Factura electrónica y Verifactu: ¿qué deben conocer las empresas?
Es algo necesario, que nos equipara a otros países europeos, y en su aplicación será crucial la colaboración público-privada
El avance de la tecnología ha propiciado cambios normativos que aseguren la transparencia. Bajo esta premisa, en 2014, los reguladores de la UE pusieron en marcha una directiva que impulsaba la facturación electrónica en el marco de la contratación pública. Y, desde 2015, las empresas que tienen relación con las Administraciones Públicas de los países miembros de la UE están obligadas a recibir y procesar facturas electrónicamente cuando su importe sea superior a 5.000 euros.
Desde la pandemia, se ha acelerado el desarrollo de propuestas legislativas para promover la digitalización, así como luchar contra la morosidad y el fraude fiscal. Este ritmo ha hecho que hasta ahora el tejido empresarial español anotara dos fechas clave en sus calendarios: septiembre de 2023 y abril de 2024 para aquellas compañías y/o autónomos cuya facturación sea superior a 8 millones de euros; o abril y septiembre de 2025 para el resto de las empresas y/o autónomos. Aunque, dependiendo de la formación de Gobierno, puede que estas fechas cambien próximamente.
Estamos ante dos plazos diferentes porque son dos leyes distintas. Por un lado, la Ley Crea y Crece; por otro, la Ley Antifraude. Ambas comparten un objetivo común: reducir el fraude fiscal y potenciar la digitalización.
Más allá de las facilidades para la creación y financiación de empresas que recoge la Ley Crea y Crece, esta obliga a facturar electrónicamente entre las empresas privadas. Es decir, habrá que despedirse de las facturas en Word, Excel, etc.; y comenzar a trabajar con un software de facturación homologado. A priori, y aun con ligero desconocimiento sobre su desarrollo reglamentario, es una iniciativa que impulsa la digitalización de la contabilidad de las empresas.
Ahora bien, incentivar un proceso de transformación tecnológica no es sostenible si no se garantiza un entorno de confianza para la economía del dato, sobre todo en lo referente a la protección de datos, la transparencia y la ciberseguridad.
Así, por un lado, tenemos la Ley Crea y Crece y por otro, la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida como Ley Antifraude (transposición de una directiva europea), la cual establece una serie de requisitos que debe cumplir el software de facturación de las empresas y que ha cobrado el nombre de sistema VeriFactu. Gracias a esta normativa, se crea un marco de seguridad en el intercambio de facturas a través de plataformas de software. De este modo, obtendremos un proceso de facturación único y las Administraciones podrán asegurarse de que los datos que se presentan son reales.
Hay que tener en cuenta que la evasión fiscal es un grave problema a nivel mundial. La Fiscalía europea abrió en 2022 investigaciones en España por fraude fiscal que ascendieron a los 170 millones de euros; un tercio era en relación con el IVA. Dejando a un lado el hecho de que todo lo no recaudado representa una pérdida económica para todos los contribuyentes, algunos pueden pensar que si la conducta ilícita solo afecta al bolsillo de las administraciones tributarias, es un mal menor en el día a día empresarial, más aún en un escenario de inflación adverso. Sin embargo, otro tema que contempla esta ley es la morosidad, que es una cuestión crítica para las pequeñas empresas: algunos cálculos apuntan que el 10% de las pymes podrían cerrar a causa de ella.
Con este contexto, parece bastante lógico que se imponga la adopción de una serie de herramientas para combatir los comportamientos fraudulentos asociados a las nuevas tecnologías. Un ejemplo es Verifactu, un Sistema (software) de Emisión de Facturas Verificables, que establece una comunicación directa con los organismos públicos.
Sin profundizar en la parte más técnica, VeriFactu pretende garantizar la accesibilidad y conservación de las facturas –que serán compartidas automáticamente con la administración correspondiente–, y la integridad y trazabilidad de sus datos. Cualquier paso hacia un mejor control de la información es una batalla ganada contra el fraude. Sin embargo, la gran incógnita actual es si, en la práctica, las disposiciones de la Ley Antifraude nos acercan a unificar criterios y solventar el tan peculiar mercado que es España en cuanto a fiscalidad.
Perspectivas y retos pendientes
La evolución natural es buscar una solución interoperable, que nos permita trabajar fácilmente desde distintos sistemas, con independencia de quién lo haya configurado. Solo así podremos facilitar a todo el espectro de las empresas su trabajo conforme a lo que dicta el proyecto de ley: asegurar la transparencia y un mayor grado de madurez digital.
En España, el País Vasco ha sido el alumno aventajado con la entrada en vigor de TicketBAI, el sistema homólogo a VeriFactu para las Haciendas Forales de la comunidad. La experiencia con TicketBAI ha evidenciado varias cuestiones importantes, como que es imprescindible la estandarización de procesos en cuanto a su implantación y aplicación en las distintas comunidades autónomas, o que hay que contar con una infraestructura –software, hardware y formación a los implicados– que asegure la correcta aplicación de la norma en la totalidad de las pymes y autónomos, independientemente de su nivel de digitalización o su capacidad de acceso a la tecnología.
En resumen, el 95% del tejido empresarial español no se puede permitir seguir invirtiendo el 80% de su tiempo en tareas administrativas. Tampoco es admisible que 1 de cada 10 empresas se puedan ver abocadas a cerrar a causa de la morosidad.
Por tanto, debe verse la instauración de la factura electrónica y de Verifactu, como algo necesario, que nos equipara a otros países europeos, y para ello será crucial, una vez más, la colaboración público-privada.
Luis Cadillón es director de la unidad de negocio SMB & CPA de Cegid en España
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