Las aristas de la deuda autonómica y los retos del modelo
Con voluntad, las cifras sobre la mesa y lealtad institucional, es buen momento para dar una vuelta de tuerca al sistema y a sus deficiencias
La subida de los tipos de interés, de cero a 4,25% en apenas un año, no solo tiene implicaciones para las familias a la hora de afrontar, por ejemplo, el pago de sus hipotecas. Según un informe de Fedea hecho público el lunes, las comunidades autónomas tendrán que soportar en los próximos años una carga importante derivada del servicio de la deuda, que pasará de 3.608 millones de euros en 2022 a 8.659 en 2026. Una brecha superior a 5.000 millones que, de acuerdo con el documento, “obligaría a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas, circunstancia poco óptima y menos deseable”. No en vano, el tipo medio de la deuda pública se situaba en el 1,1% el año pasado y ascendería al 2,7% en el próximo trienio, más del doble.
La evolución de los guarismos obliga a la prudencia presupuestaria y, como bien subraya el análisis, a diseñar sin prisa, pero sin pausa una estrategia de medio plazo que sirva para embridar las cuentas autonómicas. Por ejemplo, no parece razonable ahondar en políticas de reducción de impuestos, como promueven comunidades como la madrileña, cuando el peso de la deuda amenaza con incrementarse en semejante magnitud. Tampoco en alentar el gasto con fines poco claros, a menudo electoralistas, cuando los balances alientan procesos de consolidación fiscal.
En términos globales, el agujero regional se situará al final del periodo en 325.540 millones, 8.645 millones más que en 2022. Una cuantía que en su mayor parte las autonomías adeudan al Estado, fruto de los programas de financiación puestos en marcha por el Gobierno del PP durante la crisis financiera que sucedió a la caída de Lehman Brothers en el verano de 2008 y que cerró el acceso a los mercados de las comunidades. Se trata de una cuantía lo suficientemente relevante como empujar la reforma de la financiación autonómica, bloqueada desde hace más de una década y más allá de intereses puntuales para la formación de gobierno.
No es casualidad que el independentismo catalán deslice la necesidad de abordar la condonación de esa deuda, de la que 84.327 millones corresponden a Cataluña. En este punto, cabe recordar que la financiación autonómica es un juego de vasos comunicantes, y que lo que unos ganan, otros lo pierden. No caben, pues, negociaciones ad hoc. Con voluntad, las cifras sobre la mesa y lealtad institucional, es buen momento para dar una vuelta de tuerca al modelo y a sus deficiencias. En ese noble esfuerzo, empero, no deberían tener cabida los jugadores de ventaja.
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