Plan Moves, un mal necesario para impulsar el coche eléctrico en España
La próxima edición debería agilizar la burocracia y avanzar hacia un modelo como el de Noruega, que eximió del IVA dos años la compra de los vehículos
La movilidad eléctrica sostenible continúa siendo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo español. Nos encontramos ante un contexto de importante cambio social, donde la sostenibilidad y la preocupación por el cuidado del medioambiente están a la orden del día. Resulta crucial y evidente la necesidad de impulsar un modelo de movilidad eléctrica que logre paliar y eliminar la emisión de gases de efecto invernadero que producen los vehículos de combustión para lograr cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno en el Pniec (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) para 2030.
Como solución inmediata y cortoplacista se implementó el Plan Moves, con el objetivo de contribuir y acelerar la transición hacia una movilidad eléctrica. El plan ha proporcionado subvenciones para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de carga y otras medidas destinadas a fomentar la transición hacia una movilidad más sostenible. Ha supuesto un paso positivo en la promoción de la movilidad eléctrica, pero no podemos pasar por alto las carencias y errores que contiene.
El problema estrella del Plan Moves III es la poca agilidad que ofrece en la tramitación de las ayudas. A diario, los profesionales del sector recibimos las quejas de los usuarios que intentan acogerse a los beneficios del plan para adquirir un nuevo vehículo. Todos ellos se encuentran con una interminable burocracia, que parece dificultar más que ayudar en la compra. Las ayudas tardan hasta dos años en ser tramitadas; lo cual no tiene lógica teniendo en cuenta que el Plan Moves III nace con el objetivo de acelerar la transición al vehículo eléctrico, no de entorpecer. La demora a la hora de recibir las ayudas económicas es un hándicap que provoca que muchos usuarios descarten la compra del vehículo eléctrico, porque el Plan Moves III no logra romper la barrera económica.
A este problema se le añade la disparidad de gestión entre las comunidades autónomas. El efecto de estas discrepancias genera confusión entre los ciudadanos, además de desigualdad e injusticias. No solo se ven perjudicados los usuarios; sino que las incoherencias afectan también a las diferentes administraciones públicas, en su eficacia y en el servicio que proporcionan a la sociedad.
Otra de las quejas más sonadas entre los usuarios es la obligatoriedad de declarar en el IRPF la cuantía recibida a raíz de esta ayuda. Este hecho genera que muchos conductores no perciban la ayuda como beneficiosa, sino como una trampa; ya que a pesar de que estas ayudas son a fondo perdido (es decir, sin necesidad de ser devueltas en un futuro), son consideradas una ganancia patrimonial a efectos legales.
Actualmente, el sector del motor se encuentra profundamente preocupado por el futuro del Plan Moves III. Ante la falta de Gobierno y la tendencia fiscal austera de la Unión Europea, el futuro es incierto. El actual plan comenzó en 2021, con una dotación económica disponible para ayudas de 400 millones y ha sido ampliado hasta en dos ocasiones, con lo que asciende a un total de 800 millones en ayudas. No obstante, el plan estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año 2023.
Es obvio que su ampliación no es una prioridad del Gobierno en funciones. La falta de un Gobierno sólido que establezca las prioridades oportunas no hace si no dificultar la transición hacia una movilidad 100% eléctrica libre de emisiones. A pesar de que sería posible una ampliación con un Ejecutivo en funciones, los plazos para ello supondrían una enorme barrera para la electromovilidad.
La incertidumbre política, junto con la burocracia y las barreras mencionadas anteriormente, ya ha causado estragos para la movilidad eléctrica. Como evidencia de esto, las matriculaciones de motos eléctricas en canal particular han experimentado una preocupante caída del 32,82% en lo que va de año.
Para lograr cumplir las exigencias climáticas, la Administración Pública debe establecer unos objetivos claros y asumibles y poner todos sus esfuerzos en su cumplimiento. Hay ciertos requisitos que el próximo Plan Moves debe abordar para apostar por una verdadera y efectiva aceleración de la electromovilidad. El modelo noruego es un claro ejemplo de cómo impulsar la compra del vehículo eléctrico. El Gobierno de Noruega interrumpió el IVA de estos vehículos durante dos años consecutivos. De esta forma, el 50% de las nuevas matriculaciones que se produjeron fueron de vehículos eléctricos. Se trata de una medida muy efectiva que permite al usuario un ahorro económico importante.
Pero no solo debemos prestar atención a la barrera económica. El proceso burocrático tiene que ser simplificado. El 66% de los españoles que planean adquirir un vehículo desean que este sea eléctrico; según datos del Mobility Consumer Index de EY. Esta predisposición debe ser reforzada con una legislación clara y unos procesos sencillos y accesibles.
Necesitamos un ambicioso plan que permita al Plan Moves dejar de ser un mal necesario para ser un bien deseado. Las empresas estamos dispuestas a colaborar con las administraciones públicas para ayudar a establecer los procesos necesarios. Sabemos de primera mano la opinión, motivaciones y desmotivaciones de los usuarios; y por ello seguimos trabajando a diario para ponérselo más fácil.
Emilio Froján es CEO y cofundador de Velca
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