La vuelta a la ortodoxia en la regulación de los mercados eléctricos
La Presidencia española ha logrado que se apruebe un texto que no satisface a todos, pero que supone un paso adelante hacia un mercado único de la energía
El 23 de enero de 2023, la Comisión Europea abrió un periodo de consulta pública sobre el diseño del mercado eléctrico. Esta consulta propició un debate en el que se pudieron analizar todo tipo de propuestas, entre ellas, las que defendían tesis contrarias al mercado marginalista y postulados con mayores competencias para los Estados miembros en la adopción de medidas de intervención en el mercado. Este debate sobre los modelos de mercado se ha producido en un momento delicado: las consecuencias de la Guerra de Ucrania y la adopción de medidas extraordinarias para evitar precios altos de la electricidad, tanto por la Unión Europea, como por España, podían dar cabida a modelos de mercado rupturistas con el riesgo de alterar las señales de precio y de una fragmentación de mercados como consecuencia de las posibles intervenciones estatales. Y, en efecto, el debate ha sido intenso. En el mes de marzo de 2023, se conoció la propuesta legislativa de la Comisión y apostaba por la continuidad del mercado vigente, apoyando el desarrollo y eliminación de barreras para los denominados PPA (contratos bilaterales a plazo entre privados) y regulaba los CFD (contratos por diferencias) voluntarios para nuevas inversiones.
Con un periodo de gestación de nueve meses desde la apertura de la consulta pública, el Consejo de Ministros de Energía y Clima de 17 de octubre ha llegado a un acuerdo (con una sola abstención, la de Hungría) por el que se confirma, en esencia, el texto aprobado por la Comisión y el Parlamento Europeo. El proceso ha sido corto, quizá innecesariamente de corto, porque la reforma de una pieza angular, como es el mercado, no debería hacerse por medio de un procedimiento urgente. A falta del trílogo (entre Comisión, Consejo y Parlamento), es un éxito para la Presidencia española haber logrado la aprobación tras la habitual negociación en la que, como siempre, Francia y Alemania han tenido un papel protagonista. El texto aprobado por el Consejo no deja satisfecho a todos, pero desde luego vuelve a los postulados más ortodoxos en la regulación de los mercados, permite profundizar en la contratación bilateral y regula los CFD para nuevas inversiones.
En concreto, en lo que respecta a la contratación bilateral, la propuesta legislativa introduce medidas específicas para que los Estados miembros creen condiciones de mercado adecuadas para el desarrollo de PPA a largo plazo, eliminando las barreras y procedimientos desproporcionados que impiden actualmente asegurar la previsibilidad de los precios. Además, la propuesta prevé que los estados miembros deberán asegurar la existencia de instrumentos para reducir los riesgos financieros de estos contratos y garantizar su accesibilidad a clientes que actualmente experimentan barreras de entrada en el mercado, mediante medidas como los sistemas de garantías respaldados por el Estado o la agregación de la demanda. Estas medidas son pioneras en la regulación a escala europea de los PPA y permitirían asegurar el adecuado desarrollo de estos contratos en el marco de la libertad de contratación de los agentes en el escenario energético.
Por otro lado, esta propuesta legislativa dispone que los CFD sean la forma regular y ordinaria para articular los sistemas de ayudas directas a los precios mediante inversiones financiadas con fondos públicos, en nuestro caso con fondos del sistema eléctrico. Este modelo de contratación, que tiene como contraparte al sistema eléctrico, resultaría de aplicación a las inversiones en nuevas instalaciones de producción, si bien los Estados miembros podrán decidir además su aplicación a nuevas inversiones para repotenciar, aumentar la capacidad y prolongar la vida útil de instalaciones existentes. Especialmente para estas nuevas inversiones, este nuevo modelo de articulación de los sistemas de ayudas públicas permitiría ahondar en la previsibilidad y la protección a la seguridad jurídica de los agentes que participan en estos esquemas.
No obstante, creo que el aspecto más relevante es que la propuesta legislativa es un paso adelante para fortalecer un mercado europeo de la energía. Al limitar las intervenciones estatales en el mercado y al atribuir a la Comisión esta función de intervención en casos y con consecuencias limitadas, se está contribuyendo a evitar la fragmentación de los mercados y se propicia la homogeneización regulatoria, que es imprescindible para que podamos seguir caminando hacia un mercado energético único.
Acelerar la transición energética es la respuesta firme que ha dado Europa a las crisis de precios y a la Guerra de Ucrania (y a lo que pueda venir…). La mayor ambición en la apuesta por las renovables ahora se ve acompañada por un diseño de mercado que indudablemente fortalece institucionalmente a Europa y que debería dar unas señales de precio adecuadas para toda la inversión que debe desplegarse. El siguiente eslabón en la cadena deberían ser las redes. No hay posibilidad de transición energética sin electrificación y no hay posibilidad de electrificación sin un desarrollo adecuado de redes que sean capaces de dar servicio a las nuevas necesidades de la demanda y de absorber toda la nueva inversión que ha de venir de las renovables.
Fernando Calancha es socio responsable de Energía y Regulatorio en Hogan Lovells
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