Una presidencia empañada por las elecciones
En un mundo ideal, los dos partidos con opciones de liderar el futuro Gobierno pactarían una posición común en los asuntos críticos
España lleva desde 2015 inmersa en una campaña electoral permanente. En ocho años se habrán celebrado cinco convocatorias de elecciones generales (con dos repeticiones mediante) y 12 autonómicas y municipales. Salvo el bienio 2017-2018, sin citas con las urnas, y 2020 (solo hubo unas elecciones catalanas) ha habido al menos dos procesos electorales al año. Pese a todo, el país ha seguido funcionando, con gobiernos centrales y autonómicos de distinto color, al margen de la polarización, dibujando de paso un contraste entre situación política y económica y social abrumador.
En ocasiones, no obstante, la política sí ha condicionado la adopción de medidas económicas, y la presidencia española de la Unión Europea es un ejemplo. La rápida convocatoria de elecciones generales por parte del Gobierno socialista tras la victoria popular en los comicios autonómicos ha hecho coincidir la presidencia europea el inicio de la campaña electoral, cuyo desenlace es, como corresponde, incierto. La presidencia de turno de la Unión Europea no es una posición honorífica. El país que ostenta la presidencia, y en mayor medida cuando se trata de uno de los países de mayor tamaño del bloque, es el encargado de configurar la agenda legislativa europea, algo que todos los Ejecutivos hacen en función tanto de sus propias prioridades como de los asuntos pendientes de tratar y de la situación internacional. La presidencia sueca ha estado marcada por la situación en Ucrania y la crisis energética, pero Estocolmo ha impulsado, en paralelo, la agenda digital. Igualmente, la presidencia europea aumenta la visibilidad exterior del país, una visibilidad que puede tener, también, su componente económico.
Ambos componentes, agenda y protagonismo exterior, quedan diluidos si el Gobierno que la ejerce es, según la terminología anglosajona, un lame duck (pato cojo en inglés), expresión que se usa cuando un político está en la fase final de su mandato y su capacidad para dictar políticas que tengan continuidad es cercana a cero. En un mundo ideal, los dos partidos con opciones de liderar el futuro Gobierno pactarían una posición común en los asuntos críticos. No está el terreno abonado para este tipo de pactos. Quizá bastaría con no dañar la confianza de los agentes económicos a golpe de peleas insustanciales, o con sacar del enfrentamiento político aquellas cuestiones donde existen puntos de coincidencia. Que, como demuestra el giro popular sobre la reforma laboral, son más de las que el dramatismo televisado sugiere al sufrido espectador.
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