Consecuencias no deseadas y plazos utópicos amenazan la agricultura verde de la UE
Los objetivos del Pacto Verde son positivos, pero su hoja de ruta puede provocar una caída de la producción del 10%-15% para el conjunto de Europa
En diciembre de 2019, en un contexto económico y geopolítico muy distinto del actual, la Comisión Europea lanzó el Pacto Verde, adoptando un serio compromiso para mitigar el cambio climático y hacer un uso más sostenible de los recursos naturales. La estrategia de la granja a la mesa (From Farm to Fork o F2F) forma parte del mismo y plantea objetivos ambiciosos para el conjunto de la cadena alimentaria europea, ya que no solo pretende reducir su huella ambiental y climática, sino garantizar la seguridad alimentaria, promover dietas más saludables y menos exigentes en el uso de recursos primarios, evitar el despilfarro de alimentos, y preservar la biodiversidad del mundo rural europeo.
La F2F no se limita a una declaración de principios, sino que marca objetivos cuantitativos en un horizonte 2030. Se pretende reducir en un 50% el uso actual de pesticidas químicos, favorecer los métodos integrados de control de plagas y reducir, al menos, en un 20% el uso de fertilizantes. Se aspira asimismo a que las ventas de productos antibióticos para el ganado y la acuicultura disminuyan en un 50%, y a que la superficie de agricultura orgánica pase del 7,5% actual al 25%. La estrategia para la biodiversidad añade que al menos un 10% de la tierra de uso agrario debe mantener paisajes de elevada diversidad que permitan la existencia de animales silvestres, agentes polinizadores y predadores naturales de las plagas.
La deseabilidad de las metas planteadas no ofrece dudas, pero sí la viabilidad de lograrlas en los plazos planteados. Diversos estudios, incluso desde el Joint Research Center de la propia Unión Europea, han coincidido en el probable impacto negativo sobre los rendimientos por unidad de superficie de los objetivos anteriores, con consecuencias también negativas sobre la producción y sobre el saldo comercial agroalimentario positivo que en la actualidad mantiene la Unión Europea con el resto del mundo. La caída de la producción podría situarse en torno al 10%-15% para el conjunto de la Unión Europea, según algunas fuentes, no solo por una menor aplicación de fertilizantes inorgánicos y pesticidas, sino también por la brecha en rendimientos que actualmente separa la agricultura orgánica de la convencional. El ritmo de transformación de superficie convencional a orgánica debería además ser excepcionalmente rápido, a la vista de la experiencia reciente, para que esta última alcanzara en 2030 la importancia deseada. Los estudios efectuados apuntan también a un efecto de alza de precios, que se añadiría al derivado de la guerra de Ucrania y de la sequía.
Conseguir paliar las externalidades negativas del modelo agrícola en vigor, sin mermar la productividad ni los ingresos de los agricultores, no solo requiere el apoyo financiero de la Política Agraria Común, sino la transición a un modelo de intensificación sostenible que evite recurrir a la expansión de la superficie de uso agrario en Europa, reduciendo los espacios naturales, o a inducir vía importaciones la deforestación en terceros países.
La intensificación sostenible es una tarea difícil que pasa por la generación, absorción y aprovechamiento de información detallada sobre las necesidades del cultivo en cada explotación, y por la adquisición de conocimiento técnico no convencional por parte de los agricultores. Todo lo cual requiere una gran tecnificación de nuevo tipo de la agricultura europea: adopción de procedimientos de lucha integrada contra plagas, rotación de cultivos y laboreo mínimo (agricultura de conservación), y, por supuesto, la aplicación de una agricultura de precisión apoyada en el uso de los avances de la inteligencia artificial y el big data para mejorar la dosificación del abonado y de otros tratamientos y permitir el ahorro de recursos hídricos. Pero también forma parte de esa tecnificación el aprovechamiento de las nuevas técnicas de ingeniería genética del siglo XXI (edición genómica) para desarrollar y comercializar plantas con mayor capacidad de resistencia a la sequía y a las plagas, más tolerantes a los herbicidas, o que incorporen nuevas características que permitan la obtención de productos más deseables para los consumidores al ser más saludables o de mejor sabor.
La productividad total de los factores (PTF) es desde hace décadas el principal motor de crecimiento de la agricultura europea y ahora se trata de reforzar su contribución, lo cual no solo implica facilitar la difusión y adopción de nuevas tecnologías, sino un mayor esfuerzo en I+D. La inversión en I+D ha sido desde mediados del siglo pasado el principal determinante a largo plazo de los avances en productividad agrícola a escala mundial, pero el gasto público europeo en I+D dirigida a la agricultura se ha ralentizado en la última década. Conviene tener presente que este esfuerzo es fundamental, especialmente, si se tiene en cuenta el largo desfase temporal entre la investigación conducente a una innovación tecnológica en agricultura y su plena aplicación.
Pero existen condicionantes estructurales de importancia todavía mayor para que el Pacto Verde y la F2F alcancen sus objetivos: hoy en día en la Unión Europea por cada agricultor de menos de 40 años hay tres de más de 65, y muchos de ellos no tienen sucesor. A ello se une que, a pesar del proceso continuado de concentración de la tierra, siguen operando muchas explotaciones de reducida dimensión cuyos titulares son frecuentemente agricultores a tiempo parcial. Estos rasgos estructurales dificultan la implementación de la F2F ya que contribuyen a mantener por inercia las prácticas tradicionales, y en consecuencia no es suficiente con que la PAC aporte financiación para estimular la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles. También es fundamental desarrollar una labor de concienciación entre todos los agentes de la cadena alimentaria, ampliar la cooperación público-privada en el asesoramiento a los agricultores y extender los grupos operativos que con cofinanciación europea trabajan actualmente en proyectos de innovación agraria con un enfoque interactivo. También desarrollar fórmulas de trabajo en común que permitan a las pequeñas explotaciones alcanzar la escala adecuada para la incorporación de técnicas y procedimientos distintos de los habituales. Esperemos que el desarrollo legislativo de la F2F tenga plenamente en cuenta estos aspectos.
Ernest Reig es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y Profesor Investigador en el Ivie
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