Los opioides destapan adicciones insanas a la quiebra
El proceso de insolvencia de EE UU alivia injustamente a los dueños y los ejecutivos y perjudica a los reclamantes
Dos grandes casos relacionados con los opioides sugieren que el proceso de quiebra en EE UU los está aliviando injustamente a algunos mientras inflige dolor innecesario a otros.
El primero se refiere a Mallinckrodt Pharmaceuticals, que podría estar abocada a la insolvencia por segunda vez. Entre 2006 y 2014, fabricó unos 30.000 millones de comprimidos de opioides. Cuando los estados de EE UU, los gobiernos tribales de los nativos americanos y miles de localidades empezaron a demandar a todos los implicados en la cadena de suministro del adictivo medicamento, desde Johnson & Johnson a CVS Health, los acreedores decidieron que sería mejor resucitar a la farmacéutica que venderla por partes. Salió del Capítulo 11 –de quiebras– en junio de 2022, acordando pagar a los demandantes unos 1.700 millones de dólares en ocho años y garantías equivalentes a una participación del 20% de la empresa, al tiempo que protegía a los ejecutivos, incluido el ex-CEO Mark Trudeau, de la responsabilidad legal.
Más notoriamente, como se relata en múltiples medios de comunicación, libros y series de TV, la empresa Purdue Pharma se convirtió en líder del mercado de opioides. Su intento de salir de la quiebra se ha visto frenado en múltiples ocasiones, la última el día 10 por el Tribunal Supremo de EE UU. Este accedió a que el Departamento de Justicia presentara sus alegaciones contra los intentos de conceder protecciones a los miembros de la familia Sackler, dueña de la empresa. Como resultado, los 6.000 millones que van a aportar a un acuerdo extrajudicial quedan en suspenso.
Estas salvaguardias legales en gran medida injustificadas, y las reestructuraciones infracapitalizadas no se limitan al comercio de opioides, pero sería útil que la atención que están recibiendo ahora ayudara a erradicarlas. 16 grandes empresas de EE UU se han declarado en quiebra por segunda vez este año, según el instituto de investigación BankruptcyData. La cifra sitúa el Capítulo 22, como se conoce informalmente a repetir el 11, en su ritmo más alto desde 2019 y en la carrera para ser el mayor en más de dos décadas. El proceso es caro y pasa factura a inversores, empleados y muchos otros.
Cuando Mallinckrodt salió de la quiebra, tenía unos 3.000 millones en su balance. Aunque un tribunal de Delaware aprobó el plan, dejó a los demandantes de los opioides como acreedores subordinados de una empresa que seguía teniendo problemas evidentes.
Además del descenso de las ventas de los analgésicos y del aumento de los litigios sobre ellos, los medicamentos de marca de Mallinckrodt estaban erosionándose antes de que la empresa se hundiera. Cinco de ellos representaban casi todos los ingresos de su rentable división Specialty Brands; cuatro estaban sufriendo un descenso de las ventas.
El mayor de ellos, Acthar, para las convulsiones infantiles, se enfrentó a acusaciones gubernamentales de sobornos ilegales y a la oposición de las aseguradoras a promocionar el fármaco para enfermedades contra las que no funcionaba. Además, la empresa cobraba casi 40.000 dólares por vial, frente a 50 cuando se introdujo, hace casi 70 años. Mallinckrodt acordó un acuerdo por 260 millones en 2022, y los ingresos trimestrales de Acthar han caído un 70% desde 2019.
Mallinckrodt ha perdido dinero cada trimestre desde que salió de la bancarrota. Dada la madurez de su negocio, y la debilidad del flujo de efectivo, la compañía dijo el día 9 que está en conversaciones con las partes interesadas sobre sus obligaciones de reestructuración o sobre declararse en quiebra.
Es un buen ejemplo de las deficiencias y abusos que merecen mayor atención, como permitir más liquidaciones y adoptar una visión más conservadora de la cantidad de efectivo que se puede exprimir de una empresa insolvente. La dirección de Mallinckrodt proyectó unos 650 millones de ebitda el año pasado y dijo que había un camino claro hacia la estabilidad. Ahora se dice que el beneficio podría ser este año tan bajo como 510 millones. Los demandantes de los opioides probablemente acabarán perdiendo la mayor parte de lo acordado. Y los acreedores principales, como el fondo de cobertura Silver Point Capital, también tendrán que depreciar sus inversiones.
La inmunidad legal ofrecida a los ejecutivos, que no tienen que declararse ellos mismos en quiebra, también desacredita el proceso. Atar a los demandantes, y otros posibles futuros, que no han aceptado tales disposiciones, les priva injustamente de sus derechos legales. Según Reuters, este tipo de exenciones se conceden en nueve de cada diez casos importantes del Capítulo 11. La sentencia del Supremo en el caso Purdue podría convertirse en una decisión histórica. De no ser así, corresponderá a las autoridades poner fin a tan malsana adicción a la quiebra.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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