidad. Además, están por resolver las inquietudes que existían en su día en términos de seguridad jurídica”, se contextualizaba entonces desde alguna de las empresas afectadas, ciñendo esos comentarios furtivos al ámbito del deseo. También era muy socorrido señalar a Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, que en el ejercicio de sus históricos buenos oficios como ‘lobista’ estaría haciendo circular la especie por Madrid.

Medio año después de aquel episodio, el 9 de noviembre, las musas se convertían en teatro. PSOE y Junts firmaban el acuerdo que certificaba la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el documento exponía la voluntad de abordar “los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”. Un párrafo suficiente como para encender las alarmas en la aristocracia empresarial catalana. Con un principal temor, véase si podría utilizarse el BOE para forzar un regreso, tal y como se implementó en 2017 para allanar la partida. Entre las fórmulas posibles que manejan se encuentra la introducción de modificaciones legislativas para vincular por ley de la sede social a la operativa o al enclave donde la firma cuenta con un mayor porcentaje de plantilla. El diario La Vanguardia avanzaba incluso, tras la publicación del pacto, que Junts habría planteado ir más allá de la redacción final y contemplar medidas coercitivas para las compañías que tuvieran sus sedes sociales en autonomías donde no radicaran sus centros de producción o decisión.

Otras fuentes corporativas catalanas, sin embargo, inciden en que existen mecanismos más eficaces, menos procelosos y, sobre todo, con menor coste político, para apuntalar el objetivo de manera más natural. No en vano, el Estado -y en consecuencia el Ejecutivo de turno- dispone de un 16% en el capital de CaixaBank a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ese porcentaje no solo se ha hecho notar en las juntas de accionistas, donde no siempre se han apoyado las retribuciones de la cúpula, sino que también concede al Estado presencia en el consejo de administración. Sumado al 30% que atesora la Fundación La Caixa que preside Isidro Fainé, una propuesta que contara con el plácet de ambos accionistas tendría prácticamente garantizada su aprobación. Aunque en este momento del proceso parece un long shot, una negociación discreta que facilitara el retorno de CaixaBank, según se cubran etapas del acuerdo político, generaría un efecto llamada imbatible sobre el resto de empresas y pondría el sello de garantía al esfuerzo de normalización. También, dicho sea de paso, reforzaría el relato político -y electoral- de los firmantes de los pactos.

El caso de los bancos, en todo caso, requiere tiento. Si algo visibilizó los riesgos de la declaración de independencia fue la rápida reacción de las entidades financieras, golpeadas por la amenaza de salida del euro y la fuga de depósitos. Aunque cualquier movimiento necesitaría validación del Banco Central Europea (BCE), no estamos un lustro después ante un territorio inexplorado. La experiencia en la aplicación del artículo 155 y la determinación de las empresas deja claro al supervisor la limitada importancia de la sede social ante cualquier veleidad unilateral futura. De hecho, la ubicación de la sede entronca a menudo con cuestiones simbólicas o emocionales, alejadas de los factores netamente económicos.

Fondos en el accionariado de compañías estratégicas se han movilizado en estos días para poner el termómetro a la situación política y el impacto en sus inversiones. Paradójicamente, no preocupa ni la amnistía ni una posible vuelta de las empresas a Cataluña, al punto de que el Ibex ayer tocaba máximos desde febrero de 2020 y la prima de riesgo llegó a bajar de 100 puntos básicos. Según expone uno de ellos, bajo condición del anonimato, sí quita el sueño una legislatura “que puede no ser corta, pero seguro que es inestable y que, en vista del enfrentamiento abierto del Gobierno con el poder judicial, estará marcada por la litigiosidad”. También la polarización y la falta de cohesión social. Hay demasiados Tucker Carlson con millones de seguidores en redes y potencial desestabilizador. Casa mal con los negocios. En Cataluña y más allá de sus fronteras.

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