Gobiernos en funciones, una ventana para operaciones de riesgo
Arabia Saudí aprovecha la interinidad del Ejecutivo de Sánchez para colar su empresa de telecomunicaciones como primer accionista de Telefónica
![STC](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/UIYSIWHH647K4FTTTCQKFVGCUA.jpg?auth=bbf5e3e117013fa2de3aeaa0f81fd5515982c350b5d8d40919b71196f80f30f9&width=414)
Una inversión de miles de millones de euros en una empresa extranjera con una cuota de mercado enorme en un sector estratégico es una decisión compleja, en la que se analizan todos los ángulos: financieros, fiscales, legales, políticos, reputacionales, etc. Por eso, el inversor suele contratar una legión de asesores, entre bancos de inversión, despachos de abogados, agencias de comunicación y de lobby, que, junto con los equipos internos del comprador, escudriñan cualquier riesgo.
La incursión de Saudí Telecom Company (STC) en Telefónica es uno de estos casos, y esa pléyade de asesores del Reino de Arabia Saudí pintó un cronograma en el que se decía que ahora era el mejor momento para anunciar su entrada en la operadora española. Aflorar una participación del 4,9% y anunciar su intención de llegar al 9,9%, para convertirse en el mayor accionista de la que seguramente es la empresa más estratégica de España, es, sin duda, una operación de alto riesgo, donde los 2.000 millones de coste son irrelevantes. Son calderilla para el comprador y a Telefónica no le entra ni un euro, puesto que la operación se hace en el mercado, no con una ampliación de capital.
¿Por qué ahora? España está gobernada por un ejecutivo en funciones, un timing ideal, que ofrece una ventana de oportunidad, más con las incertidumbres que hay sobre si va a continuar o si a mediados de enero se repiten las elecciones. La Ley de Gobierno, en el artículo 21.3, señala que un ejecutivo en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. Esta norma, que es de finales de 1997, ha sido completada con jurisprudencia posterior, en la que se viene a decir que no se pueden tomar decisiones que comprometan al gobierno siguiente, aunque la “urgencia” y el “interés general” puedan dar mucho de sí.
¿Qué pretenden los saudíes? Según el comunicado oficial de STC, se trataría de una inversión a largo plazo, en la que apuestan por el equipo y la estrategia actual de la operadora española y “no tenemos intención de adquirir el control o una participación mayoritaria.” Suena a amigable, como si la operación la hubieran cuajado con José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, pero hay algo que no cuadra. La argumentación tiene la misma música que cuando cualquier fondo soberano invierte en empresas cotizadas europeas. Es lo que diría Qatar Investment Authority si le preguntan para qué quiere ser el primer accionista de Iberdrola, con un 8,7%.
Sin embargo, en este caso los saudíes no han utilizado su fondo soberano, que lo tienen y es, precisamente, el principal accionista de STC, sino que es esta compañía de telecomunicaciones la que tiene en su balance las acciones de Telefónica. Por tanto, en la letra dicen que se trata de una inversión financiera, pero la música suena a inversión industrial, por eso alojan las acciones en el balance de la operadora árabe, lo que apuntaría a que los saudíes buscarán desarrollar estrategias conjuntas con la española y eso es ir mucho más allá.
Al tiempo, hay razones para dudar. Basta ver lo que hicieron sus vecinos de Emirates Telecommunications Group. Como bien recordaba Santiago Millán en este periódico, esta compañía compró un 10% de Vodafone y dijo lo mismo que ahora STC. Después fue ampliando su participación, metió a su CEO en el consejo y terminó por empujar a la calle al CEO de Vodafone. Es un precedente ilustrativo.
¿Es estratégica para España Telefónica? Es difícil encontrar a alguien que piense que da igual quién controle a la empresa de telecomunicaciones señera de este país, que el año que viene cumple 100 años. Pero si se seguimos buscando argumentos por comparación, miremos lo qué han hecho países de referencia de nuestro entorno, como Francia y Alemania, cuyos estados siguen siendo el principal accionista de Orange (antigua France Telecom) y Deutsche Telekom.
Estas compañías tienen un valor estratégico enorme, ya que soportan las infraestructuras de telecomunicaciones del país, que en un mundo digital es tanto como decir que son la garantía de funcionamiento de una economía, de la vida. Además, la seguridad nacional está comprometida en el manejo de estas redes, que son muy atractivas para los ciberdelincuentes, para los estados con prácticas autoritarias y para la desinformación.
Por si fuera poco, ahí está la vinculación histórica entre las telecos y los medios de comunicación. En el gobierno de José María Aznar (1996-2004), Telefónica se convirtió en un emporio de medios de comunicación afín al poder, con Vía Digital, Antena 3 TV y Onda Cero. Eran los tiempos de Juan Villalonga al frente de la operadora, que en febrero de 2000 firmó una alianza con BBVA. El poderío mediático que sumaban la teleco y el banco era enorme y asustó a todos los partidos políticos, incluido el PP. Meses después caía Villalonga, que era sustituido por César Alierta, quien liquidó la alianza y vendió los medios. Vía Digital se integró en Sogecable (Prisa) y la tele y la radio, al Grupo Planeta. Sin embargo, con la crisis de 2010, Telefónica retorna a los medios. En 2015, se hizo con el control total de la plataforma de televisión Movistar + y, un año antes, había entrado en el capital de Prisa, propietario de este periódico, mediante el canje de unos bonos convertibles en acciones suscritos en 2012. En mayo del año pasado, ya con Álvarez-Pallete, Telefónica vendió el 7% a un grupo de empresarios españoles (Alconaba) y dijo que mantenía un 2%.
La falta de ahorro público y privado ha llevado a que empresas públicas españolas hayan acabado en manos sorprendentes, como es el caso de Endesa, hoy controlada por el Gobierno de Italia. Para aquellos que tienen dudas sobre el valor de las empresas que fueron antiguos monopolios estatales, como Repsol, Endesa, Iberia y la propia Telefónica, que cierren los ojos y piensen cómo sería la invasión de Ucrania con Rusia como propietario de la compañía de telecomunicaciones de ese país. Cuidado con dejar todo en manos del mercado, amigo.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información
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